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El canciller de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, aseguró que su país ha condenado al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas en Nicaragua. Un día después la dictadura le respondió.
En una entrevista con el diario El País, de España, afirmó que “Guatemala ha sido muy clara en condenar a Nicaragua. Incluso hemos recibido prisioneros nicaragüenses por cuestiones humanitarias”.
Agregó que el gobierno guatemalteco mantiene relaciones diplomáticas con Nicaragua, aunque actualmente no tiene embajador en Managua. “Y hemos condenado a Nicaragua en diversos espacios regionales e internacionales. Creemos que es un régimen antidemocrático que, además, pasa por encima de su población”, insistió.
Preocupación por el avance autoritario en Centroamérica
En la misma entrevista, Martínez expresó preocupación por el auge de los discursos de mano dura y las propuestas autoritarias en Centroamérica, impulsadas por la crisis de inseguridad que atraviesan varios países de la región.
Sostuvo que las políticas de mano dura no han dado resultados efectivos ni en Guatemala ni en otros países centroamericanos. “La democracia tiene déficits muy grandes, pero es el régimen que conocemos, el que mejor funciona, el más abierto, el más participativo. Tenemos que seguir apostando por ella”, afirmó.
Las declaraciones de Martínez coinciden con las advertencias realizadas por el politólogo costarricense Gustavo Araya en una entrevista con LA PRENSA, publicada el 11 de mayo de 2026, donde alertó sobre el avance de tendencias autoritarias y el deterioro democrático en Centroamérica.
Araya advirtió que en varios países de la región existe “una intención de perpetuar regímenes autoritarios” y alertó sobre prácticas que, aunque mantienen una apariencia democrática, terminan concentrando poder y debilitando las instituciones. “Podríamos ver una dictadura”, afirmó al referirse a los riesgos para la democracia costarricense.
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El apoyo humanitario de Guatemala
En septiembre de 2024, el Gobierno de Guatemala, presidido por Bernardo Arévalo, acogió a 135 presos políticos nicaragüenses excarcelados y desterrados por el régimen de Ortega y Murillo, tras una gestión impulsada por Estados Unidos.
En ese momento, el entonces asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, señaló que la Administración Biden-Harris logró la excarcelación “por razones humanitarias”.
“Nadie debe ser encarcelado por ejercer pacíficamente sus derechos fundamentales de libre expresión, asociación y práctica de su religión”, indicó Sullivan en un comunicado.
Entre los liberados se encontraban 13 miembros de la organización cristiana Puerta de la Montaña, con sede en Texas, además de laicos católicos, estudiantes y otros ciudadanos considerados por Managua como una amenaza para el poder de Ortega y Murillo.
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El propio canciller Martínez aseguró que las negociaciones para la liberación de los 135 presos políticos nicaragüenses se realizaron directamente entre los gobiernos de Estados Unidos y Nicaragua, mientras que Guatemala actuó como país colaborador y receptor de los excarcelados por razones humanitarias.
Funcionarios estadounidenses indicaron que la excarcelación fue resultado de meses de presión pública y privada ejercida por Washington sobre Managua. Además, aseguraron que la dictadura nicaragüense no obtuvo ninguna concesión a cambio y calificaron la liberación como “una acción unilateral”.
Dictadura reacciona: «Declaraciones irrespetuosas e injerencistas»
La reacción no se hizo esperar horas después que LA PRENSA publicó la noticia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la dictadura calificó como irrespetuosas e injerencistas las declaraciones vertidas por el canciller guatemalteco al diario español.
«Nicaragua no ha intervenido nunca en los asuntos internos de ningún país, igualmente, nunca nos hemos referido a los difíciles procesos políticos, sociales y económicos que, de convulsión en convulsión, ha vivido ese hermano país centroamericano», dijo la dictadura a través de un comunicado en referencia a Guatemala.
Según la nota de prensa, la dictadura insistió en «solidarizarse» con el pueblo guatemalteco e insistió en el respeto mutuo de ambos países, donde «todos los días debemos comprometernos a avanzar en las urgentes luchas contra la pobreza y por el bienestar al que nuestras comunidades tienen derecho».
La dictadura Ortega Murillo no sólo evitó mencionar el tema de derechos humanos, en que ha sido denunciado por la comunidad internacional por la comisión de delitos de lesa humanidad, sino que se ha negado a rendir cuentas sobre los actos cometidos por el Estado contra los ciudadanos. En cambio, basado en la supuesta defensa de la «soberanía», ha dirigido una campaña de represión contra toda la sociedad en general.
Según el mecanismo de reconocimiento de las personas presas políticas de Nicaragua, hasta el 31 de marzo de 2026, la dictadura Ortega Murillo tenía 47 prisioneros.
