Aunque el régimen de Daniel Ortega tiene la esperanza de recuperar este año al menos 20,000 plazas en las empresas de zona franca y envió un paquete de reformas para ofrecer a estas más beneficios fiscales en un intento de frenar los masivos despidos, todo apunta a que se requerirán más esfuerzos que los que se estén haciendo.
Casi diez mil trabajadores fueron despedidos en este sector en los primeros dos meses de este año, lo que refleja la profundidad de la crisis que azota a estas empresas. Solo en febrero, que es la cifra recién actualizada por el Banco Central (BCN), las 168 empresas que operan en este régimen arancelario especial mandaron al desempleo a 4,389 personas.
Esos trabajadores se sumaron a otros 5,249 que se agregaron al desempleo en enero, para un total solo en el primer bimestre de este año de 9,638, lo que indica un aceleramiento comparado con igual periodo del año pasado, cuando en medio de la crisis las empresas sacaron de su planilla a 633 trabajadores.
Estas casi diez mil personas se suman a las 16,043 que en todo el año pasado quedaron sin trabajo. Es decir un promedio mensual de 1,334 despidos, por encima de las casi 5,000 que este año se están ejecutando.
De esta manera, por primera vez desde el 2011, que la planilla cae por debajo de los cien mil trabajadores activos. Hasta febrero de este año, un total de 96,177 personas seguían empleadas en las 168 empresas de zona franca, según cifras oficiales.
La planilla en febrero de este año está lejos de los 140,866 empleados que habían en julio del 2022, el máximo histórico del sector desde su creación. Es decir que hay una reducción sostenida y acumulada de 44,689 personas sin trabajo, por los masivos recortes que se han aplicado desde ese año, cuya crisis se ha profundizado en el 2025 y este 2026.
Sobre el número de empresas activas, hasta febrero de este año habían 168, una menos respecto a diciembre del año pasado, pero lejos de las 192 que se tenían en marzo del 2021, que había sido el máximo histórico del sector hasta ahora.
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Las metas irreales del régimen
El director ejecutivo interino de la Corporación de Zona Franca (CZF), Fernando Sánchez, dijo a mediados de abril que debido a la eliminación de los aranceles recíprocos generalizados de Estados Unidos y la reciente aprobación del combo de reformas a las leyes del sector para otorgar más beneficios, el sector zona franca recuperará este año unos 20,000 empleos.
«Esa es nuestra meta, cerrar el año con unos 120,000 empleos y creemos que muy fácilmente se puede cumplir con todas estas nuevas reformas de ley. Porque son nuevas oportunidades que tienen los inversionistas para ampliar sus operaciones. Y como hablamos anteriormente, ya no existe esa dificultad competitiva que podría tener Nicaragua si tuviese un arancel mayor que otros países», expresó.
Sánchez reconoció que el sector maquila, que representa aproximadamente el 50 o 60 por ciento del total del sector de zona franca, «fue afectado por caída de pedidos de trabajo» y «muchas de las empresas trasladaron algunas operaciones a El Salvador, Guatemala y Honduras», y otras redujeron espacios en los parques industriales.
Además de la recuperación de los empleos, pretende que el sector zona franca cierre el 2026 con más de 4,000 millones de dólares en exportaciones, favorecidas por la eliminación del arancel recíproco generalizado y estimuladas por la reciente reforma a las leyes del sector zona franca.
Sin embargo, una fuente vinculada al sector de zona franca duda que la meta del Gobierno sea realista, porque las empresas están sin pedidos de las marcas en Estados Unidos. «Eso es puro cuento chino que ni el director interino de la CZF, Fernando Sánchez, se lo cree. Las marcas continúan sin órdenes de trabajo en Nicaragua y esperan hasta que se cumplan los 150 días de los aranceles globales para determinar qué sucede. Hay escepticismo e incertidumbre. Lo más que se pueden recuperar son unos 8,000 empleos si las marcas dan trabajo a las empresas en Nicaragua», dijo a LA PRENSA la fuente en semanas recientes.
Los cambios ordenados por la dictadura
En la primera semana de abril, el régimen de Daniel Ortega ordenó cambios a la Ley de reformas y adiciones a la Ley 917, Ley de Zonas Francas de Exportación, en el que ordenó dar alivio fiscal a los dividendos generados por estas empresas.
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Además de la exención del ciento por ciento del Impuesto sobre la Renta de actividades económicas, las empresas y los socios de estas gozan ahora de la exención del pago de Impuesto sobre los dividendos por un periodo de 15 años, cuyo beneficio puede ser prorrogable por periodos iguales y que dependerá de la aprobación de la Comisión Nacional de Zonas Francas.
Una fuente explicó a este Diario que eso no creaba un incentivo para que las empresas no se fueran de Nicaragua, si no se resuelven las quejas y los grandes obstáculos aduaneros que afrontan a diario, con multas millonarias por el Fisco sin justificación.
Entre los reclamos de las empresas está crear una comisión para ventilar todos los problemas que enfrentan con la Dirección General de Asuntos Aduaneros (DGA), los problemas con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), con el Instituto Nacional Tecnológico (Inatec), así como la obtención de permisos ambientales más expeditos, entre otros.
Además hay inquietud sobre el próximo acuerdo tripartito para aprobar los ajustes del salario mínimos en este sector. Se necesita un acuerdo que dé «mayor estabilidad al sector y tener predictibilidad para los próximos cinco años, en vista de que dicho acuerdo finaliza en el 2027 y las autoridades no tienen mucho interés en dicha» negociación.
