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La semana pasada se conoció que el presidente del Banco Central había asumido la administración de los diversos y cuantiosos negocios de la familia gobernante, los que hasta finales de febrero pasado eran manejados por Francisco López, el defenestrado tesorero del partido FSLN.
Se trata principalmente de los negocios que fueron creados entre 2007 y 2018 con los fondos desviados de la cooperación estatal venezolana, que según las informaciones podrían ascender hasta la estratosférica suma de más de 4,700 millones de dólares.
Es importante señalar al respecto que por decisión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo los fondos de la cooperación petrolera venezolana fueron convertidos por ley en deuda pública de Nicaragua.
Esa deuda tiene que ser pagada por los nicaragüenses, de la misma manera que han pagado y todavía siguen pagando los costos de la “piñata sandinista” que perpetró la dirigencia del FSLN después de perder las elecciones de 1990 y tener que entregar el gobierno a doña Violeta Barrios de Chamorro y la UNO.
Por otra parte, pero en el mismo orden de ideas, ahora que Venezuela es una especie de protectorado de Estados Unidos (EE. UU.), tutelado por el presidente Donald Trump, se ha hablado de que el gobierno venezolano sumiso de Delcy Rodríguez podría demandar a Nicaragua el pago de la deuda por la cooperación petrolera, lo que de llegar a ser realidad aumentaría la presión externa contra la dictadura nicaragüense.
Hasta ahora no hay confirmación de que eso podría suceder pronto, pero de todas maneras la deuda pública por esa riqueza que se apropió la familia gobernante tarde o temprano tendrá que ser pagada por Nicaragua.
Lo que sí está confirmado y denunciado públicamente es el monumental conflicto de intereses que hay en el hecho de que el presidente del Banco Central, quien también está a cargo de la Superintendencia de Bancos y del Ministerio de Hacienda, sea la misma persona que maneja y supervisa los negocios de la familia gobernante.
El conflicto de intereses, precisa el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, es la “Colisión entre las competencias decisorias que tiene el titular de un órgano administrativo y sus intereses privados, familiares o de otro orden, que pueden afectar a la objetividad de las decisiones que adoptan. El conflicto de intereses determina ordinariamente el deber de abstención en la toma de decisiones, o incluso la incompatibilidad para mantener la titularidad de un determinado cargo”.
Por ser tan grave, el conflicto de intereses está prohibido por las legislaciones de prácticamente todos los países del mundo. Incluso en Nicaragua, donde hay un régimen político absolutista, de carácter totalitario y familiar, la Constitución aprobada por la dictadura a principios del año 2025 prohíbe y penaliza en su artículo los conflictos de intereses en los que incurran los funcionarios estatales.
Sin embargo, es característico de las dictaduras decir una cosa y hacer lo contrario. La Constitución de Nicaragua garantiza el respeto de los derechos humanos y el ejercicio de las libertades democráticas, y prohíbe las confiscaciones, pero en la realidad viola monstruosamente los derechos humanos, prohíbe toda clase de libertad y confisca propiedades privadas de personas, empresas e instituciones.
La dictadura es mentirosa además de represiva, malvada y odiosa, que debe ser liquidada y nunca más ningún otro régimen autoritario debería volver a agraviar e infamar a Nicaragua.
