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El pasado domingo 6 de septiembre se conoció que un sector del Movimiento Campesino Anticanal de Nicaragua, exiliado en Costa Rica, pidió a la comunidad internacional una intervención militar para liberar al pueblo nicaragüense de la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Desde el Movimiento Campesino Anticanal de Nicaragua en defensa de nuestra tierra, lago y soberanía, exiliados en Costa Rica, pedimos a la comunidad internacional, a los señores cancilleres de la OEA, Departamento de Estado, ONU, Unión Europea, Brigadas de Paz, Escudo de las Américas y demás países democráticos del mundo y amantes de la democracia, el apoyo URGENTE para liberar a Nicaragua de la dictadura criminal Ortega y Murillo con una intervención militar, ya que somos conscientes que no tenemos los mecanismos necesarios para sacar a la dictadura por la vía pacífica”, se dice en el texto de la petición campesina.
La dictadura reaccionó al pronunciamiento campesino por medio de uno de sus cocancilleres que envió una carta a la Cancillería de Costa Rica. Pero curiosamente la carta no fue propiamente de protesta porque desde el territorio costarricense se estuviera pidiendo una intervención armada en Nicaragua, sino porque entre las personas que presentaron la petición supuestamente había algunos niños.
Sin embargo, lo importante o interesante del caso no es la carta del cocanciller de la dictadura, sino lo que refleja la petición campesina de la realidad política actual de Nicaragua.
Según los analistas nicaragüenses y de otros países, es improbable que haya una intervención militar extranjera, unilateral de Estados Unidos (EE. UU.) o colectiva de varios países. Ellos consideran que la acrecida presión de EE. UU. y sus principales aliados en las Américas contra la dictadura de Nicaragua no pasará de acciones diplomáticas, políticas y económicas. Las que se enfocarán en procurar el aislamiento político de la dictadura, imponer sanciones económicas a sus funcionarios más relevantes y, tal vez, llamados a romper nexos comerciales y económicos en general. Pero esto último no es tan seguro, porque medidas de esa clase perjudicarían a terceros países al socavar su propia situación económica, con las consecuencias imprevisibles que podrían provocar.
En realidad, aparte de que una intervención militar extranjera en Nicaragua es inviable, lo que evidencia la petición de ese sector del Movimiento Campesino es la desesperación de algunas personas o grupos de exiliados nicaragüenses ante el afianzamiento de la dictadura y la imposibilidad de realizar acciones políticas prácticas para combatirla y sacarla del poder.
Todas las personas y grupos opositores exiliados, o la gran mayoría de ellos, han sido consistentes en decir que la solución de la crisis política de Nicaragua tiene que ser por la vía pacífica. Que no debe haber más violencia armada en el país.
La verdad es que todos, o casi todos, los opositores quisieran poder regresar al país con garantías, para reorganizar a la oposición interna y crear condiciones que permitan participar en elecciones creíbles, democráticas y competitivas.
Son Ortega y Murillo los que se empecinan en impedir que haya una oposición real dentro del país, y que pueda haber un cambio de régimen por una vía cívica, pacífica e institucional. De allí que el objetivo expresamente declarado por la comunidad interamericana sea obligar a la dictadura a ceder y que permita la apertura al cambio político por medios democráticos.
Pero no hay ninguna seguridad de que los codictadores van a ceder ante las presiones externas y que renunciarán a su obsesión de aferrarse al poder hasta el fin de sus días. Y más allá, mediante el procedimiento de continuidad familiar que han diseñado.
De lo que estamos seguros es de que en Nicaragua y cualquier otra parte del mundo no ha habido nunca ni habrá en el futuro una dictadura para siempre.
