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La reciente reunión de la Movilización Progresista Global en Barcelona reunió a líderes políticos, legisladores y activistas de todo el mundo, unidos por una preocupación común: la democracia está bajo ataque. El primer ministro español, Pedro Sánchez, la describió como un esfuerzo colectivo para hacer frente al auge mundial del autoritarismo, mientras que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva pidió reconstruir el multilateralismo y “volver a situar la justicia social en el centro de la agenda global”.
Más allá de estas declaraciones, la reunión apuntó a un consenso emergente acerca de que defender la democracia liberal exige repensar sus fundamentos económicos. Como observó Lula, la democracia no puede sobrevivir a menos que mejore el nivel de vida de la población.
Detrás de este sentimiento subyace el reconocimiento de que nuestro sistema económico actual —basado en el libre mercado, la intervención gubernamental limitada y la primacía de la elección individual— no ha logrado generar prosperidad compartida ni sostener la gobernanza democrática. Su supervivencia depende cada vez más de la coerción y las prácticas autoritarias. Por lo tanto, un discurso prodemocrático que busque preservar el statu quo corre el riesgo de agravar la crisis.
El modelo económico imperante ha erosionado el empleo estable, debilitado la protección laboral y privatizado servicios públicos esenciales, dejando a amplios sectores de la sociedad expuestos y vulnerables. Para muchos, esto se ha traducido en trabajo precario, aumento del costo de vida y perspectivas de futuro reducidas. El resultado no ha sido solo dificultades económicas, sino también una profunda sensación de abandono y resentimiento.
Este descontento económico ha tenido consecuencias políticas de gran alcance. Cuando la democracia liberal no logra brindar bienestar material, protección social ni un sentido de justicia, las fuerzas antidemocráticas, en particular la extrema derecha, canalizan la frustración y la ira populares hacia los migrantes, las minorías y los enemigos imaginarios. Al mismo tiempo, los movimientos autoritarios se presentan como instrumentos para impulsar agendas económicas que ya no se basan en el consentimiento de los trabajadores, sino en la coerción.
En el fondo de este modelo fallido subyace el poderoso mito de que los mercados son árbitros neutrales del mérito, que recompensan a las personas según su esfuerzo y talento. La desigualdad no se considera un problema, sino un motor de eficiencia e innovación. Sin embargo, a medida que aumentan las disparidades de ingresos y riqueza y se reducen las oportunidades, esta narrativa comienza a desmoronarse, y la gente cuestiona cada vez más cómo se distribuyen las recompensas económicas y pierde la confianza en la equidad de las reglas del juego.
Para defender la democracia, debemos ir más allá de tratar los síntomas y abordar las causas subyacentes de la crisis actual. Durante su presidencia del G20, Sudáfrica dio un paso importante en esta dirección al convocar al Comité Extraordinario de Expertos Independientes sobre la Desigualdad Global, presidido por el economista y premio Nobel Joseph Stiglitz. Al considerar la desigualdad como un riesgo sistémico tanto para la estabilidad económica como para la democracia, el Comité propuso la creación de un organismo internacional permanente que apoye la acción global coordinada.
Inspirándose en instituciones como el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, un organismo de este tipo podría consolidar la evidencia, monitorear las tendencias globales e influir en los debates políticos. También podría servir como plataforma de coordinación entre gobiernos, organizaciones internacionales y la sociedad civil, complementada por paneles nacionales sobre desigualdad que traduzcan las perspectivas globales en estrategias específicas para cada país. Estos esfuerzos deberían incluir evaluaciones sistemáticas del impacto distributivo de las políticas públicas, un seguimiento riguroso de la dinámica del mercado laboral —en particular, la asociada al cambio tecnológico— y la presentación periódica de informes públicos, lo que permitiría a los responsables políticos convertir el análisis en acciones colectivas y sostenidas.
Para lograr este objetivo, se requiere un cambio estructural hacia mercados laborales justos e inclusivos. Salarios mínimos sólidos, empleo estable y negociación colectiva no son meros instrumentos políticos; son instituciones democráticas que garantizan la seguridad y la autonomía individual. En términos más generales, reconstruir la democracia exige restaurar el papel del Estado en la provisión de bienes públicos esenciales como educación, salud y vivienda. Estas inversiones pueden financiarse mediante una reforma tributaria, que sigue siendo una de las herramientas más poderosas para reducir la desigualdad de ingresos y riqueza y, en última instancia, para determinar cómo se distribuyen las ganancias económicas.
La transición hacia una economía justa exige un nuevo modelo de desarrollo que armonice el progreso económico con la inclusión social y las prioridades ambientales. Durante demasiado tiempo, la idea de la planificación económica se ha descartado como obsoleta. Pero el desarrollo es un proyecto político deliberado, no el resultado inevitable de mercados que funcionan correctamente. La inversión pública y la política industrial son fundamentales para configurar economías sostenibles y dirigir los recursos hacia objetivos colectivos en lugar de intereses privados particulares.
Al proponer una alternativa clara y convincente a las prioridades políticas actuales, la Movilización Progresista Global ofrece una oportunidad única para ir más allá de la retórica e impulsar un modelo económico que reduzca la desigualdad, proteja el planeta, fortalezca las instituciones públicas y restaure los fundamentos materiales de la vida democrática. La respuesta al resurgimiento del autoritarismo no reside en remendar un sistema roto, sino en adoptar una visión progresista audaz y unificadora.
La democracia no puede sobrevivir solo con procedimientos. Necesita una base de igualdad, seguridad y prosperidad compartida. De lo contrario, terminaremos donde estamos ahora.
El autor es vicepresidente y economista jefe del Fondo Global para una Nueva Economía.
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