En Nicaragua habrá que dar un golpe de timón

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En la nueva Nicaragua, la que anhelamos los nicaragüenses tras desmantelar la actual versión murillista de Corea del Norte, habrá que producir un golpe de timón que parecerá ser la antítesis, lo contrario, de lo que vivimos actualmente. Entre las medidas a tomar, y a manera de ejemplo podrían mencionarse algunas como las siguientes:

En lugar de enemistad con los Estados Unidos habrá que proclamar, con voz clara y fuerte, nuestra alianza y hermandad con ellos. Nicaragua los respaldará en las Naciones Unidas y volverá a estrechar sus lazos comerciales y el restablecimiento de la cooperación que venía recibiendo de las multinacionales como Banco Mundial, BID, USAID, etc. Junto con lo anterior, desconocerá todos los préstamos contraídos por el ilegítimo gobierno actual con la República Popular China y cancelará todas las concesiones mineras otorgadas y los privilegios comerciales a los negocios chinos en el país. Desconocerá igualmente todo convenio firmado con Rusia y desmantelará las instalaciones de espionaje que opera en el país.

Nicaragua abrirá los brazos a todos los exiliados y buscará con la OIM (Organización Mundial de las Inmigraciones), de la ONU, ayuda financiera para quienes decidan regresar. Especial atención se dará a la reinserción de todos los sacerdotes, religiosas y religiosos que hayan sido forzados al exilio. Se levantarán las prohibiciones a las procesiones y actividades de las iglesias. Se devolverán a ellas los bienes confiscados e, igual, se reestablecerá la personería jurídica de las oenegés clausuradas y la propiedad de sus bienes. Se devolverá la ciudadanía y bienes a todos los expatriados y no se impedirá la entrada al país de ningún nicaragüense.

Se reestablecerá la más irrestricta libertad de prensa, concediéndose exenciones fiscales y préstamos blandos a todos los medios de difusión que hayan sido confiscados por la dictadura. Igualmente se reestablecerá la completa libertad de movilización y manifestación, anulando el requisito de autorización policial previa.

Se reestablecerá el derecho a indemnización de los empleados públicos y se prohibirá el establecimiento de cuotas a favor de cualquier partido. Se pasará una ley de servicio civil que proteja la estabilidad laboral de ellos y proteja de toda exigencia estatal a participar en manifestaciones o acciones políticas de cualquier naturaleza.

Se reformará la Constitución reestableciendo la completa independencia de los poderes del Estado con especial énfasis en el profesionalismo, integridad y autonomía del poder judicial. Igualmente se abolirá el absurdo establecimiento de copresidencias y se incorporará a la carta magna la obligación de que haya observación internacional en nuestras elecciones presidenciales. Se reestablecerá la ley del funcionamiento del ejército y policía establecido en el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, a fin de evitar la reelección de sus mandos y limitar sus períodos.

Se devolverán a sus dueños las universidades y centros educativos confiscados y se asegurará la completa autonomía de las universidades estatales. Se asegurará la más amplia libertad de cátedra y se someterá a todos sus profesores a exámenes académicos a fin de excluir aquellos que carezcan de la preparación adecuada para sus respectivas disciplinas.

Se suspenderá la abusiva práctica de liberar masivamente reos comunes, pero se investigarán con ayuda de expertos internacionales las finanzas, riquezas y negocios de los Murillo-Ortega y sus allegados, a fin de detectar y castigar acciones ilegales y actos de corrupción o tráfico de influencias. Se extraditarán a EE. UU. todo ciudadano involucrado en narcotráfico.

Cesarán los reparos fiscales abusivos contra las empresas privadas y más bien se creará un ambiente legal y administrativo que asegure al empresario la protección de sus derechos y facilite sus transacciones, simplificando al extremo los trámites burocráticos que pesan sobre ellos y todos los ciudadanos. Se darán exenciones fiscales extraordinarias a todo nacional o extranjero que quiera invertir o abrir negocios en el país, en particular aquellos que contribuyan a la creación de empleos.

En fin, estas son sólo algunas de las posibles medidas a tomar. Se invita al lector a sugerir las que considere adecuadas. Es preciso generar para los nicaragüenses el horizonte del país deseado.

El autor es sociólogo e historiador, autor de En busca de la tierra prometida. Historia de Nicaragua 1492-2019.

COMENTARIOS

  1. Horacio Novoa
    Hace 2 meses

    Coincido con la lista de cambios. Sin embargo, creo que para garantizar justicia y libertad, se deben crear leyes que promuevan la inclusión concreta de toda la sociedad en los planes educativos e iniciativas económicas que nos permitan avanzar en estás áreas. En este mundo de la tecnológica y las lenguas, de igual manera se deben aprobar leyes que incentiven el aprendizaje del inglés y el conocimiento tecnológico para acercarnos a ese mundo que ya goza de este conocimiento.

  2. Horacio Novoa
    Hace 2 meses

    Coincido con la lista de cambios. Sin embargo, creo que para garantizar justicia y libertad, se deben crear leyes que promuevan la inclusión concreta de toda la sociedad en los planes educativos e iniciativas económicas que nos permitan avanzar en estás áreas. En este mundo de la tecnológica y las lenguas, de igual manera se deben aprobar leyes que incentiven el aprendizaje del inglés y el conocimiento tecnológico para acercarnos a ese mundo que ya goza de este conocimiento.

  3. Hace 2 meses

    Otro punto fundamental que debería formar parte del verdadero golpe de timón democrático en una futura Nicaragua es la irrestricta autonomía municipal.

    El poder ejecutivo no debería tener facultades para intervenir arbitrariamente en los gobiernos locales, quitando y poniendo alcaldes, removiendo concejales o secuestrando alcaldías mediante decisiones políticas disfrazadas de legalidad.

    La autonomía municipal no puede ser un simple adorno constitucional. Debe ser un principio real y blindado jurídicamente.

    Los alcaldes y concejales son electos por los ciudadanos de sus municipios, no nombrados por el presidente de turno ni subordinados al capricho del poder central. Si un gobierno central puede destituir autoridades municipales simplemente porque son incómodas políticamente, entonces la democracia local deja de existir y las alcaldías se convierten en simples sucursales del Ejecutivo.

    Precisamente uno de los grandes males de los sistemas autoritarios latinoamericanos ha sido la concentración enfermiza del poder en la capital, donde todo depende de la voluntad presidencial: presupuesto, proyectos, permisos, autoridades y hasta decisiones puramente comunitarias.

    Una Nicaragua verdaderamente democrática necesitará descentralizar el poder, fortalecer las municipalidades y garantizar que los gobiernos locales tengan independencia administrativa, presupuestaria y política.

    Porque la democracia no se construye solamente desde la presidencia de la República. También se construye desde los municipios, desde las comunidades y desde el derecho de cada ciudadano a elegir libremente a sus autoridades locales sin miedo a que luego un caudillo desde Managua decida removerlas a conveniencia política.

  4. Hace 2 meses

    Estoy absolutamente de acuerdo con gran parte de lo que plantea el señor Humberto Belli sobre la necesidad de un golpe de timón institucional en la futura Nicaragua democrática. Quizás por cuestión de espacio o de la prisa propia de resumir ideas tan complejas, siento que faltó profundizar en un punto absolutamente vital: la verdadera independencia de los poderes del Estado y la protección constitucional de la representación popular.

    Una democracia real no puede existir si un diputado termina siendo propiedad del partido político y no representante soberano de los ciudadanos que votaron por él.

    Si un diputado es electo legítimamente por el pueblo, su investidura debe pertenecerle a él como funcionario electo, no a la cúpula partidaria ni mucho menos al Consejo Supremo Electoral. Si posteriormente cambia de partido, rompe con su bancada o decide actuar conforme a su conciencia, el sistema no debería tener la facultad de arrebatarle la diputación.

    Eso convierte al legislador en rehén político y destruye la independencia parlamentaria.

    Sería equivalente a pretender destituir automáticamente a un presidente únicamente porque rompió con el partido bajo el cual fue electo. Los errores políticos deben castigarse en las siguientes elecciones, no mediante confiscaciones arbitrarias de cargos por organismos electorales sometidos al poder político.

    Precisamente ese tipo de deformaciones institucionales fueron las que permitieron en Nicaragua la consolidación de un sistema donde los diputados dejaron de representar al ciudadano y pasaron a obedecer ciegamente al caudillo de turno.

    La futura Constitución democrática de Nicaragua debería blindar claramente el principio de representación popular individual, garantizar la separación real de poderes y eliminar cualquier mecanismo que permita convertir al Parlamento en simple apéndice del Ejecutivo.

    Porque sin diputados libres, no existe Asamblea independiente. Y sin Asamblea independiente, la democracia termina siendo solamente decoración institucional.

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