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La cifra de personas encarceladas por razones políticas en Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aumentó a 47 hasta el 31 de marzo pasado, según un informe publicado por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
De acuerdo con el conteo, pese a que en el último mes se documentó la excarcelación de dos personas, la dictadura encarceló a tres más. «La detención arbitraria por motivos políticos persiste y se mantiene activa como política de Estado», destaca en el informe.
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En la actualidad, de los 47 reos de conciencia que permanecen las cárceles del régimen, 44 son hombres y tres mujeres. Del total, 14 son adultos mayores, de los que el Mecanismo dice que su situación es preocupante. Entre ellos figuran Henry Ruiz, de 82 años, y Bayardo Arce, de 77 años, ambos excomandantes guerrilleros y también el diputado indígena Brooklyn Rivera Bryan, de 73 años.
«La situación de las personas adultas mayores, quienes representan un 29 por ciento de las personas detenidas presas políticas, enfrentan un riesgo elevado debido a padecimientos crónicos que no reciben tratamiento adecuado», denuncia.
A su vez, remarca que se mantiene la falta de atención médica adecuada y profesional, el retraso en la entrega de medicamentos o incluso la no entrega, la ausencia de evaluaciones especializadas que ha provocado el deterioro acelerado en la salud, «en condiciones que pueden constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes».
Intensifican mecanismos de vigilancia y control
Desde el 2018, el Mecanismo ha reconocido a 1,491 personas como presos y presas políticas. En el informe, el organismo menciona que en los últimos meses la dictadura ha intensificado los mecanismos de vigilancia y control, especialmente a las familias de los reos de conciencia y de quienes han sido excarcelados.
«Se conoció que estas familias enfrentan no solo actos de vigilancia y amenazas directas, sino también restricciones indirectas orientadas a aislarlas y limitar sus posibilidades de articulación, denuncia y acompañamiento», señala.
Por lo anterior, el Mecanismo para el Reconocimiento asegura que el subregistro no solo responde al temor inmediato frente a represalias, sino a la «consolidación de un entorno sostenido de coerción, en el que denunciar implica riesgos continuos».
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Agrega que, en consecuencia, «la cifra actual debe interpretarse como un mínimo verificable dentro de un universo más amplio, marcado por la opacidad, el control estatal y las limitaciones para documentar la totalidad de los casos».
Enseguida denuncia que el 30 por ciento de las personas presas políticas son indígenas, ubicándose como el grupo más afectado. «Este dato no solo evidencia un incremento cuantitativo, sino la consolidación de un patrón cualitativo de persecución orientado a debilitar estructuras comunitarias, formas de organización territorial y mecanismos propios de gobernanza en la Costa Caribe», señala.
Asimismo, subraya que alrededor del 15 por ciento de las personas encarceladas están ligadas al régimen. «Este grupo incluye militares en retiro o activos, exfuncionarios públicos y personas identificadas como simpatizantes del partido de gobierno», apunta el Mecanismo.
Las enfermedades que sufren y dónde están los presos políticos
El Mecanismo describe que entre las enfermedades y afectaciones más frecuentes que enfrentan los presos políticos en el país figuran las catalogadas crónicas no tratadas, como hipertensión, diabetes, afecciones cardíacas.
También afectaciones dermatológicas y gastrointestinales por condiciones insalubres, sumadas a la desnutrición, pérdida de peso y deterioro físico general acelerado.
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A su vez, reportan casos de sospechas de enfermedades graves no atendidas, como tumores o cáncer.
La mayoría de reos de conciencia permanecen recluidos en los sistemas penitenciarios: 30 en la cárcel Jorge Navarro, conocida como La Modelo, en Tipitapa; cuatro en el Sistema Penitenciario Nacional de Waswalí, Matagalpa.
Mientras que el 23 por ciento, equivalente a 11 personas, se encuentran en condición de desaparición forzada y uno en casa por cárcel.
