La minería metálica ya ocupa una quinta parte de Nicaragua y alcanza territorios indígenas y áreas protegidas, según investigación

Así lo revela una investigación geográfica y estadística actualizada al 9 de junio de 2026, que documenta la existencia de 212 concesiones mineras vigentes que abarcan 2,417,002 hectáreas, equivalentes al 20.3 por ciento de la superficie terrestre de Nicaragua, una extensión superior al territorio completo de El Salvador.

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El estudio fue presentado por Investigación UR-Gente, el grupo Wankgi y el Observatorio de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (OPIA).

Los hallazgos de la investigación Minería Metálica en Nicaragua muestran que la explotación minera se ha convertido en uno de los pilares del modelo económico impulsado por la dictadura, en medio de crecientes cuestionamientos sobre la transparencia de las concesiones, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y la protección ambiental.

Expansión minera acelerada

Aunque la actividad minera moderna en Nicaragua comenzó a expandirse tras la privatización de empresas estatales durante el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro en la década de 1990, la investigadora Carmen Corea Sánchez aclara que la magnitud actual no tiene precedentes.

«La actividad minera tomó auge a partir de 1994 cuando el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro privatizó las empresas mineras que ya existían; en Nicaragua se ha venido montando durante la última década un modelo de desarrollo económico que está basado en la extracción de recursos primarios como café, azúcar, productos por los que es famosa Nicaragua a nivel de agroexportación y entre ellos siempre ha estado ahí la minería. ¿Qué pasa? Que durante los últimos periodos de Ortega Murillo esa relevancia de las actividades extractivas para financiar actividades del régimen toma muchísima más fuerza en comparación a gobiernos anteriores», dijo a LA PRENSA Corea Sánchez.

El estudio identifica que 112, de las 212 concesiones actualmente vigentes, fueron otorgadas desde 2022, lo que evidencia una aceleración extraordinaria de la expansión minera.

La investigadora sostiene que esta tendencia forma parte de un modelo económico construido durante la última década.

China desplaza a competidores

Uno de los hallazgos más significativos es el creciente dominio del capital chino en la minería nicaragüense. El estudio concluye que las empresas vinculadas a la República Popular China controlan actualmente 83 concesiones mineras, 1.27 millones de hectáreas, que representan el 52.87 por ciento de toda la superficie concesionada para minería metálica.

«Le siguen empresas de capital canadiense, con 51 concesiones y más de 660 mil hectáreas, mientras que compañías de Colombia, Reino Unido y empresarios nicaragüenses vinculados al sector completan el mapa extractivo nacional», detalló la experta.

«El capital chino ha crecido muy fuertemente en los últimos cinco o seis años», señala la investigadora. Mientras el estudio también identifica la presencia de empresarios nicaragüenses vinculados al régimen entre los beneficiarios de concesiones: «Vemos la presencia de actores vinculados al régimen, empresarios de origen nicaragüense».

Minería sobre territorios indígenas

La investigación documenta que la expansión minera ha alcanzado de forma directa territorios titulados de pueblos indígenas y afrodescendientes. Se identificaron 40 concesiones superpuestas con territorios indígenas, afectando aproximadamente 488,558 hectáreas, equivalentes al 12.8 por ciento de estos territorios.

La investigadora cuestiona la legalidad de los procesos de consulta utilizados por el régimen para aprobar estas concesiones.

Según explica, las consultas no se realizan con las comunidades afectadas, sino con estructuras políticas controladas por el oficialismo. «Cualquier proceso de consulta previa, libre e informada debe pasar por los gobiernos comunitarios o las asambleas comunitarias, pero eso no está ocurriendo», comentó.

En cambio, señala que las autoridades recurren a los Consejos Regionales de la Costa Caribe, organismos políticos afines al partido gobernante: «Consultan con el ente político, que, da la casualidad, es aliado del partido de gobierno».

Para la también socióloga, este mecanismo permite al régimen presentar formalmente un proceso de consulta que no cumple con los estándares internacionales de consentimiento previo, libre e informado.

Áreas protegidas, bajo presión

La expansión minera también ha penetrado espacios que históricamente estuvieron destinados a la conservación ambiental. El estudio identificó al menos diez concesiones dentro de áreas protegidas, las que afectan unas 137,594 hectáreas afectadas y alrededor de 40 concesiones adicionales ubicadas a menos de tres kilómetros de áreas protegidas.

Corea sostiene que el régimen primero permitió estas prácticas y posteriormente modificó la legislación para darles apariencia de legalidad.

«El régimen Ortega-Murillo comete arbitrariedades que después legaliza por la vía de cambios legales… por ejemplo la aprobación de reformas legales en 2025 que flexibilizaron las restricciones sobre áreas protegidas… formalizan prácticas ilegales que venían haciendo de facto y le dan formalidad posteriormente», observa la experta.

El hallazgo alarmante: doble titularidad

La investigación también detectó que durante el 2026 se identificaron al menos cinco casos donde nuevas concesiones fueron otorgadas sobre otras que continúan vigentes. Entre los casos señalados aparecen la concesión Flor de Azalea, El Danto/Aguas Calientes, Achuapa, Hemco SID y Minerva/Cerro Wistiting.

«Estamos encontrando que hay nuevas concesiones que se están otorgando que traslapan total o parcialmente otras vigentes… El principal problema inmediato es la inseguridad jurídica en la tenencia», agrega.

Asimismo, advierte que podrían producirse disputas territoriales que involucren directamente a las comunidades donde operan las concesiones.

El oro se vuelve estratégico

La expansión minera coincide con un aumento sostenido de las exportaciones de oro. Entre 2020 y 2025 el volumen exportado pasó de 11.8 a 18.5 miles de kilogramos, mientras que solo durante el primer trimestre de 2026 ya se habían exportado 5.9 miles de kilogramos.

Los principales mercados de destino son Estados Unidos, Canadá, Suiza e Italia. Para los investigadores, estos datos confirman que el oro se ha convertido en uno de los recursos estratégicos más importantes para la economía controlada por el régimen, en un contexto marcado por sanciones internacionales, aislamiento diplomático y creciente dependencia de actividades extractivas.

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La combinación de expansión territorial, debilitamiento de controles ambientales, cuestionamientos a las consultas indígenas y concesiones superpuestas dibuja un escenario que podría tener profundas consecuencias sociales, ambientales y legales para Nicaragua durante los próximos años.