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La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció este jueves 26 de junio que en representación de su país había firmado sendos acuerdos con Guatemala y Honduras para que ambas naciones reciban a solicitantes de asilo que, de otro modo, pedirían refugio en suelo estadounidense.
Las declaraciones generaron revuelo inmediato: mientras Noem afirmaba que se trataba de una medida “histórica” para “brindar opciones seguras a quienes huyen de la persecución”, los gobiernos de ambos países centroamericanos negaban haber pactado tal cosa, según público AP.
Contradicciones
“Guatemala y Honduras serán ahora países que acogerán a solicitantes de asilo y les otorgarán estatus de refugiados”, declaró Kristi Noem durante una rueda de prensa, según reportes de The Associated Press y ABC News.
En su versión, los acuerdos permitirían que migrantes de terceros países puedan permanecer en esas naciones mientras sus procesos migratorios avanzan.
“Honduras y, a partir de hoy, Guatemala, serán países que acogerán a esas personas y les concederán también el estatus de refugiados”, afirmó Noem.
“Nunca hemos creído que Estados Unidos deba ser la única opción, que la garantía para un refugiado sea ir a algún lugar donde esté seguro y protegido de cualquier amenaza a la que se enfrente en su país. No tiene por qué ser necesariamente Estados Unidos”, publicó Telemundo citando a Noem.
Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala fue tajante: “No se ha firmado ningún acuerdo para convertirse en tercer país seguro”.
Desde Honduras, la presidenta Xiomara Castro confirmó que se firmaron documentos para reforzar la cooperación en seguridad y migración, pero que en ningún momento se aceptó acoger a refugiados no hondureños, según AP.
Seguridad y datos biométricos
Lo que se concretó, según la versión de los gobiernos centroameericanos y reportes de medios como Infobae y AP, fue un memorando de entendimiento para implementar mecanismos de seguridad conjunta.
En el caso de Guatemala, se autorizó que oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) operen en el Aeropuerto Internacional La Aurora, compartiendo datos biométricos y entrenando al personal local en control migratorio y antiterrorismo.
“Este acuerdo histórico nos permitirá compartir información, verificar identidades y proteger a ambos países del crimen organizado y el terrorismo”, sostuvo Noem.
En Honduras, el enfoque fue similar: fortalecimiento de controles fronterizos, intercambio de datos y mayor presencia técnica de agencias estadounidenses, pero sin asumir compromisos en cuanto a la recepción de refugiados.
“Se firmó ser tercer país seguro”
LA PRENSA conversó con Óscar Estrada Leiva sobre estas contradicciones, y según el investigador y escritor hondureño, estos acuerdos «sí» se habrían firmado entre Estados Unidos y, en este caso, Honduras, pero el gobierno de su país estaría tratando de evitar mencionarlo de manera directa.
“No hay una información oficial y por eso hay distintas versiones. Lo que tengo entendido es que lo que se firmó ahí fue el acuerdo para ser tercer país seguro. Y eso tiene un coste político para Honduras. Por eso han preferido no mencionarlo, porque ahorita en Honduras se está llevando a cabo todo el proceso de conmemoración del aniversario del golpe de Estado, y en los cálculos políticos eso tiene una consecuencia”, dijo vía telefónica a LA PRENSA.
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Según Estrada, este tipo de acuerdos ya se han intentado con anterioridad entre Estados Unidos y Honduras. Tal fue el caso con el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien “había firmado un acuerdo similar en 2019, pero que al final no se ejecutó”, señaló.
A criterio del investigador, quizás el gobierno de Honduras “está esperando que el tema se olvide o que pase desapercibido”, ya que este acuerdo podría ser criticado por la oposición política en el país y por otros sectores de la sociedad hondureña. “Quizás no quieren que se les vea tan condescendientes con Estados Unidos”, concluyó.
¿Estrategia sin respaldo regional?
En esta ocasión, la diferencia clave parece estar en el lenguaje: ni Guatemala ni Honduras están dispuestos a asumir públicamente el rol de «tercer país seguro», aunque los memorandos pueden abrir la puerta a una reinterpretación operativa en el futuro.
Expertos en migración citados por medios internacionales advierten que este tipo de ambigüedad puede generar riesgos: “Los acuerdos sin transparencia ni claridad terminan por desproteger a los migrantes, y debilitan el derecho internacional al asilo”, señaló a The Guardian el abogado estadounidense Eric Schwartz, presidente de Refugees International.
Por ahora, la mayoría de los detalles permanecen bajo reserva diplomática. Noem habló de acuerdos “en marcha desde hace meses”, mientras que los gobiernos firmantes parecen más interesados en subrayar que se trata de cooperación técnica, no de compromisos vinculantes en materia de refugio.
