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Jennypher Elizabeth Reyes Castro, de 24 años, se convirtió en la segunda mujer en Nicaragua que en los últimos diez años ha fallecido tras una cirugía estética. Lizandra Norisel Jarquín Rosales, de 24 años, murió en junio de 2016. Ambas nicaragüenses se sometieron a los procedimientos estéticos: lipoespalda y cintura con transferencia a glúteos.
En medio del duelo y luto, la familia de Jennypher, quien deja a una niña en la orfandad, ha expresado públicamente que buscarán justicia. Su esposo Kevin Molinares aseguró en Facebook: «Tu muerte no quedará impune, haremos justicia».
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Jennypher era originaria de Matagalpa, desde donde habría viajado a Managua para someterse a ambos procedimientos. Aunque según denunció su esposo, todo había sido coordinado por el Instagram de la clínica Amate, Jennypher fue operada en el Centro Médico Quirúrgico Privado Bethesda, en Ciudad Sandino. La cirugía le costó 3,500 dólares.
La justicia que llegó tarde
La cirugía estética la habría realizado el doctor Livang Clifford Argüello Molina el 22 de mayo. Solamente tres días después de que la jueza María José Morales, titular del Juzgado Segundo Local Penal de Managua, lo declarara culpable causar graves lesiones y quemaduras a una paciente de 39 años, a quien le practicó una lipopapada en noviembre de 2024.
La justicia llegó tarde, como el doctor Argüello quedó en libertad en espera de la condena logró realizarle la cirugía a Jennypher. El 22 de mayo, día de la cirugía, la joven matagalpina fue dada de alta y en su casa comenzó a tener complicaciones: fuertes dolores de espalda, dificultad para respirar y visión borrosa. Los médicos encontraron que le había perforado el pulmón. La intubaron.
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El pulmón lo tenía lleno de sangre y tenía una severa infección en el torrente sanguíneo, lo que le provocó una embolia grasa y hemotórax. Murió la noche del miércoles 27 de mayo, después de haber permanecido durante cinco días luchando por su vida en la sala de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), del hospital escuela César Amador Molina en Matagalpa.
Fue hasta este viernes 29 de mayo, que el doctor Argüello fue detenido. La Policía y el Ministerio Público informaron que junto a él fueron apresados otras tres personas involucradas en el caso de la joven matagalpina: la cirujana plástica Karla Ramos, el cirujano general Fidel Guzmán y la anestesióloga Katherine Orozco. Se encuentran bajo investigación.
Horas más tarde, la jueza Morales condenó al doctor Argüello a dos años de prisión. Además, le impuso una multa de 44,400 córdobas y fue inhabilitado de su profesión. El Ministerio Público había afirmado que él no cuenta con la acreditación para ejercer la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva.
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La cirugía terminó en una tragedia que hoy embarga a su familia ha generado consternación en todo el país; y más allá de eso evidencia la falta de regularización por parte del Ministerio de Salud (Minsa). El doctor Argüello promocionaba sus servicios en redes sociales, de hecho, es reconocido como tiktoker, pero nunca las autoridades sanitarias se dieron a la tarea de confirmar si contaba o no con los permisos para estos procedimientos.
Hasta el fallecimiento de Jennypher, las autoridades revelaron que el doctor Argüello se encontraba registrado únicamente como médico general en el Minsa. Y a su vez, aseguraron que había sido inhabilitado por mala praxis en lipopapada y que supervisaron el lugar donde se realizaban estos procedimientos encontrando «incumplimientos relacionados con las autorizaciones sanitarias requeridas, procediendo a aplicar las medidas administrativas y sanciones previstas por la ley».
El cuerpo de la joven matagalpina fue velado desde el jueves en la funeraria La Esperanza, en Matagalpa, y este viernes fue sepultado en el cementerio municipal, tras la celebración de una misa de cuerpo presente en la Catedral San Pedro, a las 3:00 de la tarde. Su familia le dio el último adiós.
Lizandra, otra víctima mortal de procedimientos estéticos
En 2016, la familia de Lizandra enfrentó la misma tragedia. La joven se realizó los mismos procedimientos de lipoescultura y aumento de glúteos a cargo del cirujano David Páramo, en un hospital en Managua.
Lizandra habría ingresado al quirófano a las 7:20 a.m. del viernes 17 de junio de 2016; y a eso de las 2:30 p.m. su familia conoció que había muerto en el hospital Salud Integral. Había pagado 3,000 dólares al cirujano por los procedimientos.
La directora del hospital y el anestesiólogo, explicaron a Léster Rodríguez, esposo de la joven, que había sufrido tromboembolismo graso y que debido a esto tuvo un paro cardíaco fulminante que le causó la muerte.
Léster, esposo de Lizandra, interpuso de inmediato la denuncia en el Distrito Dos de la Policía de Managua, para que las autoridades investigaran el caso. El 30 de junio, el cirujano Páramo fue detenido y trasladado a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional (DAJ), conocida como El Chipote.
Y el Ministerio Público presentó la acusación por homicidio imprudente en contra del cirujano. A inicios de julio, el juez Séptimo Local Penal, Donaldo Alfaro García, admitió la acusación por homicidio imprudente que el Ministerio Público presentó contra el cirujano David Páramo Sandoval.
En la acusación, el Ministerio Público precisó que por el tamaño y peso de Lizandra no podía extraérsele del cuerpo más de 3.5 litros de grasa y el doctor Páramo, supuestamente, procedió a extraerle 8.2 litros de grasa. Pero Páramo se defendió diciendo que solo le había extraído 1.2 litros de grasa.
El día que el doctor Páramo realizó la cirugía a Lizandra, él debía presentarse ante la Fiscalía a una cita por una mala praxis en una mamoplastía. La víctima Allison Molina, había denunciado a Páramo el 18 de julio de 2014 por haberle perforado el pulmón.
El 12 de agosto de ese año, la jueza Iveth Pineda, titular del Juzgado Sexto Local Penal de Managua, declaró culpable al doctor Páramo de la muerte de Lizandra y se le aplicó una pena de tres años de prisión. Ese mismo año, el cirujano recibió otra condena de tres años de prisión por los delitos de lesiones imprudentes y lesiones psíquicas graves en perjuicio de Allison Molina.
Su abogado defensor, Mario Sandoval, solicitó la unificación de ambas penas, la cual fue concedida en junio de 2017. Posteriormente, el 15 de marzo de 2018, la jueza Roxana Zapata, titular del Juzgado Primero de Ejecución de Sentencia de Managua, le otorgó a Páramo el beneficio de la suspensión de la pena.
La madre de Lizandra, Sandra González, recibió con indignación la resolución judicial que permitió a Páramo obtener su libertad tras haber cumplido apenas la mitad de su condena. El cirujano se habría declarado enfermo durante gran parte de su reclusión, y a solo año y medio de haber ingresado a prisión, ya estaba en libertad.
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El cirujano Páramo regresó a las redes sociales a ofrecer sus servicios. También regresó a los quirófanos desde diciembre de 2021.
