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Los defensores de derechos humanos Claudia Pineda y Juan Carlos Arce coincidieron en hacer un llamado a la comunidad internacional para presionar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y poner fin a los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. Ambos se refieren al reciente informe presentado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), en el que los especialistas documentaron 161 casos de desaparición forzada en Nicaragua y ocho muertes bajo custodia del Estado.
El documento fue presentado el 22 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el Palacio de las Naciones, en Ginebra, Suiza. La denuncia internacional contra Ortega y Murillo ocurrió mientras su canciller Valdrack Jaentschke (señalado de ser responsable de la represión transnacional) representa a la dictadura en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se lleva a cabo en Nueva York, Estados Unidos, del 22 al 28 de septiembre.
“Nicaragua vive una crisis de derechos humanos que no se resolverá sin voluntad política internacional y mecanismos de justicia capaces de enfrentar crímenes de lesa humanidad”, dijo la abogada Claudia Pineda, directora ejecutiva de la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua (AMJ) a LA PRENSA.
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Pineda expuso que en el informe del GHREN, los 161 casos de desaparición forzada y las ocho muertes no solo son “una cifra alarmante”, sino también “la evidencia de una política estatal de violencia extrema que busca borrar a las personas de la vida jurídica y quebrar a sus familias y comunidades” a través de la desaparición forzada, a la que cataloga como “uno de los crímenes más devastadores”.
La detención es “un espacio de altísimo riesgo”
El informe del GHREN detalló las muertes en custodia del líder indígena y exdiputado de Yatama, Brooklyn Rivera, Eddy Antonio Montes Praslin, Santos Sebastián Flores Castillo, Jorge Hugo Torres Jiménez, José Modesto Solís Aguilar, Humberto Ortega Saavedra (hermano del dictador), Mauricio Francisco Alonso Petri y Carlos Alberto Cárdenas Zepeda. Todos murieron tras largos períodos de desaparición forzada sin la atención médica adecuada y sin que sus familiares pudieran visitarlos.
En el caso específico de estas ocho muertes de presos políticos en custodia del régimen, Pineda sostuvo que revelan cómo la detención en Nicaragua se ha convertido en “un espacio de altísimo riesgo, donde la vida depende completamente de un aparato represivo que opera sin controles, sin transparencia y sin obligaciones de rendición de cuentas”.
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Por tales razones, Pineda consideró que la comunidad internacional debe fortalecer las rutas de rendición de cuentas; incrementar las sanciones individuales, dirigidas a quienes integran las cadenas de mando responsables de desapariciones, tortura, violencia sexual y persecución política; así como, entre otras cosas, garantizar protección internacional a víctimas y sus familiares, especialmente a quienes continúan en el país y enfrentan represalias.
“La comunidad internacional debe avanzar hacia mecanismos más robustos de presión y protección”, agregó la directora ejecutiva de la AMJ.
Alientan a abrir procesos en la jurisdicción universal
Por su parte, el abogado Juan Carlos Arce, del Colectivo Nicaragua Nunca Más, alentó a los Estados, ya sea de manera individual o colectiva, a “abrir procesos en la jurisdicción universal contra los perpetradores y la cadena de mando” de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
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El GHREN publicó un informe en abril del año pasado en el que señaló a 54 funcionarios del régimen como responsables de graves crímenes. Entre los mencionados están los codictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; el jefe del Ejército, Julio César Avilés; el jefe de la Policía, Francisco Díaz; entre otros altos mandos. En otro documento posterior se mencionó al ahora cocanciller Valdrack Jaentschke entre un grupo de 26 operadores del régimen “claves” en la represión transnacional.
“No puede un régimen señalado de crímenes de lesa humanidad tener los mismos derechos que otros en materia comercial… Es momento de usar todas las herramientas que ofrece el derecho internacional para presionar al régimen”, sostiene Arce.
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El abogado destacó que el informe del grupo de expertos de la ONU muestra al mundo “uno de los contextos más graves de las Américas por el uso como política de Estado de la prisión arbitraria y la desaparición forzada”.
La dictadura Ortega-Murillo lleva 19 años en el poder y ha sido señalada desde 2018 de graves violaciones de derechos humanos, entre ellas, asesinatos, privación de nacionalidad, represión trasnacional, y mantiene en la actualidad al menos 60 presos políticos, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. Uno de los pilares de sostenimiento del régimen es la represión y la impunidad.
