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Cientos de nicaragüenses que fueron deportados desde Estados Unidos, tras buscar protección internacional en ese país sin poder conseguirla, enfrentan un grave riesgo al volver a Nicaragua. La dictadura Ortega-Murillo, además de ordenar detenciones contra algunos de los deportados, también los somete a “casa por cárcel” o “municipio por cárcel”, en represalia por la participación de estos en las manifestaciones sociales de 2018.
Redes ciudadanas del norte de Nicaragua detallaron a LA PRENSA que al menos dos personas originarias de departamentos fronterizos, tras ser deportadas desde Estados Unidos, fueron obligadas a cumplir un régimen represivo que incluye firmar cada 15 días en la delegación policial de sus municipios, sin tener alguna acusación o ser judicializadas formalmente, únicamente por señalamientos de ser supuestas opositoras.
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Deportados deben enviar fotografías
Otra de las medidas represivas contra estas personas deportadas incluye el envío de fotografías semanales a la persona encargada de vigilarlas, no salir del municipio sin previo aviso, no recibir visitas familiares o realizar reuniones.
Dichas personas, algunas que incluso tienen hijos a su cargo, tienen autorización para laborar, siempre y cuando no cambien la ruta en la que se trasladan a sus centros laborales y que estos se encuentren dentro de sus municipios.
Regresar a Nicaragua “no es seguro”
El abogado Salvador Marenco, máster en Derecho Público y parte del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, advirtió que “Nicaragua no es un país al que se pueda retornar de manera segura”.
“Las personas perseguidas políticas o aquellas que han salido de Nicaragua, al regresar al país son sometidas a estas medidas de vigilancia y de control por parte del régimen, como parte de este estado de excepción de facto y de este estado policial de facto establecido desde septiembre de 2018 hasta la fecha. Un estado policiaco en el que, básicamente, limita todos los derechos y los supedita a un control ilegítimo por parte de los agentes estatales y paraestatales”, denunció Marenco.
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Además, recalcó que en Nicaragua “el Estado de Derecho dejó de existir desde hace siete años, no existe ningún ápice de institucionalidad, de rendición de cuentas internas, de fiscalización y, por ende, las personas en Nicaragua se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad”.
Principio de no devolución
Marenco explicó que los países de acogida de personas perseguidas, incluyendo Estados Unidos, “tienen una obligación especial de no deportar”, por lo que, al retornar a países de origen a personas que argumentaron temor por persecución en sus países, también están violentando el derecho internacional.
“A nivel internacional existe el principio de no devolución, pero además todos los países que han suscrito la Convención contra la Tortura están sujetos a lo que establece el artículo tercero de esa convención: que no se puede devolver, deportar, extraditar o, de cualquier forma, retornar a la persona a un país donde pueda sufrir actos de tortura. Esto causa una violación al derecho internacional por parte del país que retorna a las personas a Nicaragua”, explicó el letrado nicaragüense, quien también se exilió producto de la persecución de la dictadura Ortega-Murillo.
Centenares de opositores sufren el mismo régimen represivo
El abogado Pablo Cuevas, de la organización en el exilio Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos (DNDH), también denunció que en Nicaragua ciudadanos estigmatizados por la dictadura como opositores tienen “una forma de casa por cárcel, o ciudad por cárcel”.
Explicó que, según reportes de voluntarios que mantienen en Nicaragua, “hay cientos de nicaragüenses que tienen que estarse reportando a la delegación más cercana a su domicilio x cantidad de días a la semana, al mes, según ponga dicha autoridad represora”.
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Añadió que parte del mecanismo represivo del orteguismo incluye que la Policía incluso llegue a sus hogares “a obligarlos a que les firmen, interrogar sobre posibles visitas, fiestas u otras actividades” y, paralelamente, los vecinos, parte de grupos como los CPC o las UVE, «los espían constantemente».
Nicaragüenses deportados y sus derechos
Cuevas remarcó que estas acciones represivas del orteguismo violentan abiertamente los derechos de los nicaragüenses deportados o retornados, cuestionando el hecho de que algunos países, como Estados Unidos, les nieguen refugio, protección internacional, dejándoles en «una condición de exposición a un riesgo grave al regresar a Nicaragua».
Recordó que “la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 22, manifiesta que los ciudadanos que se sientan perseguidos en su país de origen, pues tienen la opción de ir a x país y ahí solicitar algún tipo de protección en sus distintas modalidades, y que el gobierno o país donde solicita dicha protección está obligado a darle esa protección o abrigo”.
Los defensores señalaron también que la vulnerabilidad de los nicaragüenses es alarmante, recordando que el orteguismo incluso, tal como lo denunció recientemente el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (Acnudh), también se adjudica el derecho de decidir quién puede o no regresar a Nicaragua.
