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El pasado 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, el premio a los trabajadores del sector público en Nicaragua fue un descarado zarpazo a sus bolsillos, con una deducción a su salario bruto del 2 al 10 por ciento como aporte obligatorio partidario al FSLN.
Si el partido sandinista, propiedad exclusiva ahora de los Ortega Murillo, hubiera estado en la oposición en la época de los “gobiernos neoliberales” ya hubieran provocado una asonada nacional. Recortes a las pensiones de vejez —mucho menos que este zarpazo— en las anunciadas reformas al INSS en el 2018, fueron la chispa que encendió las protestas cívicas generalizadas que fueron apagadas con una brutal represión.
Ahora los empleados públicos ni siquiera pueden protestar porque si protestan los despiden, a como ya ha ocurrido en algunos casos.
Los docentes en el exilio han denunciado la profundización de la “precariedad” por las deducciones en concepto de “aporte al partido FSLN” que les desajusta el presupuesto familiar, ya desajustado por la inflación que experimenta la canasta básica.
La Unidad Sindical Magisterial en el exilio (USME) denunció en el Diario LA PRENSA que “en un acto que consideramos de despojo y desprecio hacia el magisterio, la dictadura Ortega y Murillo ha decidido aplicar una deducción del seis por ciento al salario docente, esto adicional al uno por ciento que ya les deducen para el sindicato oficialista de la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (Anden).
La excomandante guerrillera Dora María Téllez reaccionó así en unas declaraciones a 100% Noticias: “El día de ayer que se celebró el Día Internacional de los Trabajadores, la dictadura Ortega Murillo le metió la mano en la cartera a los empleados públicos: trabajadores de salud, enfermeras, auxiliares, médicos, maestros, personal de limpieza, policías, soldados… a todo mundo le metió la mano en la cartera y les sacaron entre 100 y 200 córdobas y entre 4,000 y 5,000 córdobas, dependiendo; a unos les cayó el dos por ciento a otros les cayó el diez por ciento”.
Tellez cuestionó también el destino de esas recaudaciones ilegales, “las francachelas, las vagancias, los lujos, las mansiones, los caprichos, los árboles de la vida de la familia Ortega Murillo. Aporte obligatorio: a todos los trabajadores del sector público le metieron la mano en el bolsillo”.
Definitivamente que la familia Ortega Murillo está manejando Nicaragua como si fuera una hacienda de su propiedad exclusiva y están tratando a los humildes trabajadores del Estado como si fueran sus peones. Los obligan a asistir a los actos partidarios y ahora han llegado al extremo de reducirles su escuálido salario para engordar las arcas de su hacienda medieval.
El derecho a la protesta está cercenado y la disyuntiva que enfrentan los empleados públicos es la dignidad o el desempleo. Una protesta digna y masiva como lo harían los trabajadores en cualquier país civilizado equivale a un pase seguro al desempleo.
Trabajar para el Estado en Nicaragua equivale a tener que sacrificar la libertad de conciencia, la libertad de poder escoger una militancia en un partido que no sea el partido sandinista, que se identifica con la bandera rojinegra que tanto daño le ha traído a Nicaragua en el último medio siglo. Ahora los que enarbolan dicha bandera exigen sumisión total para entrar a trabajar al Estado y la pérdida del derecho más esencial de ser humano: la libertad.
El autor es periodista, político y escritor nicaragüense, ex preso político desterrado y autor del libro testimonial “Destinos heredados” y “Un cauce hacia la democracia”. Fue codirector de LA PRENSA de 1981 a 1984.
