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Un grupo de diez organizaciones de la oposición nicaragüense dirigieron una carta a los cancilleres del hemisferio para alertar sobre el agravamiento de la crisis en Nicaragua y solicitar una respuesta coordinada de los Estados democráticos, acorde con la magnitud de la destrucción de los derechos civiles y políticos en el país.
La carta es suscrita por Ciudadanos por la Libertad en el Exilio, Ruta del Cambio, Unamos (Unión Democrática Renovadora), AUN, Avanza, AND (Asamblea Nicaragüense por la Democracia), Concertación Democrática Nicaragüense (Monteverde), Mesa Todos Somos Nicaragua, PUDE (Plataforma de Unidad por la Democracia y Unidad Nacional).
La acción responde, entre otros hechos, a las recientes declaraciones del dictador Daniel Ortega, en las que afirmó que “en Nicaragua no habrá elecciones”. Según el documento, esta postura confirma el cierre definitivo de cualquier posibilidad de alternancia democrática y representa una ruptura frontal con los principios esenciales del sistema interamericano, en particular con el respeto a la voluntad popular, la soberanía ciudadana y el derecho de los pueblos a elegir libremente a sus autoridades.
La carta expone que la crisis nicaragüense ha pasado de una falta de legitimidad democrática a una usurpación sostenida del poder mediante la eliminación de garantías fundamentales, la persecución política y religiosa, el exilio forzado, la desnacionalización arbitraria, el cierre de los espacios de participación ciudadana y la represión, incluyendo a los pueblos del Caribe nicaragüense.
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Asimismo, sostiene que “la voluntad popular, que constituye la base de la soberanía, ha sido sustituida por la fuerza del aparato estatal, el respaldo militar y la imposición de un régimen que niega a la ciudadanía su derecho a decidir”.
El documento advierte que este proceso no representa únicamente una crisis institucional, sino la continuación de una tragedia humana que sofoca día a día a la nación. Señala que millones de nicaragüenses están sometidos a la vigilancia, el terror y el silencio; que existen familias fragmentadas por el destierro, presos políticos en condiciones inhumanas y ciudadanos despojados de su identidad y patrimonio.
En ese contexto, la carta expresa: “No les pedimos que decidan por Nicaragua; les pedimos que no permitan que una familia sustituya el poder de todo un pueblo”.
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Un desafío para la seguridad hemisférica
Las organizaciones opositoras al régimen de Ortega subrayan que esta situación no puede ser tratada como un asunto exclusivamente interno.
Sostienen que Nicaragua representa un desafío para la seguridad hemisférica debido a sus impactos regionales: desplazamiento forzado, crímenes de lesa humanidad, violaciones sistemáticas de derechos humanos, persecución transnacional, debilitamiento del Estado de derecho, alianzas con países autoritarios y con vínculos terroristas, desprotección jurídica de miles de ciudadanos y una creciente presión sobre los países receptores de exiliados y migrantes.
De igual modo en el documento reconocen la importancia de la convocatoria de cancilleres y de la respuesta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y hacen un llamado a fortalecer el seguimiento político y diplomático sobre el país. También enfatizan que la acción multilateral debe complementarse con decisiones individuales de los Estados miembros mediante medidas legales, económicas, políticas y diplomáticas proporcionales a la gravedad de la situación.
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Entre los temas centrales planteados destacan la protección de las víctimas y de las personas exiliadas, la restitución de los derechos civiles y políticos, la defensa de la nacionalidad, el cese de la persecución transnacional, la recuperación de las garantías democráticas y una presión internacional sostenida que contribuya a una salida pacífica, democrática y verificable.
Según los firmantes, la carta constituye un llamado a actuar con responsabilidad histórica frente a una crisis que vulnera la democracia, la estabilidad regional y los principios fundamentales del sistema interamericano.
