Existe un viejo refrán que dice que el diablo juzga por su propia condición. La frase describe una tendencia humana universal: atribuir a otros los defectos, motivaciones y conductas que uno mismo posee.
Pocas veces, sin embargo, esa máxima parece tan apropiada como cuando se escucha a Rosario Murillo reaccionar ante las recientes sanciones migratorias impuestas por Estados Unidos contra más de cien funcionarios del régimen y sus familiares.
La respuesta de la codictadora no fue una defensa basada en hechos ni una explicación sobre las razones que llevaron al Departamento de Estado a tomar esa decisión. Fue, más bien, una sucesión de acusaciones contra quienes considera sus adversarios. Escuchándola, resulta difícil evitar la impresión de que Murillo estaba describiéndose, con extraordinaria precisión, a sí misma y al funcionamiento de su propio régimen.
Cuando habla de odio, parece olvidar que Nicaragua vive bajo un sistema que persigue cualquier forma de disenso. Cuando denuncia persecuciones políticas, omite que miles de nicaragüenses han sido asesinados, encarcelados, desaparecidos, desterrados, desnacionalizados o forzados al exilio por razones estrictamente políticas. Cuando acusa a otros de actuar con crueldad, pasa por alto que ella y su marido, así como sus esbirros, han sido señalados por organismos internacionales por cometer crímenes de lesa humanidad.
El anuncio realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, no deja espacio para la ambigüedad. Rubio calificó a la dictadura Ortega-Murillo como “enemiga de la humanidad” y recordó su responsabilidad en numerosos abusos, incluyendo el papel que desempeñó en el caso del líder indígena Brooklyn Rivera, quien falleció bajo custodia estatal después de permanecer desaparecido y aislado durante años. Ante una acusación de semejante gravedad, cabría esperar algún esfuerzo por responder a los hechos. En lugar de ello, la codictadora optó por la indignación y el insulto.
Pero esa reacción tampoco sorprende. Las dictaduras siempre recurren a la proyección como mecanismo de defensa. Acusan a otros de aquello que ellos mismos practican.
Hablan de conspiraciones mientras conspiran contra las libertades ciudadanas. Denuncian injerencias mientras convierten las instituciones nacionales en instrumentos de represión. Se presentan como víctimas, mientras capturan la economía para enriquecerse ellos mismos.
Murillo lleva años construyendo una narrativa en la que Nicaragua es permanentemente agredida por fuerzas externas. Según ese relato, la responsabilidad del aislamiento internacional, las sanciones, la migración masiva y el deterioro institucional siempre recaen en terceros. Nunca en ellos. Nunca en quienes concentran todo el poder. Nunca en quienes eliminaron la independencia judicial, destruyeron la competencia electoral y clausuraron el espacio cívico.
Sin embargo, la realidad es mucho más sencilla. Las sanciones no son la causa de la crisis política nicaragüense; son una consecuencia. El aislamiento internacional no surge de una conspiración extranjera; es el resultado de decisiones adoptadas por el propio régimen. Y las restricciones de visas anunciadas por Estados Unidos no responden a diferencias ideológicas, sino a conductas específicas atribuidas a funcionarios que participan en la maquinaria represiva del Estado.
Quizá por eso las palabras de Rosario Murillo producen una impresión tan peculiar. Mientras intenta condenar a sus adversarios, termina describiendo sus rasgos más visibles. Como si, sin proponérselo, ofreciera un retrato de sí misma.
