La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo estará bajo el escrutinio de ocho cancilleres, cuatro viceministros, 17 representantes permanentes y tres representantes alternos del hemisferio en la trigésima primera reunión de cancilleres convocada para este viernes, según información oficial de la Organización de Estados Americanos (OEA) actualizada hasta el 1 de octubre.
El 19 de agosto, el Consejo Permanente del organismo regional aprobó la reunión bajo el liderazgo de Estados Unidos y el respaldo de otros 28 países en respuesta a la decisión de Ortega de eliminar las elecciones competitivas en Nicaragua. Así pretenden perpetuar su dictadura totalitaria, que cumplió 19 años en enero. La reunión de los cancilleres tiene hoy un sabor a ultimátum.
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La condena mundial estuvo acompañada de una demanda cada vez mayor de tomar medidas colectivas contra la postura de Ortega y Murillo, cuya maquinaria legislativa aprobó el 1 de septiembre reformas constitucionales para impedir la participación en futuros procesos electorales de quienes ellos consideran «traidores a la patria».
La sesión ministerial está prevista a comenzar a las 9 de la mañana hora de Nicaragua. De un total de 33 países miembros, los cancilleres acreditados hasta el momento son Juan Manuel Navarro (Argentina), Carlos Ramiro Martínez (Guatemala), Raina Forbin (Haití), Kamina Johnson Smith (Jamaica), Rubén Ramírez Lezcano (Paraguay), Alfonso Carlos Espá y Garcés-Alvear (Perú), Víctor O. Bisonó Haza (República Dominicana) y Alva Baptiste (Santa Lucía).
Landau representará a Estados Unidos
Estados Unidos, Costa Rica, Canadá y Chile participarán con sus viceministros Christopher Landau, Adriana Bolaños Argueta, Hona Fortier y Patricio Torres, respectivamente. A finales de junio, Landau criticó con firmeza a la dictadura de Ortega en la 56 Asamblea General del Organismo, realizada en Panamá, donde exigió libertades para los nicaragüenses y pidió cero tolerancia para los regímenes totalitarios en el hemisferio.
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Además de eliminar la competencia electoral y perpetuarse en el poder, el régimen de Ortega y Murillo ha sido denunciado por un sistemático abuso de derechos humanos a sus ciudadanos, entre ellos la perpetración de delitos de lesa humanidad. De hecho, el jueves 1 de octubre, el grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos—responsables de la documentación minuciosa de estos abusos— demandaron acciones para restablecer el respeto los derechos fundamentales.
El agravamiento de la crisis de Nicaragua suma ya ocho años desde las protestas que fueron reprimidas con brutalidad por la dictadura. En ese contexto, según la CIDH, fueron asesinadas 355 personas entre 18 abril de 2018 y 31 julio de 2019. La investigación de los expertos de Naciones Unidas ha denunciado también otros graves abusos como la privación de nacionalidad, confiscaciones, la persecución extraterritorial a opositores, el desvío de fondos públicos para financiar la represión y la participación de una red represiva integrada por 54 funcionarios, entre ellos Ortega y Murillo.
17 representantes permanentes de la OEA
Según la lista de la OEA, en la reunión participarán además 17 representantes permanentes y dos alternos. Los permanentes serían: Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Brasil, Colombia, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Honduras, México, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Suriname y Uruguay. Los representantes alternos son los de Trinidad y Tobago, Guyana y Bolivia.
Venezuela, al mando de la presidenta encargada Delcy Rodríguez luego de la captura de Nicolás Maduro en enero, solo aparece en la lista sin que se mencione a ningún representante. En septiembre, el secretario general de la OEA, Albert Randim, instó a Rodríguez a nombrar un representante permanente. La designación no se ha concretado hasta ahora.
Ocho países copatrocinadores del proyecto de resolución
Al cierre de la edición de esta nota, el proyecto de resolución sobre el tema de Nicaragua es copatrocinado por ocho países: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay, Perú y República Dominicana. Según el registro de la OEA, ha tenido al menos seis revisiones, en que las distintas delegaciones han tenido la posibilidad de dar sus aportes.
Según la documentación, Brasil bajo el liderazgo del izquierdista Lula Da Silva ha intentado evitar de que el régimen de Nicaragua sea considerado «una amenaza a la seguridad y la paz en el hemisferio». La delegación brasileña fue la única que se opuso a la convocatoria de cancilleres en agosto e incluso su embajador llegó a decir que «no querían que ninguna medicina mate al paciente» en referencia a este punto de la decisión colectiva con la que se declaró en desacuerdo.
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De acuerdo con una nota publicada por CNN Brasil, el gobierno de Lula teme que el texto sea utilizado para justificar acciones coercitivas ilegales contra Nicaragua. El mandatario brasileño se encuentra inmerso en una campaña electoral y se juega la reelección este 4 de octubre, intentando proyectarse como líder de la izquierda regional en un momento de expansión de la doctrina Monroe, aplicada por la Administración Trump para alejar a potencias hemisféricas como Rusia, Irán y China, las tres aliadas de Ortega y Murillo.
Por su parte, Costa Rica considera necesario que se haga una referencia expresa en la resolución a la minería ilegal y a las actividades de delincuencia organizada transnacional vinculadas a ella, así como los efectos extraterritoriales sobre el medioambiente y la seguridad pública de los Estados vecinos.
Los puntos claves del borrador más reciente de la resolución
El borrador, publicado hasta el cierre de la edición, reconoce la importancia de una respuesta hemisférica «urgente, precisa y coordinada», que incluya «una intervención diplomática con plazos definidos» y la revocación de las reformas constitucionales de 2025 y 2026. Ha sido revisado en seis ocasiones.
La primera modificación de la Carta Magna sirvió para elevar al mismo nivel jerárquico de Ortega a su esposa como nueva «copresidenta», fortalecer el sistema represivo, mientras la segunda buscó eliminar las elecciones competitivas, aumentar el período de gobierno un año más para prolongar a los dictadores en el poder hasta enero de 2029, luego de realizar votaciones en 2028.
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La resolución establece estas medidas concretas: restablecimiento del espacio cívico en Nicaragua, poner en libertad a los presos políticos, divulgar el paradero de las personas desaparecidas de manera forzada, restaurar la nacionalidad a las personas que fueron privadas de ellas ilegalmente, permitir su regreso seguro sin temor a represalias, restablecer las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica, restablecer la independencia de las instituciones estatales, el pluralismo político y las garantías, entre otras medidas.
El documento énfasis en que se establezcan las condiciones para la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas, «mediante el restablecimiento de los derechos políticos, una administración electoral independiente y una observación internacional creíble».
Pero también proporcionar recursos efectivos, de acuerdo con el debido proceso, respecto a propiedad y bienes confiscados arbitrariamente a individuos, empresas, organizaciones, instituciones religiosas, medios de comunicación, instituciones académicas nicaragüenses y extranjeras «priorizando la restitución o, cuando no sea posible, proporcionando una compensación adecuada y efectiva».
90 días hasta que Grupo Ministerial dé «recomendaciones»
La OEA propone la creación de un grupo ministerial de seguimiento, abiertos a todos los Estados Miembros y representado por los ministros de Relaciones Exteriores, que iniciará labores dentro de un plazo de 30 días, a partir de la aprobación de esta resolución. Entre los objetivos se plantea buscar un diálogo con el régimen de Ortega, con todos los sectores del país incluido la oposición en el exilio y entregar «recomendaciones en un plazo de hasta 60 días que incluya acciones diplomáticas y jurídicas concretas«.
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Hasta este viernes 2 de octubre, Ortega ha desoído los llamados de la comunidad internacional para que frene su deriva totalitaria. En respuesta a las críticas realizadas en su contra, el oficialismo aprobó las reformas constitucionales de 2026 para eliminar las elecciones competitivas y recientemente el presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, llamó recientemente a los partidos colaboracionistas a prepararse para la farsa electoral de 2028.
