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Un informe del colectivo de periodistas Las Exiliadas, con el respaldo de Reporteros Sin Fronteras (RSF), denuncia desde Madrid, España, el deterioro sistemático de la libertad de prensa en Nicaragua en las últimas dos décadas bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El documento concluye que los ataques a la prensa no son consecuencia de la crisis sociopolítica, sino parte central del control político del régimen.
El estudio titulado 20 años del desmantelamiento de la libertad de prensa en Nicaragua (2006-2026) destaca que desde 2018 hasta marzo 2026 al menos 61 medios de comunicación independientes han sido cerrados o confiscados y más de 300 periodistas forzados al exilio, según registros de la Fundación por la Libertad de Expresión y la Democracia (FLED).
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«En Nicaragua, esta deriva de abuso se consolidó tras el regreso de Daniel Ortega a la Presidencia en 2007, después de 16 años en la oposición», señala el informe.
Desde entonces, indica el documento «el Ejecutivo ha desmantelado progresivamente los contrapesos democráticos y ha instaurado una dictadura de carácter familiar, sostenida mediante reformas legales hechas a su medida, la manipulación electoral y el control absoluto de los poderes del Estado».
Las cuatro fases del desmantelamiento
El informe identifica cuatro etapas en la estrategia del régimen contra la prensa independiente en Nicaragua. Todo inició entre 2006 y 2010 con el control del discurso y estigmatización de los medios, bajo la dirección del Consejo de Comunicación y Ciudadanía encabezado por la vocera del régimen, Murillo. En este contexto se utilizó la publicidad estatal como mecanismo de presión indirecta sobre los medios, privilegiando a los afines y excluyendo a los críticos.
Entre 2007 y 2008, el oficialismo a través de estructuras partidarias y el uso de recursos provenientes de la cooperación venezolana empezó la construcción de su aparato mediático. «El clan Ortega-Murillo tomó control de radioemisoras y posteriormente adquirió canales de televisión abierta, en procesos marcados por el hermetismo y la falta de rendición de cuentas», detalla el informe.
En 2008, se registró uno de los primeros casos de persecución directa al periodismo independientes que recayó en el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco).
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En la segunda fase, entre 2011 y 2017, definida como cooptación institucional y concentración mediática, estuvo marcada por el fortalecimiento del aparato comunicacional de la dictadura que reactivó el Canal 6 como señal oficial y a su vez pasó a dominar los canales 4, 8, 9 y 13, y las emisoras Radio Ya y Sandino. Mientras se fraguó el cierre y debilitamiento de medios independientes.
«Durante estos años, instancias como Telcor fueron utilizadas para cancelar licencias o presionar a emisoras locales. Medios como NotiWaslala, NotiCuá, Radio Palabra de Mujer, Radio Voz de Mujer, Canal 29 en Chinandega, Canal 50 en León, Radio Emperador y Radio Bosawas fueron clausurados o sacados del aire, reduciendo de manera significativa el alcance del periodismo territorial y comunitario», denuncia.
En la tercera fase, 2018 a 2020, identificada como de la represión selectiva al totalitarismo, representó el paso de la represión selectiva al totalitarismo, tras las protestas de abril 2018. «Informar dejó de ser un derecho para convertirse en una actividad de alto riesgo. Eliminar a quien atestigua se volvió una política de facto», subraya el documento.
En ese período se registró el asesinato del periodista Ángel Gahona mientras transmitía en vivo desde Bluefields. Además en León las instalaciones de Radio Darío fueron incendiadas intencionalmente y en diciembre de 2018, la Policía ejecutó el asalto y ocupación de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias.
«A partir de entonces, la represión se volvió más sistemática y personalizada. Detenciones arbitrarias de periodistas, procesos judiciales sin garantías, vigilancia y amenazas», indica. A esa violencia se sumó la institucionalización de la censura con la aprobación de normas, como Ley de Ciberdelitos, creadas para perseguir a los periodistas.
La fase cuatro, comprendida desde 2021 y 2026, criminalización, desnacionalización y expulsión del periodismo fue marcada por el contexto de elecciones presidenciales. El régimen no solo eliminó la competencia política sino que agudizó la persecución sistemática hacia el periodismo independiente, que empezó con la criminalización del financiamiento al periodismo.
En mayo de 2021, el Ministerio Público abrió una investigación contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por supuestos delitos de lavado de dinero, bienes y activos. Les canceló su personería jurídica y más de 90 periodistas fueron citados por la Fiscalía y en paralelo intensificó los ataques contra medios emblemáticos.
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«El caso más representativo fue el del Diario LA PRENSA, el periódico más antiguo de Nicaragua. En agosto de 2021, la Dirección General de Aduanas (DGA) bloqueó la importación de papel, obligando al medio a suspender su edición impresa tras casi un siglo de circulación. Días después, la Policía Nacional allanó sus instalaciones, ocupó el edificio y detuvo a su gerente general, Juan Lorenzo Holmann, así como a otras personas de la directiva», apunta el informe.
Posteriormente, las instalaciones del Diario fueron confiscadas y convertidas en un centro de formación oficialista, mientras que su redacción fue desmantelada y obligada al exilio. «A pesar de ello, el medio continuó operando en formato digital desde el exterior, manteniendo su labor informativa y de denuncia», describe.
A esto se sumó una de las medidas de represión calificadas como las más amplias de castigo colectivo con el despojo en febrero de 2023 de la nacionalidad a 22 periodistas y directivos de medios. Desde 2018, más de 50 periodistas y trabajadores de medios han sufrido detenciones.
65 por ciento del país convertido en «desiertos informativos»
«Para 2026, hay un ecosistema mediático devastado dentro del país. El periodismo independiente no ha desaparecido, pero ha sido desplazado fuera del territorio nacional, operando desde exilio en condiciones precarias. Nicaragua ha transitado así hacia un modelo en el que informar no solo implica riesgo, sino que constituye una actividad activamente perseguida por el Estado», insiste.
Citando a la FLED, el informe menciona que en al menos 11 departamentos del país, incluyendo el Caribe Norte y Sur, carecen por completo de periodismo independiente.
«Se ha documentado la consolidación de verdaderas zonas del silencio o desiertos informativos en Carazo, Chontales, Jinotega, Madriz, Nueva Segovia, Granada, León, Chinandega, Río San y las regiones autónomas del Caribe. En conjunto esto abarca el 65 por ciento del territorio nacional», detalla.
Hasta enero del 2026, la FLED contabilizó que al menos 309 periodistas y trabajadores de medios se encuentran en el exilio, mientras que la mayoría de medios digitales surgidos tras 2018 operan desde Costa Rica, Estados Unidos y España.
«Plataformas como La Lupa Feminista, Agenda Propia Nicaragua, Nicaragua Investiga, Despacho 505, Divergentes, Artículo 66, LA PRENSA, Confidencial y 100% Noticias, entre otras, encarnan distintas formas de resiliencia periodística en el exilio. Sin embargo, no todas han logrado sostenerse en el tiempo», apunta.
La situación de las mujeres periodistas en el exilio
El informe también hace énfasis en el exilio que viven las mujeres periodistas. Hasta junio de 2025, la FLED identificó 106 mujeres de prensa en el exilio, lo que representa el 34.3 por ciento del total de periodistas desplazados.
El estudio Voces de mujeres periodistas desde el exilio, realizado en 2025 por Las Comadres, recoge 43 testimonios en los que se documenta cómo el desplazamiento implica no solo la pérdida del territorio, sino también la sobrecarga de cuidados, la precarización económica y la ruptura de redes de apoyo.
«Para muchas, el exilio no significa únicamente rehacer su vida profesional, sino también sostener a sus familias en contextos adversos, enfrentar barreras migratorias y reconstruir su identidad en
entornos hostiles. A esto se suma la persistencia del miedo: la amenaza no desaparece con la salida del país, sino que se transforma y, en algunos casos, se extiende de forma transnacional», sostiene el informe.
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En esa investigación, La Lupa Feminista documentó que solo 12 mujeres periodistas continúan ejerciendo en sus medios de origen, mientras que al menos 10 han tenido que desplazarse hacia otros oficios como estrategia de supervivencia.
Las Exiliadas identificó que el 76 por ciento de las periodistas encuestadas no logra cubrir sus gastos básicos con el ejercicio periodístico, y que un 60 por ciento ha considerado abandonar la profesión debido a la combinación de precariedad económica e inseguridad. Entre 2018 y marzo de 2025, se documentaron 730 violaciones a los derechos de mujeres periodistas, de las cuales el 59.3 por ciento son atribuidas al Estado.
