La verdadera pregunta sobre el futuro de la IA

Consideremos el grupo central de empresas que impulsan la historia de la IA: Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Meta, Broadcom, Tesla, OpenAI, Anthropic, SpaceX-xAI y Amazon Web Services. En conjunto, representan una apuesta de mercado extraordinaria. Bajo un escenario conservador —que para 2036 estas empresas coticen con ratios precio-beneficio de 20, obtengan márgenes de beneficio neto del 20 por ciento y consigan el 65 por ciento de sus ingresos adicionales en el extranjero—, en una década generarían aproximadamente 2.4 billones de dólares en ingresos extranjeros anuales adicionales. Dichos ingresos equivalen aproximadamente a todas las exportaciones de bienes estadounidenses actuales y superan el doble del déficit por cuenta corriente de Estados Unidos.

Es cierto que Estados Unidos tendrá que importar algunos insumos (como semiconductores) para ofrecer esos servicios de IA. Y no todos los beneficios recaerán en los estadounidenses, ya que los extranjeros también poseen acciones en empresas tecnológicas estadounidenses. Pero es probable que la compensación sea pequeña: según se informa, los extranjeros poseen solo entre el 15 por ciento y el 20 por ciento del índice bursátil S&P 500.

Estas cifras impactantes deberían llevarnos a replantearnos gran parte del debate macroeconómico global actual. Durante años, la discusión sobre los desequilibrios globales ha girado en torno a una preocupación recurrente: ¿cuánto tiempo podrá Estados Unidos seguir registrando grandes déficits externos? Pero si los mercados tienen razón, aunque sea de forma aproximada, sobre la IA, la pregunta más urgente es cómo el resto del mundo pagará las crecientes demandas del capital estadounidense en IA sobre la renta global.

Esto supone un giro radical. Al mundo no solo se le pedirá que reconozca el liderazgo tecnológico de Estados Unidos, sino que se le pedirá que pague por él, año tras año y a gran escala. Olvídense del auge generalizado de las exportaciones industriales que el presidente Donald Trump promete constantemente; los pagos del mundo irán a parar a un grupo relativamente pequeño de empresas que controlan los grandes modelos de lenguaje, chips, infraestructura en la nube, ecosistemas de software y plataformas complementarias de las que depende la era de la IA.

¿Cómo se supone que va a pagar el resto del mundo?

Los países financian sus importaciones con exportaciones de bienes y servicios, ingresos por inversiones, venta de activos o préstamos. Sin embargo, Estados Unidos avanza hacia un mayor proteccionismo, dificultando que las economías extranjeras obtengan los dólares necesarios para comprar bienes y servicios estadounidenses. Esto genera una contradicción evidente. Estados Unidos no puede pretender que el mundo transfiera enormes sumas a sus líderes en inteligencia artificial mientras restringe los canales a través de los cuales el resto adquiere poder adquisitivo.

Esta tensión tiene profundas implicaciones políticas. Silicon Valley y el movimiento MAGA de Trump pueden formar parte de la misma coalición política interna, pero sus intereses son fundamentalmente incompatibles. Si la valoración de las principales empresas estadounidenses de IA depende en gran medida del crecimiento futuro de sus ingresos en el extranjero, entonces el acceso a los mercados internacionales no es algo secundario, sino fundamental. Y a los extranjeros que se espera que compren productos y servicios estadounidenses de IA a una escala sin precedentes también se les debe permitir ofrecer algo a cambio.

Pero la historia no termina ahí: una expansión masiva de las exportaciones estadounidenses solo es viable si el precio relativo de dichas exportaciones disminuye; es decir, si la relación real de intercambio del resto del mundo mejora con respecto a Estados Unidos. Esto hace que el dilema político al que se enfrenta la coalición MAGA resulte aún menos atractivo.

Desde esta perspectiva, gran parte del debate comercial actual ya parece obsoleto. La obsesión con los déficits bilaterales y los aranceles resulta extrañamente provinciana —y cada vez más irrelevante— si se compara con la perspectiva de billones de dólares en pagos recurrentes a un puñado de empresas tecnológicas estadounidenses. Si las valoraciones actuales son, en general, correctas, la próxima fase de la globalización no se centrará en el déficit comercial de Estados Unidos, sino en la necesidad mundial de pagar por el acceso a la infraestructura de IA de propiedad estadounidense.

Luego está la cuestión de los impuestos. Las rentas implícitas en estas valoraciones son enormes. Y benefician a empresas que, en conjunto, emplean hoy a menos de un millón de personas. Según este cálculo, cada trabajador posee un valor de mercado de 23 millones de dólares. Esto no es un ejemplo de creación generalizada de empleo, sino de las pretensiones de un pequeño grupo sobre los ingresos futuros del resto de la humanidad.

Esto hace que la tributación no solo sea posible, sino políticamente indispensable. El gobierno estadounidense querrá su parte. Los gobiernos estatales y locales que albergan centros de datos también querrán su parte. Y los gobiernos extranjeros también querrán su parte. Las disputas actuales sobre los impuestos a los servicios digitales podrían parecer un leve preludio de una lucha mucho mayor sobre quién puede gravar las rentas de la IA.

La tributación influye directamente en la valoración. Si estas rentas se gravan con poca frecuencia, los precios actuales podrían justificarse. Pero si los gobiernos actúan como suelen hacerlo ante rentas elevadas, visibles y políticamente vulnerables, entonces ocurrirá una de dos cosas: o bien estas empresas tendrán que generar aún más ingresos y beneficios antes de impuestos de lo que habíamos previsto, o bien los accionistas recibirán, en última instancia, menos de lo que implican las valoraciones actuales. En este último caso, resulta más difícil descartar la interpretación de la burbuja.

También existen implicaciones geopolíticas más amplias. Es improbable que el resto del mundo acepte pasivamente un acuerdo que implique pagos recurrentes muy elevados a un pequeño número de empresas estadounidenses. Los países intentarán reducir su dependencia de Estados Unidos. Subvencionarán alternativas nacionales, impondrán requisitos de alojamiento local, favorecerán a las empresas líderes nacionales en materia de contratación pública, endurecerán las políticas de competencia y diseñarán nuevos impuestos y regulaciones destinados a recuperar parte de los beneficios obtenidos. Si las valoraciones de la IA son correctas, podemos esperar no solo una era de dominio corporativo estadounidense, sino también una creciente resistencia a dicho dominio.

Lejos de augurar el fin del poder estadounidense, este escenario apunta a una nueva forma del mismo. En el siglo XX, el poder de Estados Unidos se basaba en gran medida en su escala de producción, su alcance militar y la fortaleza de su dólar. En el siglo XXI, podría basarse cada vez más en la propiedad de infraestructuras de IA indispensables. El reto para el mundo será cómo financiar el acceso a ellas. El reto para Estados Unidos será vender los servicios de dicha infraestructura a nivel mundial, frente a las políticas comerciales nacionalistas y la inevitable presión para gravar rentas extraordinarias.

Quizás las valoraciones actuales sean una burbuja. Quizás los mercados tengan razón en general sobre la tecnología, pero se equivoquen en cuanto a la política y la tributación. O quizás anticipen correctamente un orden económico en el que un puñado de empresas estadounidenses acaparen una proporción sin precedentes de la renta mundial. Pero si este último escenario es el que nos depara el futuro, entonces nuestro debate público se centra en las cuestiones equivocadas. Los temas clave de la próxima década no serán los aranceles, los déficits ni el declive estadounidense. Serán cómo el mundo recompensa al capital estadounidense en inteligencia artificial, cuánto tiempo podrá sobrevivir el proteccionismo a esa realidad y quién gravará las rentas.

Los autores, Ricardo Hausmann, exministro de Planificación de Venezuela y execonomista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, es profesor en la Escuela Kennedy de Harvard y director del Laboratorio de Crecimiento de Harvard; Andrés Velasco, exministro de Hacienda de Chile, es decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science.

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