Una vez más Francia está siendo escenario de actos de violencia callejera masiva y desmesurada. La violencia ha llegado a tal irracionalidad que algunos vándalos destruyen imágenes religiosas y se hacen filmar simulando violaciones sexuales a la Virgen María.
Al propio tiempo y por la misma causa, las personas y familias francesas pacíficas y trabajadoras, lo mismo que los agentes del orden público que tratan de garantizar la seguridad ciudadana, son víctimas de ataques criminales de grupos delincuenciales y políticos extremistas, que se suman a las protestas pacíficas para desatar la violencia, agredir, destruir y saquear.
Las protestas sociales que muchas veces degeneran en violencia y delincuencia callejera son frecuentes en Francia. Del mismo modo, los miembros de las fuerzas de seguridad pública defienden el derecho de protesta social, pero igual que los ciudadanos civiles —o incluso peor— ellos también son víctimas de la agresión de los grupos delincuenciales y extremistas políticos.
Esta vez, o mejor dicho otra vez, desde principios del corriente mes de octubre Francia está sufriendo una oleada de protestas y disturbios callejeros, que tienen su causa objetiva en una crisis social agravada por el desmedido aumento del costo de la vida, el deterioro de los servicios públicos y el empobrecimiento de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Pero Francia es un país democrático en el que se hace uso de la fuerza solo por la necesidad de controlar y sofocar los disturbios callejeros, pero de manera razonable como manda la ley. No como una acción criminal que es como una dictadura terrorista, igual que la de Nicaragua, manejan y “resuelven” los conflictos sociopolíticos.
Según las informaciones, los disturbios ocurridos el recién pasado domingo en varias ciudades francesas, han sido los peores desde que comenzó con octubre la actual ola de protestas.
Durante los disturbios de este domingo más de mil policías franceses resultaron heridos, fueron destruidos numerosos edificios, incluyendo uno de gran valor histórico, decenas de vehículos resultaron quemados y saqueados muchos establecimientos comerciales. Sin embargo, no se reportó la muerte de ni un solo manifestante.
Cabe recordar que en Nicaragua, en abril de 2018 las protestas estudiantiles y sociales comenzaron pacíficamente, sin incendios ni agresiones a la policía. No obstante, ya al segundo día las fuerzas represivas comenzaron a disparar a matar contra los manifestantes. Fue cuando iniciaron el cumplimiento de la orden enviada “desde arriba”, de que debían “ir con todo” contra los manifestantes desarmados.
Para el 22 de abril ya eran más de 20 los asesinados, la mayoría estudiantes y algunos menores de edad. Al final de la primera semana de protestas los muertos ya eran 42, de acuerdo con los informes de los organismos de derechos humanos. Luego llegarían a más de 350.
Además, las protestas estudiantiles y sociales de abril y meses siguientes de 2018 en Nicaragua fueron reprimidas con el encarcelamiento de centenares de personas, torturas de toda clase, incluyendo violaciones sexuales. La dictadura reprimió las protestas sociales y políticas perpetrando incluso crímenes de lesa humanidad. Así lo documentó el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en Nicaragua (GHREN), el cual ha demandado que los culpables sean investigados, juzgados y condenados por la justicia internacional.
Es inevitable que en general el ejercicio del derecho social de protesta pública entre en tensión o conflicto con otros derechos ciudadanos, como los de seguridad personal y pública, libre tránsito, la protección de la propiedad y los negocios, etc.
En una democracia como la francesa. se garantiza el derecho de protesta pública. Y se castiga solo las acciones criminales, asegurando el derecho al debido proceso de los incriminados.
Pero en una dictadura como la nicaragüense se dispara criminalmente contra los manifestantes, se encarcela y tortura masivamente. Y para impedir que haya más protestas se impone un estado policial de terror que quienes lo practican, y sus defensores externos, lo justifican alegando que actúan en ejercicio de la soberanía y el derecho a la autodeterminación nacional.
