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El Poder Judicial de Nicaragua, controlado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, tras ejecutar una masiva eliminación de abogados del Registro de Abogados y Notarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), comenzó a revocarles la defensa que estos asumían en procesos judiciales penales, civiles o de familia.
El abogado Rudy Siles Espinoza explicó que mantiene comunicación con colegas que siguen en Nicaragua y que, al igual que él, fueron afectados por la eliminación masiva girada por la dictadura orteguista.
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Algunos de estos abogados, según la información facilitada por otros letrados a Siles Espinoza, informaron que fueron notificados por el sistema judicial sobre la revocación de su defensa en los casos que atendían.
Argumentan «fuerza mayor» para revocar abogados de sus casos
Siles Espinoza facilitó a LA PRENSA una cédula de notificación judicial emitida en los últimos días, en la que el orteguismo justificó la revocación del abogado —que también figura entre los afectados por las masivas eliminaciones del Registro— por motivos de “fuerza mayor”.
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El sistema judicial, según lo que se especifica en dicha notificación, en estos casos que eran asumidos por abogados eliminados e impedidos de seguir ejerciendo por orden del orteguismo está designando a abogados de oficio para atender las defensas.
El abogado Siles Espinoza apuntó que el orteguismo sabe los motivos reales por los que estos abogados no pueden seguir asumiendo la defensa, pero en todos los casos que han apartado hasta ahora de las defensas se ha argumentado «fuerza mayor».
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a inicios de esta semana denunció la acción del régimen Ortega Murillo, señalando que existían «motivos razonables para considerar que el gobierno nicaragüense está privando de manera sistemática a numerosos abogados de sus licencias para ejercer la profesión».
El defensor Jan-Michael Simon, presidente del GHREN, en el comunicado divulgado por el Grupo, apuntó que la eliminación de una parte considerable de la profesión jurídica representaba «una nueva escalada» represiva del régimen Ortega Murillo.
Además advirtieron que la medida «ha eliminado de un día para otro a una parte esencial de la profesión jurídica del país y ha privado a la población de su derecho a la defensa».
