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La Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial de San José abrió una investigación a la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), órgano técnico-policial adscrito al Ministerio de la Presidencia, en el caso del asesinato del opositor nicaragüense Roberto Samcam, ocurrido el jueves 19 de junio de 2025 en su apartamento en Moravia en la capital, informó la televisora costarricense Teletica.
La indagación se encuentra en fase inicial y se centraría en personas —aún no identificadas— por el presunto incumplimiento, «en perjuicio de los deberes de la función pública», debido a presuntas omisiones a los alertas que el mismo militar en retiro Samcam y otros exiliados habían hecho llegar al órgano de la Presidencia sobre presuntas amenazas.
Esta indagación es paralela a la del crimen, uno de los que ha más impactado en la comunidad de exiliados de Nicaragua. Desde 2018, miles de nacionales han huido de la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo encontrando en Costa Rica un país de acogida.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) clasificó recientemente como ideológico el caso de Samcam y lo describió como un crimen «profesional y por encargo».
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DIS recomendó a exiliados no denunciar
En una nota Teletica, publicada el 15 de abril, citó el expediente de la OIJ. En ese documento se detalla que Samcam y otros exiliados mantenían comunicación estrecha con Wilber Hernández Jiménez, un funcionario de la DIS. Fue a él a quien mantuvieron informado sobre las amenazas de muerte, además de un plan de la dictadura Ortega Murillo para atentar contra sus vidas.
La OIJ hizo hincapié, hasta marzo de 2026, que no habían recibido ningún alerta de la DIS y, que más bien, le recomendaron a Samcam y los otros exiliados que no denunciaran ni alertaran sobre las amenazas de muerte. Les alegaron que había personas infiltradas.
Caso pone “a prueba” al Estado costarricense
Para la viuda de Samcam, Claudia Vargas, el caso de su esposo pone a prueba a las instituciones costarricenses. “Exige que todas las instituciones actúen con rigor, transparencia y profundidad”, afirma.
Vargas considera que es «un paso necesario» que la Fiscalía costarricense haya decidido abrir esta investigación. Agregó que, por respeto al proceso en curso, no puede hablar respecto a las conversaciones que el mayor en retiro sostuvo con las autoridades costarricenses.
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“Es un caso que pone a prueba la capacidad del Estado costarricense de garantizar justicia, pero también de responder frente a fenómenos más complejos como la violencia política y sus posibles dimensiones transnacionales”, reiteró Vargas.
Ella espera que el proceso sea “sostenido, coherente y transparente” para llegar a la verdad completa y a quienes planificaron y ordenaron el asesinato.
Las autoridades costarricenses revelaron que el detonante del asesinato de Samcam fue su colaboración en un informe de la ONU sobre abusos cometidos por el régimen. En el expediente existía una lista de diez personas a las que el régimen planificaba asesinar, pero exiliados consultados por LA PRENSA pidieron públicamente un manejo responsable de estos nombres.
