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La agencia calificadora de riesgo, Fitch Ratings confirmó a Nicaragua la nota B con perspectiva estable, sin antes advertir que las sanciones de Estados Unidos hacia el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo están escalando del plano personal a actividades económicas sensibles, lo que supone un riesgo latente.
Eso sí, Fitch admitió que la dictadura tiene colchones financieros resistentes construidos a base de una política fiscal prudente «y superávits que respaldan la acumulación de amortiguadores externos y fiscales».
Pero a la vez indica que esas fortalezas están amenazadas por «las elevadas vulnerabilidades geopolíticas (incluidas las sanciones económicas), una mayor proporción de deuda en moneda extranjera y una dolarización financiera superior a la de sus pares, una gobernanza débil y un bajo PIB per cápita», precisa.
Sobre las sanciones de Estados Unidos, dijo que «se han endurecido y ampliado tras la incautación de activos pertenecientes al sector privado estadounidense. Las nuevas sanciones han evolucionado desde medidas dirigidas a personas físicas hacia medidas de carácter sectorial, focalizadas en industrias generadoras de ingresos —tales como la minería y las telecomunicaciones—, con el objetivo de debilitar las fuentes de financiamiento estructural de la administración».
El pasado 20 de abril, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a siete empresas mineras que operan en Nicaragua por canalizar recursos que, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), fortalecen a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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«La dictadura de Murillo-Ortega ha buscado llenar sus propias arcas mediante el uso de estas empresas auríferas y de sus cómplices, confiscando inversiones estadounidenses en Nicaragua y utilizándolas para generar fondos con los que mantener su poder político», declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. «Estados Unidos no permitirá la confiscación ilícita de activos de propiedad estadounidense y continuará apuntando a las fuentes de ingresos que fortalecen al corrupto régimen de Murillo-Ortega», se leía en el comunicado del Departamento del Tesoro al anunciar las sanciones.
«Un endurecimiento adicional de las sanciones constituye un riesgo latente», advirtió Fitch.
Las políticas migratorias de Trump amenazan
Otra amenaza para la economía y las finanzas del régimen de Ortega es «el endurecimiento de la política migratoria estadounidense», lo que plantea un desafío, «dada la elevada dependencia del país respecto de las remesas». Cabe mencionar que desde el año pasado, la dictadura mantiene oculta la cifra del ingreso de remesa en el 2025 y en lo que va del 2026.
«Un aumento sostenido en el número de deportaciones podría ejercer presión a la baja sobre los flujos de remesas y el crecimiento del PIB a medio plazo», agrega la agencia, a lo que advierte que «la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos provocó una disminución en las exportaciones provenientes de las zonas francas, si bien dichos aranceles excluyeron a los productos de oro».
«El superávit por cuenta corriente de Nicaragua alcanzó un máximo histórico del 9.5 por ciento del PIB en 2025, favorecido por los elevados precios del oro y un marcado incremento en la entrada de remesas. Si bien las remesas ya no se desglosan de manera específica en los datos de la balanza de pagos, Fitch estima que estas alcanzaron aproximadamente el 27 por ciento del PIB en 2025, con una tendencia de crecimiento acorde a la de otros países», indica.
Habrá crecimiento económico
Pese a esas tres amenazas sobre la economía, Fitch considera que «el crecimiento se estabilizará en los próximos años. El crecimiento del PIB real aumentó al 4.9 por ciento en 2025, frente al 3.6 por ciento registrado en 2023.
«El consumo se mantuvo como el principal motor de crecimiento, impulsado por un repunte en las remesas que parece estar relacionado con la política migratoria de Estados Unidos. Además, la inversión tanto privada como pública experimentó un crecimiento significativo», precisó respecto al comportamiento de la economía el año pasado y que sustentan su decisión de mantener invariable la calificación de deuda soberana a Nicaragua.
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No obstante, advierte que «las importaciones netas continúan lastrando el crecimiento, dado que el dinamismo generado por las remesas ha provocado un aumento más acelerado de las importaciones en comparación con las exportaciones; esta situación se ha visto exacerbada por el proteccionismo estadounidense, aunque parcialmente mitigada por el alza en los precios del oro».
Fitch prevé que el crecimiento económico de Nicaragua se estabilice entre el 3.5 y el 4 por ciento en el periodo 2026-2027, en un contexto de desaceleración de las remesas y precios del petróleo más elevados.
Superávit récord
Un elemento que destaca la agencia es la fortaleza del superávit fiscal que la dictadura exhibe desde el 2022, alcanzando un récord del 3.5 por ciento del PIB en 2025.
Lo anterior se ha originado por «una sólida recaudación tributaria —que refleja el consumo impulsado por las remesas y efectos puntuales derivados de medidas reforzadas de cumplimiento fiscal—, combinada con una menor factura de intereses, impulsó este sólido desempeño a pesar de un crecimiento del 20 por ciento en el gasto de capital».
Pese a ello, la agencia espera que el superávit disminuya al 2.9 por ciento y al 2.1 por ciento del PIB en 2026 y 2027, respectivamente, «a medida que el crecimiento se normalice, la carga de intereses aumente en un contexto de menor financiamiento concesional, y se incremente el gasto en subsidios conforme el Gobierno absorba los mayores costos del petróleo para evitar cambios en los precios minoristas».
Desde mediados del año pasado, el Banco Central no actualizaba la información y esta semana reveló que hasta marzo de este año los depósitos del Gobierno central se han disparado a 135,898.1 millones de córdobas, una cifra nunca registrada en ninguna administración anterior.
Solo este año, la dictadura, que ha puesto en marcha una vieja recomendación del Fondo Monetario Internacional, ha transferido al BCN 30,923.1 millones de córdobas, por encima de los 16,106.8 millones que había enviado en similar periodo del año pasado respecto al primer trimestre del 2023.
«Los superávits sostenidos han permitido al Gobierno amortizar bonos en moneda local con mayores tasas de interés y acumular depósitos, los cuales alcanzaron el 16.8 por ciento del PIB a finales de 2025. La deuda del gobierno general disminuyó al 39.1 por ciento del PIB en 2025, desde el 39.7 porciento en 2024, y se prevé que se mantenga en una firme trayectoria descendente, alcanzando el 36.3 por ciento en 2026 y el 33.9 por ciento en 2027; cifras muy por debajo de la mediana proyectada de la categoría ‘B’, situada en el 51 por ciento».
La calificadora menciona que en 2025, «el Gobierno emitió bonos no negociables, a 100 años, con interés cero y denominados en córdobas —por un valor equivalente al 4 por ciento del PIB— al Banco Central (BCN). Esta emisión tuvo como objetivo reemplazar las cuentas por pagar existentes relacionadas con la crisis bancaria de principios de la década de 2000 y las pérdidas cambiarias, en lugar de servir para fines de financiamiento; lo cual impidió una mayor reducción en la relación deuda/PIB».
Viene financiamiento más costoso
Sobre el financiamiento externo, la agencia dijo que este mantiene su tendencia a la baja, pasando de representar el 2.4 por ciento del PIB en el 2023 al 0.6 por ciento el año pasado, lo que ha sido compensado por la política fiscal del Gobierno, es decir por la mayor recaudación de impuestos.
«Los desembolsos de organismos multilaterales han disminuido, lo que derivó en amortizaciones netas en 2025; por el contrario, los desembolsos provenientes de acreedores externos privados experimentaron un aumento significativo, superados únicamente por los del BCIE, que se mantiene como el principal acreedor externo de Nicaragua», explica.
Fitch prevé que el Gobierno en los próximos años «aumente la dependencia respecto de acreedores externos bilaterales y privados, los cuales resultan más costosos».
