Irán al borde del colapso

Los efectos de este ataque sostenido han sido diversos. Importantes funcionarios iraníes han sido asesinados. Se desconoce la situación del nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, ya que no ha realizado apariciones públicas ni declaraciones en las últimas semanas. Otros líderes de alto rango, como Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní, parecen estar desempeñando un papel central en la gestión de los asuntos de la República Islámica.

A pesar de los extensos daños a las estaciones de policía, juzgados y otros edificios administrativos, el aparato de seguridad del régimen, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y las fuerzas voluntarias Basij, permanece intacto y controla el país. En las zonas urbanas, han establecido puestos de control en las principales calles. (Informes de que están reclutando la participación de niños de tan solo 12 años en tareas de control y patrullaje plantea serias preocupaciones legales y de derechos humanos).

Además, siguen deteniéndose activistas políticos y varias personas han sido ejecutadas tras ser condenadas por cargos relacionados con espionaje y seguridad nacional. Estos hechos sugieren que, incluso en tiempos de guerra, el gobierno ha continuado utilizando la coerción para reprimir la disidencia.

En la misma línea, el régimen ha restringido severamente el acceso a internet desde los primeros días de la guerra, dejando los enlaces satelitales como la única conexión fiable con el mundo exterior. Según informes, las fuerzas de seguridad también han prohibido a los iraníes fotografiar y documentar la destrucción. Por otro lado, las personas vinculadas al gobierno parecen tener acceso privilegiado a herramientas de comunicación sin censura a través de las llamadas «tarjetas SIM blancas», que les permiten difundir la versión oficial en las redes sociales.

En la sociedad iraní ha surgido una marcada división. Algunos ciudadanos, temiendo una escalada continua del conflicto, se preocupan por el colapso de servicios esenciales como la electricidad y el agua. Otros, en cambio, ven la guerra como una posible vía para escapar del régimen autoritario y están dispuestos a soportar dificultades a cambio de una oportunidad de cambio político. Sin embargo, hay pocos indicios de que el liderazgo iraní se esté preparando para retirarse o ceder el poder.

Quizás lo más preocupante sea el estado de los marcos legales e institucionales de Irán. Durante las dos últimas semanas de marzo, el país celebró Nowruz, el año nuevo persa, época en la que cierran las oficinas públicas y las escuelas (este año, muchas instituciones educativas ya estaban cerradas o impartiendo clases en línea debido a la guerra). Durante este periodo, misiles israelíes y estadounidenses bombardearon infraestructura civil, incluidas universidades.

Ahora que han terminado las vacaciones, los iraníes deben regresar a las oficinas y las aulas. Los tribunales, la policía y las autoridades públicas deben reanudar sus funciones. Sin embargo, muchas de estas instituciones ya no existen físicamente o han sufrido graves daños. Si bien las leyes siguen siendo formalmente válidas, los organismos responsables de hacerlas cumplir se han debilitado drásticamente. Ciertamente, muchas leyes vigentes carecen de legitimidad entre amplios sectores de la población, en particular entre quienes se oponen al sistema político actual. Pero una reforma legal significativa es improbable mientras el régimen siga en el poder.

Lo más probable, suponiendo la continuidad del régimen y un eventual acercamiento a las negociaciones es que estas debilidades institucionales den lugar a políticas internas más severas. Históricamente, el Estado iraní responde a los periodos de vulnerabilidad intensificando la represión. En este caso, las autoridades, al carecer de capacidad para hacer cumplir la ley, podrían intentar reafirmar su control mediante una mayor dependencia de las fuerzas leales y una vigilancia más amplia. Esto podría fortalecer aún más a los partidarios del régimen, dejando a la población civil y a los disidentes cada vez más expuestos.

Pero si la presión externa sostenida conduce a un colapso sistémico o a una disfunción grave, los riesgos son igualmente significativos. El derrumbe de la autoridad central probablemente crearía un vacío institucional y legal. A medida que los actores políticos rivales lucharan por la supremacía, las comisarías y los tribunales podrían ser abandonados o tomados, creando un entorno de impunidad casi total. Hasta que surgiera una nueva estructura de gobierno, tal transición casi con seguridad causaría desorden, fragmentación e incertidumbre.

En ambos escenarios, es probable que Irán enfrente un período prolongado de inestabilidad, en lugar de una transformación inmediata. La experiencia de Irán durante su guerra de ocho años con Irak en la década de 1980 constituye un precedente aleccionador. El Estado demostró su capacidad para imponer brutales controles internos en tiempos de guerra y para intensificar la represión una vez finalizada la misma. Esto sugiere que, sea cual sea el estatus final del régimen, los iraníes se enfrentan a una mayor coerción, si no a un colapso institucional.

La cuestión no es simplemente si el régimen colapsará o perdurará. De cualquier manera, la sociedad fragmentada de Irán se enfrenta a la amenaza de un orden jurídico e institucional profundamente trastocado, que ahora corre el riesgo de ser utilizado como arma o de desaparecer por completo.

La autora es una experta en derecho constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago y profesora de derecho de los derechos humanos, cuyo trabajo se centra en las estructuras de poder y el cambio político en Oriente Medio.

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