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El Congreso de Estados Unidos pospuso una audiencia prevista para el próximo 20 de mayo sobre Nicaragua, titulada “Enfrentando al régimen totalitario de Ortega-Murillo”, porque ese día a la 1 de la tarde será anunciada la acusación contra el expresidente cubano Raúl Castro, informó el despacho de la congresista republicana María Elvira Salazar.
La audiencia sobre el régimen Ortega Murillo pasará para el dos de junio y en esta se examinarán los recientes retrocesos democráticos en Nicaragua y las tensiones crecientes con Washington.
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La reunión es organizada por el Subcomité del Hemisferio Occidental y contará con la participación de Ana Quintana-Lovett, subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, según la información publicada en la página oficial del Subcomité del Hemisferio Occidental (119º Congreso), que se conoció antes de que la reunión fuese pospuesta. El lugar de la cita es el Rayburn House Office Building en Washington D.C.
El evento parlamentario refleja una preocupación específica dentro de la administración estadounidense por la consolidación del modelo autoritario impulsado por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los legisladores también observarán la expansión de los vínculos internacionales del gobierno sandinista con Rusia, China e Irán, aliados que han reforzado su cooperación con Managua en los últimos años. Este punto se suma a las inquietudes sobre los efectos que tales alianzas podrían tener para la seguridad y la política regional.
Bajo presión: sanciones contra operadores y funcionarios
En la última etapa del mandato de Ortega y Murillo, el gobierno estadounidense ha intensificado las sanciones contra funcionarios, operadores y empresas asociadas al régimen, a quienes responsabiliza por violaciones sistemáticas de los derechos humanos, persecución de disidentes y debilitamiento institucional, de acuerdo con medios internacionales. Entre las medidas observadas por el Congreso destacarán también prácticas como el cierre de más de una decena de organizaciones civiles, la confiscación de universidades, la expulsión de miembros de la Iglesia católica, el encarcelamiento de opositores y restricciones impuestas a la prensa independiente en Nicaragua.
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El Congreso de Estados Unidos también examina el impacto del éxodo de nicaragüenses y el destino de presos políticos, personas desnacionalizadas y ciudadanos desterrados. La atención parlamentaria hacia estos temas obedece a la combinación de crisis política, represión interna y colapso de la institucionalidad democrática documentados por organismos internacionales.
Ana Quintana-Lovett —quien funge como representante del Departamento de Estado para la ocasión— cuenta con experiencia previa en asuntos de democracia, seguridad y gobernabilidad en América Latina. Su comparecencia será clave para delinear las respuestas estadounidenses frente al endurecimiento del régimen nicaragüense.
El Subcomité del Hemisferio Occidental, organizador de la audiencia para junio, tiene entre sus atribuciones la supervisión de los asuntos exteriores de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, incluidas materias de derechos humanos, migración, seguridad y fortaleza democrática.
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Ortega desafía a EE. UU. y consolida acuerdos con Rusia y China
La administración de Estados Unidos incrementó la presión sobre el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua con nuevas sanciones dirigidas al círculo familiar y financiero de la pareja presidencial. El Departamento del Tesoro impuso restricciones a dos hijos del mandatario y a altos funcionarios de áreas clave como minas, telecomunicaciones e inteligencia militar, a quienes se acusa de fomentar la inestabilidad regional y desarrollar redes de vigilancia civil.
Las medidas incluyen un bloqueo al sector del oro, columna vertebral de la economía nicaragüense, mediante restricciones a empresas de capital chino y locales, lo que representa un fuerte golpe a las principales fuentes de divisas del régimen, detalló. Ortega respondió con declaraciones públicas ofensivas hacia la administración de Donald Trump, a quien calificó de “desquiciado mental”, tras la intensificación de las sanciones.
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La ruptura diplomática se extiende a otros países del continente y Europa. Gobiernos vecinos, como el de Guatemala, han calificado al gobierno sandinista de antidemocrático, mientras que la Cancillería nicaragüense rechaza cualquier señalamiento externo. El régimen también ha despojado de su nacionalidad a más de 300 opositores políticos, periodistas y religiosos, enviándolos al exilio y enfrentando denuncias internacionales por crímenes contra la humanidad y “muerte civil”.
