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La codictadora Rosario Murillo anunció este martes que la Asamblea Nacional está preparando un encuentro con los partidos políticos “legalmente constituidos y acreditados ante el Consejo Supremo Electoral (CSE)” para exponer “los avances de las consultas” de la reforma constitucional, aprobada en primera legislatura el pasado 1 de septiembre. El nuevo ajuste a la Carta Magna elimina la competencia electoral y extiende el período de gobierno a siete años.
Murillo se refiere a los conocidos como partidos zancudos en la política nicaragüense, es decir, organizaciones que simulan ser oposición, pero en la práctica colaboran y legitiman al partido de gobierno. Desde que Ortega llegó a la presidencia en 2007, allanó su camino para perpetuarse en el poder. Poco a poco fue eliminando a las fuerzas políticas que le podían hacer contrapeso y se alió con colaboracionistas.
“Estamos preparando desde la Asamblea Nacional un encuentro con los partidos políticos legalmente constituidos y acreditados ante el Consejo Supremo Electoral de nuestra Nicaragua… Es un encuentro para exponer los avances de las consultas que vamos realizando en el contexto de ‘hay patria’”, dijo Murillo en su diurna alocución ante los medios oficialistas.
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Actualmente, hay 14 partidos políticos vigentes acreditados en Nicaragua, según el sitio web del CSE, sin embargo, solo cinco de ellos tienen representación en la Asamblea Nacional a través de diputados: el gobernante partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Partido Liberal Independiente (PLI) y Alianza por la República (Apre), todos señalados de ser partidos zancudos.
Oposición en el exilio
La verdadera oposición de Nicaragua se encuentra en el exilio. El régimen encarceló, expulsó y obligó a exiliarse a las personalidades políticas que le podían hacer contrapeso; además, les canceló las personerías jurídicas a los partidos políticos en los que militaban.
Siete precandidatos presidenciales fueron apresados en 2021 y luego expulsados del país en febrero de 2023. Entre ellos, Cristiana Chamorro Barrios, hija de la expresidenta Violeta Barrios y la figura que más se perfilaba para ganar las elecciones presidenciales de ese año. Chamorro gozaba de mucha simpatía por parte de la población.
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También fueron encarcelados y posteriormente desterrados a Estados Unidos: Arturo Cruz Sequeira, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.
En 2021, el régimen canceló las personerías jurídicas del Partido Restauración Democrática (PRD), Partido Conservador (PC) y Ciudadanos por la Libertad (CxL).
Luego, en 2023 hizo lo mismo con el partido político indígena caribeño Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama, “Hijos de la Madre Tierra”, traducido del miskito). El mismo que dirigía el exdiputado Brooklyn Rivera Bryan, el preso político que murió en manos de la dictadura tras 32 meses en desaparición forzada.
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Antes de esas cancelaciones, el CSE hizo lo mismo en 2008 con el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), actualmente Unión Democrática Renovadora (Unamos). Fue cancelado bajo el argumento de no tener establecidos sus órganos nacionales, departamentales y municipales, y por irrespetar sus normas estatutarias internas en cuanto a forma de elección y funcionamiento de las juntas directivas.
Nueva reunión con cuerpo diplomático
En medio de la segunda ronda de “consultas” de la reforma constitucional, la dictadura citó nuevamente al cuerpo diplomático acreditado en el país. Fueron de los primeros en conocer, el 27 de julio pasado, las maniobras del régimen para perpetuarse en el poder.
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“El doctor Gustavo Porras y la Comisión Especial Constitucional, sobre nuestra consulta de reformas constitucionales soberanas, está convocando también desde la Cancillería de la República a un nuevo encuentro con embajadas y misiones para comentar los avances de la consulta de ‘hay patria’ y escucharlos, escuchar sus comentarios”, dijo Murillo este martes.
Aunque la reforma constitucional fue aprobada en primera legislatura a inicios de septiembre, aún falta su ratificación en una segunda legislatura. Según declaraciones del dictador Daniel Ortega, la decisión será un hecho consumado el 18 de enero de 2027.
