En vísperas de la 56ª Asamblea General de la OEA, del 22 al 24 de junio corriente, vuelve a circular un mito que ha paralizado al organismo durante años: la supuesta necesidad de unanimidad para actuar. Ese requisito no existe en la Carta Democrática Interamericana. Nunca existió. Pero algunos gobiernos lo han utilizado para diluir resoluciones, proteger aliados y evitar asumir costos políticos.
La historia demuestra lo contrario. Las decisiones más importantes de la OEA —incluida la que abrió el camino a la transición nicaragüense en 1979— se tomaron por mayorías calificadas, no por unanimidad. Hoy, Nicaragua vuelve a poner a prueba la capacidad del sistema interamericano para responder con relevancia y no con evasivas.
Estados Unidos considera al régimen de Ortega un problema de seguridad nacional, pero al parecer no desea abrir un frente adicional mientras gestiona crisis simultáneas en otras regiones. Estratégicamente está dispuesto a actuar; tácticamente no quiere hacerlo esta semana. En contraste, México, Brasil y algunos aliados intentan frenar cualquier resolución fuerte. Este año, Brasil incluso propuso “invitar” al régimen a regresar a la OEA, aun sabiendo que Ortega jamás aceptará las condiciones mínimas para reincorporarse. El resultado es una maniobra que expone al organismo al ridículo y desvía la atención del punto esencial: la ilegitimidad de las elecciones de 2021 ya fue reconocida por la OEA. No hace falta volver a declararlo; hace falta actuar.
En contraste con el blando proyecto de declaración, la presión internacional crece. El Parlamento Europeo ha solicitado activar la jurisdicción universal y evaluar la remisión del caso nicaragüense a la Corte Penal Internacional. Es un recordatorio de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y de que, cuando los mecanismos regionales se paralizan, la comunidad internacional dispone de otras herramientas para avanzar.
También en el exilio nicaragüense se ha producido un hecho relevante: diversos grupos opositores —frecuentemente divididos— han coincidido en un mensaje común sobre la ilegitimidad del régimen. No se trata de otorgar protagonismos, sino de subrayar que existe un consenso democrático básico que elimina una de las excusas favoritas para apoyar la parálisis de ciertos gobiernos: “La oposición no está unida”.
El Caribe podría desempeñar un papel decisivo. La desaparición del líder indígena Steadman Fagoth Müller y la muerte bajo custodia estatal del líder miskito Brooklyn Rivera han generado inquietud en varias capitales. Con el retiro de Ralph Gonsalves —el principal defensor de Ortega en la región— y el acercamiento de Guyana y Trinidad y Tobago con Washington, el bloque caribeño podría inclinarse hacia una resolución más firme.
La tesis es clara: es preferible una resolución fuerte con 18 votos que una resolución vacía aprobada por unanimidad. La primera da base jurídica y política para la acción multilateral; la segunda deja a Estados Unidos solo, y Washington actuará solo si se siente obligado. Paradójicamente, quienes temen una acción unilateral terminan favoreciéndola al debilitar la acción multilateral.
La OEA enfrenta una decisión histórica. Puede demostrar que el multilateralismo funciona o puede ofrecer argumentos a quienes cuestionan incluso la contribución de EE.UU. al presupuesto de la OEA en 2027. Esta vez, ya no basta con repetir que las elecciones fueron ilegítimas. Eso está dicho. Lo que falta es convertir esa verdad en acción más allá de lamentos y condenas vacías.
