La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) —de la Organización de Estados Americanos y Naciones Unidas, respectivamente— advirtieron este jueves sobre la «inexistencia de elementos esenciales de la democracia en Nicaragua» e hicieron un llamado “urgente” a los cancilleres del hemisferio a «actuar con determinación» y “utilizar” los mecanismos disponibles para contribuir al restablecimiento del pleno respeto de los derechos humanos en Nicaragua.
El comunicado lo firman los dos principales organismos internacionales que han documentado de manera consistente las violaciones sistemáticas de derechos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde 2018. De manera expresa, ambas instituciones demandan la liberación incondicional de los presos políticos, el restablecimiento del espacio cívico, el fin de la represión transnacional y el de la privación arbitraria de la nacionalidad.
El documento se publica un día antes de que los ministros de Relaciones Exteriores del hemisferio se reúnan en la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la capital estadounidense, para decidir qué acciones tomarán frente a la dictadura nicaragüense, después de que Ortega anunció en julio la eliminación de las elecciones.
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“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de las Naciones Unidas hacen un llamado urgente a las Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que sitúen los derechos humanos, la democracia, el restablecimiento del Estado de derecho y la rendición de cuentas en el centro de sus deliberaciones el 2 de octubre sobre Nicaragua”, afirmaron en el pronunciamiento.
La «democracia inexistente» en Nicaragua
En el documento recuerdan que “las condiciones actuales en Nicaragua no cumplen con los estándares internacionales requeridos y por tanto los elementos esenciales de la democracia son inexistentes”.
En enero, Nicaragua cumplió 19 años bajo la dictadura de Ortega y Murillo. Los dictadores se autonombraron «copresidentes» en 2025, oficializaron la abolición de la independencia de los poderes del Estado y fortalecieron su aparato represivo en reformas a la Constitución.
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Después del anuncio de Ortega de eliminar las elecciones, el oficialismo aprobó el 1 de septiembre unas nuevas reformas a la Carta Magna en que eliminó la competencia electoral al establecer impedimentos para la participación en futuros procesos electorales de todos aquellos opositores a los que la dictadura considere «traidores de la patria».
La CIDH y el GHREN comentaron lo que han documentado en sus informes sobre Nicaragua en los últimos ocho años. Según la CIDH, la brutal represión contra los manifestantes iniciada en 2018 dejó un saldo de 355 muertos entre el 18 de abril de ese año y el 31 de julio de 2019.
A los asesinatos siguió el encarcelamiento de opositores, la persecución a la ciudadanía en general, el exilio, la expulsión, la consecuencia de la apatridia para los ciudadanos y también la represión transnacional. Ambos organismos se muestran preocupados por el aumento en el número de las personas detenidas, cuyo paradero continúa siendo desconocido y los riesgos extremos para la vida e integridad de quienes permanecen bajo custodia estatal.
«Más de ocho años después del inicio de la crisis en abril de 2018, ambas instancias continúan documentando un patrón generalizado y sistemático de graves violaciones de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, muertes ocurridas bajo custodia del Estado, confiscaciones de bienes, privación arbitraria de la nacionalidad y represión transnacional», exponen en el comunicado de prensa.
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El régimen Ortega-Murillo mantiene en la actualidad al menos 68 presos políticos, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. De estos, 31 están en condición de desaparición forzada y 15 son mujeres, incluidas dos niñas menores de edad, según el último reporte del 24 de septiembre.
Respecto a las desapariciones forzadas, los dos órganos manisfestaron su preocupación por el aumento en el número de las personas detenidas cuyo paradero continúa siendo desconocido y los riesgos extremos para la vida e integridad de quienes permanecen bajo custodia estatal. «La persistencia de las desapariciones forzadas y otras graves violaciones de derechos humanos como parte de los patrones de represión contra personas percibidas como opositoras es grave y debe cesar inmediatamente», subrayaron.
Ante este escenario totalitario, los órganos “instan conjuntamente a los Estados miembros de la OEA a actuar con determinación” y los llaman a “utilizar los mecanismos disponibles para contribuir al restablecimiento de la institucionalidad democrática y al pleno respeto de los derechos humanos en Nicaragua, conforme al principio de garantía colectiva del sistema interamericano”.
