El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, dio por consumada la tarde del jueves la reforma constitucional que eliminará la competencia electoral y perpetuará en el poder a Daniel Ortega y Rosario Murillo. El funcionario le dijo a los representantes de los partidos zancudos que se preparen para las «elecciones» de 2028.
Las declaraciones de Porras, uno de los principales operadores políticos de Murillo, fueron públicas durante la denominada segunda fase de “consultas” de la reforma constitucional, la cual es un mecanismo del oficialismo en que han participado allegados, hijos de Ortega y funcionarios leales que han cerrado filas con la decisión de eliminar los procesos electorales.
La Asamblea Nacional se reunió con 14 partidos políticos “legalmente constituidos”, entre ellos los principales representantes del Frente Sandinista: el secretario de organización Fidel Moreno y el diputado Edwin Castro, jefe de la bancada legislativa.
Porras ofreció este punto de vista horas después de que la embajadora nominada por Estados Unidos para Nicaragua, Natasha Franceschi, dijo en el Senado que si se confirma su nombramiento mantendrá la presión diplomática hacia el régimen.
Porras reiteró el discurso del oficialismo, tratando de explicar lo dicho por el dictador, al anunciar en julio la cancelación de las elecciones.
“Hay que dejar claro que va a haber elecciones, dejar claro que nos tenemos que preparar para el 2028. Dejar claro que los que no van a participar en esas elecciones son los que han atentado contra todos nosotros: el golpismo”, repitió el presidente de la Asamblea.
Los otros 13 partidos presentes en esta reunión con el Legislativo forman parte de un sistema de partidos que dicen oponerse al régimen teóricamente, pero en la práctica colaboran y lo legitiman.
El miedo a perder las elecciones del FSLN
Porras reafirmó una vez más que el régimen participará en procesos electorales sin oposición real por el temor a la derrota. Los verdaderos opositores están en el exilio, luego de la represión de la que fueron víctimas. La dictadura los encarceló, expulsó y quitó la nacionalidad. También canceló las personerías jurídicas a los partidos políticos en los que militaban.
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La reforma constitucional aprobada en primera legislatura el 1 de septiembre modifica los artículos 12, 47, 122, 123, 130, 132, 142, 143, 150, 152, 155, 164 y 166 de la Constitución Política actual. Impide participar en las elecciones a los “traidores a la patria” o “golpistas”. Así llama el régimen a los opositores desterrados del país.
La reforma extiende también los períodos de gobierno de seis a siete años para los cargos de copresidentes, de elección popular, jefaturas del Ejército, la Policía y los de designación ejecutiva y legislativa. Es decir, las elecciones que debían celebrarse en noviembre de 2027 se realizarán hasta el 2028. La reforma debe ser ratificada en segunda legislatura.
El dictador Daniel Ortega anunció que dicho proceso se llevará a cabo el 18 de enero de 2027. Porras se quejó de quienes piden una intervención militar.
Un represor hablando de lo “desastrosas” que son las armas
“Pidiendo que nos invadan. Es como que pidiendo intervención militar, como que si las armas tienen nivel de selectividad, es decir, eso es un desastre”, afirmó Porras en referencia a peticiones de algunos sectores de la oposición como el Movimiento Campesino Anticanal.
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Hablar de lo desastroso que puede ser el uso de las armas resulta contradictorio, saliendo de la boca de Porras, uno de los 54 funcionarios señalados por la represión contra la población nicaragüense en 2018, según informes del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).
Entre el 18 de abril de 2018 y el 31 de julio de 2019, el régimen respondió con violencia a las protestas de los ciudadanos. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 355 personas fueron asesinadas en el contexto de estas manifestaciones. Por su participación en la represión, Porras ha sido sancionado por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Reino Unido.
Ortega y Murillo llevan 19 años en el poder y Porras ha sido fundamental en el diseño del sistema legal con el que han reprimido a la población. La dictadura ha sido señalada de graves violaciones de derechos humanos, entre ellas asesinatos, privación de nacionalidad, represión trasnacional, y mantiene en la actualidad al menos 60 presos políticos, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
Fuerte presión internacional contra Ortega
La dictadura enfrenta en este momento una fuerte presión internacional. La Organización de los Estados Americanos (OEA) abordará la situación de Nicaragua en una reunión de cancilleres el próximo 2 de octubre. Los ministros de Relaciones Exteriores decidirán qué acciones tomarán frente al régimen.
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Estados Unidos ha sido el principal promotor de esta reunión. La Administración Trump ha denunciado la ilegitimidad del poder de Rosario Murillo, ha denunciado las violaciones de derechos humanos y exigido la libertad de los presos políticos. A eso hay que sumarle la nominación de una embajadora con una amplia experiencia en escenarios de conflicto y negociaciones diplomáticas sensibles, lo que es visto como otro mecanismo de presión.
