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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió restablecer la democracia, el Estado de derecho y pidió la libertad de los presos políticos en Nicaragua. A través de un pronunciamiento público, el organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) se pronunció sobre la situación del país, cuando se cumplen ocho años de la rebelión cívica que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo reprimió con brutalidad.
Con esa agresión del Estado, el régimen abrió la herida de una de las crisis más graves de derechos humanos en la región. “A ocho años de las protestas sociales y la ola represiva llevada a cabo por el Estado, continúa la crisis de derechos humanos en Nicaragua. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena las continuas violaciones a los derechos humanos y urge al Estado de Nicaragua a restablecer el Estado de derecho”, destacó en el comunicado.
Este sábado 18 de abril se cumple el aniversario de las protestas antigubernamentales. Surgieron de la inconformidad con el manejo estatal del incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz, pero también con la reforma inconsulta al sistema de Seguridad Social y el hartazgo general por el abuso acumulado de la gestión de los Ortega Murillo en el poder desde 2007.
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El pronunciamiento de la CIDH cobra relevancia porque miembros de la comisión fueron quienes investigaron durante mayo de 2018 las violaciones de derechos humanos en el país.
Según datos de la OEA, entre el 18 de abril de 2018 y el 31 de julio de 2019, al menos 355 personas fueron asesinadas en el contexto de las protestas. De estas, 27 fueron niños, niñas y adolescentes, además de 23 agentes de la Policía del régimen.
La opresión estatal provocó centenares de heridos. La muerte, la cárcel o el exilio se convirtieron en herramientas de represión que los Ortega Murillo fueron aplicando de manera sofisticada. Naciones Unidas identificó recientemente incluso una estructura en que se fusionaron miembros del Estado y del partido con el objetivo de reprimir, la cual estaría al mando de la dictadora Rosario Murillo.
Entre las violaciones de derechos humanos se cuentan ejecuciones extrajudiciales. Pero desde entonces el destierro, la privación de nacionalidad, las confiscaciones, y otros tipos de abusos han sido denunciados y documentados por organismos internacionales.
Poner fin a la represión y la impunidad
La CIDH demandó también poner fin a la represión y liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas arbitrariamente o encarceladas por motivos políticos. Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, hasta el 31 de marzo, suman 47 reos de conciencia, de los cuales 44 son hombres y tres mujeres, 14 son adultos mayores y 11 se encuentran en condición de desaparecidos.
El órgano de la OEA también exigió que cese la impunidad generalizada. “La situación de derechos humanos en Nicaragua continúa siendo una de las más graves de la región, en un contexto en el que se ha consolidado una concentración absoluta del poder en el entorno familiar Ortega-Murillo”, resaltó la CIDH.
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El órgano además mencionó la profundización de prácticas sistemáticas de detenciones arbitrarias, muertes bajo custodia, torturas, violencia sexual y condiciones de detención degradantes contra personas opositoras y defensoras de derechos humanos. Asimismo mencionó los casos de desapariciones forzadas y los “impactos diferenciados” que enfrentan las mujeres, adultos mayores e indígenas.
Persecución de la libertad religiosa
“Las autoridades mantienen la imposición de severas restricciones a la libertad religiosa, prohibiendo celebraciones en espacios públicos, vigilando ceremonias y criminalizando expresiones de fe”, añade el documento en referencia a las más de 28 mil procesiones religiosas que han sido prohibidas por el régimen desde 2019 hasta abril de este 2026, principalmente en tiempos de Cuaresma, uno de los períodos más importantes para el catolicismo.
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La CIDH reiteró su solidaridad con las víctimas de la represión e instó también a Ortega y Murillo a restablecer la democracia. A los Estados de la región y a la comunidad internacional les recordó “su responsabilidad de promover el restablecimiento de la democracia y la plena vigencia del Estado de derecho en Nicaragua”.
