Lula vuelve a la ONU con sus críticas contra Ortega, tras desaprobar reunión de cancilleres

La izquierda se encuentra completamente desprestigiada, y no solamente por los ataques de sus adversarios, sino por su propia cobardía moral y sus contradicciones.

Ahí tenemos a Luiz Inácio Lula da Silva, a Pedro Sánchez y a Claudia Sheinbaum: dirigentes que se proclaman democráticos, progresistas y defensores de los derechos humanos, pero que mantienen una inexplicable debilidad por la dictadura castrista de Cuba, hoy administrada por Miguel Díaz-Canel. No solo la alcahuetean políticamente; también torpedean cualquier intento serio de exigirle apertura democrática, elecciones libres y respeto por las libertades fundamentales.

Unos le envían petróleo; otros, ayuda económica; y casi todos repiten el mismo libreto: que la miseria cubana es producto exclusivo del supuesto “bloqueo” estadounidense.

Pero llamemos las cosas por su nombre. Estados Unidos mantiene un embargo económico y un sistema de sanciones contra el régimen cubano. Esas sanciones existen y tienen consecuencias. Sin embargo, Cuba no está sometida a un bloqueo naval ni está impedida de comerciar con México, España, China, Rusia, Canadá ni con el resto del mundo. Incluso puede adquirir determinados productos en Estados Unidos, especialmente alimentos y bienes humanitarios, aunque bajo restricciones financieras y condiciones de pago.

Por lo tanto, resulta intelectualmente deshonesto atribuirle a Washington cada apagón, cada escasez, cada hospital destruido y cada fracaso acumulado durante más de seis décadas de economía centralizada.

El verdadero bloqueo es también el que la propia dictadura cubana mantiene contra su pueblo: bloqueo a la libertad de expresión, a la iniciativa privada, a la organización política, a la prensa independiente y al derecho de los cubanos a escoger quién los gobierna.

Las sanciones estadounidenses podrán agravar ciertos problemas, pero no obligan al régimen a encarcelar opositores. No lo obligan a prohibir partidos políticos. No lo obligan a perseguir periodistas, censurar internet ni golpear a quienes salen a protestar. Tampoco lo obligan a mantener un sistema de partido único ni a impedir que el pueblo cambie pacíficamente de gobierno.

Esa misma maldita manía de entronizarse eternamente en el poder es la que Daniel Ortega y Rosario Murillo han reproducido en Nicaragua. Según ellos y sus serviles, no existe ningún otro nicaragüense con capacidad para gobernar el país. Solamente Ortega, Murillo y, eventualmente, algún miembro de su propia familia parecen haber recibido de la Providencia el derecho exclusivo de mandar sobre millones de ciudadanos.

Y junto a ellos aparece la comparsa de serviles: militantes beneficiados por el régimen y miembros de los llamados partidos de “oposición” que participan en una farsa electoral, aceptan una diputación, cobran un salario y después se sientan disciplinadamente a levantar la mano para aprobar cuanto ordene el dictador.

No son oposición. Son partidos zancudos: una utilería política destinada a fingir pluralismo donde ya no existe ninguna competencia verdadera.

Lula comparece ante la ONU y declara que Nicaragua no resolverá sus problemas impidiendo que la oposición participe en elecciones. Muy bonito. Sin embargo, cuando llega el momento de respaldar acciones diplomáticas concretas, su gobierno se opone a una reunión de cancilleres de la OEA para discutir qué hacer frente a la dictadura.

Condena a Ortega desde el podio, pero lo protege en la práctica.

Claudia Sheinbaum y el Gobierno mexicano se escudan en la doctrina de la no intervención, como si la soberanía nacional autorizara a un régimen a encarcelar, desterrar, desnacionalizar y desaparecer ciudadanos. La no intervención fue concebida para proteger a los pueblos frente a las potencias extranjeras, no para garantizarles impunidad a los tiranos.

Pedro Sánchez y buena parte del socialismo español también hablan constantemente de democracia y derechos humanos, pero frente a Cuba y a ciertas dictaduras latinoamericanas su firmeza se vuelve ambigüedad, prudencia selectiva y diálogo interminable.

Esa es la tragedia de Nicaragua y también la tragedia moral de buena parte de la izquierda internacional: denuncia con energía los abusos de la derecha, pero busca excusas, atenuantes y explicaciones históricas cuando el opresor se declara socialista, revolucionario o antiimperialista.

Yo no critico a la izquierda por ser izquierda. La critico precisamente porque ninguna izquierda digna puede colocarse del lado del carcelero contra el preso, del censor contra el periodista ni del dictador contra el pueblo.

Los derechos humanos no tienen color político. Una dictadura no deja de ser dictadura porque se llame revolucionaria, levante el puño o cante La Internacional.

Cuando una izquierda justifica la opresión para conservar una supuesta lealtad ideológica, deja de ser progresista. Se convierte sencillamente en alcahueta del poder y cómplice de la tiranía.