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Por muchas piruetas verbales y montajes escénicos que ha hecho la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, para tratar de justificar la muerte del líder indígena miskito Brooklyn Rivera —en un hospital público estando bajo custodia del Estado—, no ha engañado a nadie en la comunidad democrática internacional.
Gobiernos, organizaciones interestatales como la OEA, la Unión Europea y la ONU, lo mismo que organismos de derechos humanos y personalidades públicas como los excancilleres de América Latina y el Caribe, han reaccionado con distintos tonos y matices sobre la muerte —asesinato de Estado la hemos calificado nosotros— de Brooklyn Rivera, después de que durante más de tres años la dictadura de Nicaragua lo mantuviera en condición de preso político desaparecido.
Aparte de que los dictadores Ortega y Murillo son ampliamente conocidos como mentirosos habituales, la muerte del principal líder del pueblo miskito del Caribe nicaragüense ha sido evidentemente un crimen político gubernamental, que ninguna palabra ni artificio de sus victimarios lo puede ni siquiera disimular.
Además, Brooklyn Rivera no ha sido el único preso político de la dictadura que muere estando en prisión, bajo custodia del Estado. Y si no se frena a los dictadores tampoco será el último. Junto con Brooklyn Rivera, ocho personas han muerto en esa condición, cuyos nombres y fotografías ha publicado LA PRENSA este lunes 1 de junio. Entre ellos figuran hasta Humberto Ortega Saavedra (hermano de Daniel Ortega), así como el excomandante guerrillero y antiguo héroe sandinista, Hugo Torres Jiménez. Los mencionamos expresamente porque ellos han sido la prueba funesta de que ni siquiera miembros de la familia biológica e ideológica de los codictadores se escapan de su furor represivo.
El de Brooklyn Rivera podría ser —o lo debería— el caso que derrame el vaso de la paciencia de la comunidad democrática internacional, ante los incesantes excesos represivos de la dictadura de Nicaragua. Como han dicho los excancilleres democráticos de la región en su magnífico comunicado público, este caso debe de ser “tratado con la seriedad y urgencia que amerita. La muerte de un líder indígena bajo custodia estatal no es un asunto interno: es un desafío a los valores democráticos y a los compromisos hemisféricos en materia de derechos humanos”.
En realidad, no basta con que la comunidad democrática internacional no se deje engañar por las mentiras verbales y los montajes mediáticos de la dictadura. Es que además tiene la obligación moral y política de pasar de la condena verbal a las acciones prácticas, que le están autorizadas y permitidas por el derecho internacional y la obligación de proteger a los pueblos que son víctimas indefensas de dictaduras como la de Nicaragua.
Este viernes 5 de junio habrá en el Congreso de Estados Unidos una audiencia pública sobre la situación de Nicaragua, con el tema “Enfrentándose al régimen totalitario Ortega-Murillo”. Y entre el 22 y el 24 de este mismo mes, se reunirá en Panamá la 56ª Asamblea General de la OEA —en la que participarán varios jefes de Estado genuinamente democráticos del hemisferio—, que tiene inscrita en su agenda el caso de Nicaragua.
Todos los nicaragüenses que repudian a la dictadura, incluyendo a los que están dentro del país, pero por la cruda represión no pueden expresarse de manera pública, esperan que de esos eventos internacionales resulten acciones concretas y sanciones drásticas contra la dictadura.
En el caso de la OEA, como ya lo hemos dicho antes, por lo menos debería declarar ilegítimo al régimen de Nicaragua. De esa manera la OEA completaría la tarea que comenzó en 2021, cuando declaró ilegítimas las elecciones fraudulentas de noviembre de aquel año en las que se reeligió —una vez más— el dictador Daniel Ortega.
La declaración de ilegitimidad del régimen de Nicaragua por parte de la OEA podría facilitar otras acciones internacionales colectivas o unilaterales más efectivas contra la dictadura de Ortega y Murillo.
