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La imposición de medidas cautelares, sin la antesala de un debido proceso judicial para las personas obligadas a cumplirlas, mantiene desde hace ya casi tres años a decenas de ciudadanos de diferentes municipios de Nicaragua en una situación de sobrevivencia.
Estos, según los testimonios recogidos por LA PRENSA, viven bajo condiciones de casa por cárcel y municipio por cárcel, que incluyen firmas diarias fuera de horarios de oficina, solicitudes de permiso de salida con hasta dos días de antelación, supresión del derecho al trabajo, además de hostigamiento y persecución policial en Nicaragua, aun cuando se les autoriza a salir de sus ciudades.
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“Sofía”, como llamaremos a una nicaragüense que habita en el norte del país para proteger su identidad, está a solo semanas de cumplir tres años viviendo de esa forma.
Dictadura cercena derecho al trabajo
La mujer fue obligada a dejar de ejercer su profesión, a cancelar su emprendimiento y hasta a renunciar a algo tan básico como poder enterrar a los suyos si estos fallecen fuera del municipio en el que habita.
Sofía debe presentarse a la delegación policial de su municipio a firmar todos los días a las seis de la mañana. No importa si son días feriados, nacionales o municipales; si llueve o hace un sol inclemente; si está enferma o tiene miedo de ver policías; si tiene o no para el pasaje. Siempre debe hacerlo o, de lo contrario, se atiene a las consecuencias, como ella lo expresa: “cárcel arbitraria”.
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Relató que hasta antes de esas medidas, además de ejercer su profesión, tenía un negocio con el que cumplía una ruta de venta en el norte de Nicaragua, pero tras la medida impuesta por el orteguismo, en represalia por su participación en las manifestaciones sociales en su municipio, ya no pudo seguir trabajando y ahora sobrevive solo del apoyo de su familia.
Policía exige solicitud de permiso para salir del municipio
Mencionó que, incluso cuando pedía permiso para salir a hacer sus ventas, su vehículo era perseguido por patrullas de la Policía, lo cual terminó por truncar su negocio.
Sofía explica que inicialmente se le impuso una medida de firma que se debía cumplir a las 10 de la mañana, y se les indicó que sería por un año, pero poco a poco los jefes policiales del municipio, al igual que ha ocurrido con otros que también cumplen esa medida en el norte de Nicaragua, comenzaron a variar los horarios hasta dejarlo a las 6 de la mañana.
«Juana», una docente del Caribe de Nicaragua que también sufre la misma medida represiva de firma diaria en la estación policial de su municipio, al igual que «Sofía», esperaba que el martirio que le habían impuesto terminara en un año, tal como se lo habían dicho las mismas autoridades orteguistas, pero también está a solo semanas de cumplir tres años en esa situación.
La mujer, aunque conserva su horario de firma a las 8 de la mañana, vive bajo constante tensión, amenazada sobre que si llega un minuto más tarde, la Policía la llegará a buscar para encarcelarla.
«Es una tensión que uno tiene que estar pendiente de estar lista a la hora, es una presión, un estrés que provoca, además de gastos económicos, buscar transporte para ir y venir, porque no me queda cerca», denunció Juana.
La docente sobrevive con un ingreso de a penas 6 mil córdobas, pero destina más del 10 por ciento de este en transporte diario para ir a la delegación policial.
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«Sofía» denunció que en estos ya casi tres años han sido los jefes policiales, bajo la orden de la dictadura Ortega Murillo, que han añadido otras medidas, como la solicitud con anticipación de dos días de salidas del municipio; vigilancia al salir del pueblo y en las afueras de sus viviendas; fotografías diarias a la hora de firmar; el uso de huella electrónica en un sistema que registra sus firmas; insultos a la hora de firmar; amenazas de cárcel si no cumplen con los horarios y advertencias cada vez que se acercan fechas que para el orteguismo representan una “amenaza”.
«Juana» confirmó que en el Caribe, por lo que ha vivido en estos años, también ha identificado cambios. Antes firmaba en un cuaderno que en varias ocasiones logró ver la leyenda de «personas investigadas» y era fotografiada, pero ahora también le piden huellas dactilares.
Amenazas previo al aniversario de la Rebelión de Abril
«Sofía» denunció que en su caso, además de todas las restricciones, también sufre «amenazas constantes… cada vez que se acerca el Día de las Madres, Fiestas Patrias, Navidad, abril… en fechas importantes nos hacen subir o pasar con el jefe de Policía del departamento para intimidarnos. Nos dicen que no quieren ver altares azul y blanco. Ahora que se acerca el octavo aniversario de la rebelión del 18 de abril ya nos llamaron, que cuidado aparecen volantes, pegatinas, que si aparecen ya sé lo que me espera”.
“Nosotros tenemos que andar con mucho cuidado en esas fechas para que ellos no vayan a pensar que estamos haciendo actos de resistencia”, añadió.
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Explicó que cuando los pasan a entrevista con el comisionado general a cargo, les toman videos, esto adicional a las fotografías que les toman a diario.
En el caso de «Juana», aunque las amenazas no son constantes, comentó que antes que le impusieran las medidas incluso era vigilada por policías antidisturbios en su centro de trabajo y, posterior a la medida de firma diaria, también la han llamado a «despacho» del jefe policial para plantearle que «sirva de informante, que si ve algo contra el Gobierno lo comunique, que ellos en todo momento me están vigilando, que están siempre pendientes de mí».
Denuncian situación de casa por cárcel impuesta arbitrariamente
«Sofía» asegura que en el país, por la persecución orteguista contra quienes piensan diferente, “sobrevivo, no vivo, y lo hago gracias a mi familia porque sin trabajo, sin muchas cosas que hacer, sin un rango de movilidad, a duras penas sobrevivimos».
«Me ha pasado que se ha muerto un familiar en otro departamento y no podemos ir, porque si es una muerte repentina no podés ir, porque debes pedir permiso con dos días de anticipación; por lo tanto, no podés ir. Además, no te podés quedar porque al siguiente día tenés que firmar. Te limita de todas formas; entonces, casa por cárcel es lo que tenemos”, denunció.
La desesperación por vivir de esa forma, en una ocasión, hizo que Sofía intentara salir de Nicaragua, pero una situación familiar que involucraba a su hijo la hizo volver prácticamente tras haber cruzado la frontera de forma irregular.
«Sofía» asegura que a nivel psicológico las afectaciones son comunes entre quienes deben presentarse a diario a firmar en las estaciones policiales. Mencionó que tanto ella como otros que conoce que sufren la misma medida, pero que por temor callan y evitan dar sus testimonios, padecen de ansiedad, terrores nocturnos y ataques de pánico que la han obligado a medicarse.
Piden visibilizar situación de quienes sufren casa por cárcel
El estrés es constante e incluso en su caso también le ha provocado dolencias físicas, como inflamaciones en la espalda. A esto, añadió, en su caso se le suma el miedo permanente a ser detenida.
“Cada vez que se llevan a uno de los que está firmando, todos entramos en pánico, pensando que podemos ser los siguientes”, lamentó.
Esa presión que vive tanto «Sofía» como «Juana» no se queda solo a nivel individual, sino que alcanza a su familia más cercana. «Sofía» contó que su hijo, en una ocasión en que no la encontró en casa, salió a buscarla desesperado por todo el barrio, convencido de que la Policía se la había llevado.
“Es una afectación psicológica para toda la familia, no solo para la persona firmante”, denunció la mujer.
Una situación similar pasa con «Juana». La mujer contó que su familia ha sido afectada demasiado con la imposición orteguista de firmas diarias, ya que «están siempre con la preocupación si fui a la delegación policial, si me atendieron, qué me dijeron, si ya salí, que si no me he ido me apuran, están diario con esa tensión de lo que me puede pasar cuando voy».
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Pese a la gravedad de estas secuelas, acceder a atención psicológica no es una opción para estas mujeres y sus familias. «Sofía» afirmó a LA PRENSA que no tiene los recursos para pagar las terapias, recalcando que “es un lujo que no nos podemos dar”.
“A duras penas tenemos para comer porque no me dejan trabajar… por mucho que lo necesitemos no podemos”, lamentó.
Sofía concluyó solicitando a la comunidad internacional que no solo abogue por la situación de quienes están encarcelados, sino también la extienda por quienes, como ella, han sido despojados del derecho al trabajo, a la libre movilidad dentro de su propio país y obligados a vivir con miedo, pues pese a no estar en una celda, sí sufren un control constante que —denuncia— les impide vivir con normalidad.
A su vez, “Juana” resaltó que “a tres años de estar en esta situación, en este estrés, en esta desesperanza, es preocupante y triste vivir bajo un control tan estricto como este, en el que uno tiene que estar sometido a la voluntad de ellos; es como estar preso dentro de nuestra propia casa sin haber cometido ningún tipo de delito, porque en Nicaragua el peor delito que hay es no estar a favor de este Gobierno. Pedimos a la comunidad internacional mayor esfuerzo para sacar a esa gente del poder y que busquen, de cualquier manera, presionar, pedirle a este Gobierno, bajo presión, que nos libere de esto”.
