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El multimillonario indio Vikram Sodhi, socio mayoritario del grupo colombiano Mineros, propietario de la empresa Hemco Nicaragua, llegó al país para revisar con las autoridades el «estatus» de las operaciones de la empresa y los planes de trabajo. La visita ocurre después que el grupo Mineros perdió una disputa fiscal por supuestos impuestos atrasados, que lo obligó a destinar parte de sus utilidades de 2025 para pagarle a la Dirección General de Ingresos (DGI) 75 millones de dólares en impuestos.
Esta es la segunda visita, en menos de una semana, de importantes inversionistas internacionales, que tienen intereses en el sector minero nicaragüense. Estos encuentros son parte de una estrategia oficial para aparentar normalidad en la minería. Sector que está bajo el escrutinio de Estados Unidos por los abusos que el régimen Ortega Murillo ha cometido para sacar provecho del negocio del oro y a la vez beneficiar con cientos de concesiones mineras a empresarios chinos.
A pesar de haber perdido la disputa fiscal, el Grupo Mineros fijó sus metas de crecimiento del 2026 en las operaciones que tiene en Nicaragua. Según los informes anuales de 2025, que le presentó a sus inversionistas, la empresa confía en que la mejoría del precio del oro, que actualmente supera los 5,000 dólares por onza, le permitirá seguir obteniendo buenos resultados. Para lograrlo, planea incrementar de 1,800 a 2,500 toneladas por día la capacidad de procesamiento de la planta de Hemco en Nicaragua.
Segunda visita de inversionistas del sector minero
Hasta 2024 el grupo Mineros estaba en manos de colombianos, pero desde finales de ese año el multimillonario indio Vikram Sodhi, a través de su empresa Valley Investments AG, con sede en Suiza, es dueño del 30 por ciento de esa empresa. Porcentaje que le garantiza el control por ser el socio mayoritario. El inversionista indio llegó al país acompañado de Augusto López, presidente de la Junta Directiva de Mineros, y de Daniel Henao, presidente y director ejecutivo del grupo.
En cuanto a volumen de producción, Hemco es la segunda minera más importante de Nicaragua y el año pasado no fue la única afectada por estos cobros, que muchos dirigentes empresariales califican como acoso fiscal. La canadiense Equinox Gold es la mayor productora de oro del país, lo extrae de las minas La Libertad y Limón, que antes estaban en mano de Calibre Mining Corp. Ella también enfrentó una disputa fiscal que la obligó a firmar un acuerdo para cancelar unos 40 millones de dólares en supuestos impuestos atrasados, intereses y multas.
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Además, la visita de los representantes de la minera colombiana, ocurre solo una semana después de la llegada al país del magnate británico Nicholas (Nick) Candy, accionista mayoritario de Metals Exploration, que recientemente adquirió Condor Gold, empresa que posee, entre otras concesiones, la de la Mina La India.
Se reunieron con Laureano Ortega, sancionado por Canadá
Durante el encuentro, el hijo de los dictadores, Laureano Ortega Murillo, dijo que junto a los visitantes, revisaron el estatus de las operaciones de Hemco y las perspectivas de continuidad y ampliación de sus operaciones. También la posibilidad de seguir generando beneficio a las comunidades donde realiza sus operaciones la empresa. Además, reiteró la voluntad de sus padres, Daniel Ortega y Rosario Murillo, de respaldar la actividad minera para que, en el largo plazo, sigan ampliando sus inversiones en Nicaragua.
Según la página electrónica de Mineros, esta empresa cotiza en la bolsa de Toronto. La reunión con Laureano Ortega ocurrió, a pesar de que el gobierno de Canadá lo sancionó en 2019, junto a la dictadora Murillo. En total ese gobierno ha castigado a más de 20 funcionarios nicaragüenses.
Desde hace varios años, Hemco impulsa el Modelo Bonanza para la Minería Artesanal. A través de ese esquema, compra y procesa parte del material que extraen unos 6,000 mineros artesanales. Además, a través de la Comisión Municipal de Minería Artesanal (CMMA), fortalece los mecanismos de sistematización, contabilización y monitoreo de sus estadísticas.
La delegación oficial que encabezó Ortega Murillo, estuvo integrada por Wendy Morales, titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell, presidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel) y ministro de Energía y Minas (MEM), y Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN).
Aparentar tranquilidad a las mineras
Estos encuentros con representantes de dos de las tres mineras más importantes del país se concretan mientras el sector está bajo el escrutinio del gobierno de Estados Unidos, por la confiscación del plantel de procesamiento minero BHMB Mining Nicaragua, S.A., propiedad de la empresa BHMB Inc. de capital estadounidense y británico.
BHMB Inc. fue despojada de su inversión y ya inició el proceso para demandar al Estado de Nicaragua ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependencia del Banco Mundial (BM), que resuelve disputas de inversionistas bajo el mecanismo de solución que contempla el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, conocido como DR-Cafta.
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Antes de estos dos encuentros, los funcionarios del régimen Ortega Murillo realizaron otros esfuerzos por aparentar normalidad en el sector minero. Sector que sostiene las exportaciones locales; el año pasado los envíos del metal precioso superaron los 1,900 millones de dólares, aportados en su gran mayoría por las exportaciones de Equinox Gold y Hemco.
El pasado 21 de febrero, la Procuraduría General de Justicia (PGJ), ahora a cargo de la Dirección General de Minas (DGM), publicó un comunicado en el que defendió la transparencia, legalidad y seguridad jurídica de las concesiones mineras que “han cumplido con el debido proceso”, rechazando “especulaciones” que buscan descalificar el sector.
Se comprometieron a frenar contrabando
Esto ocurrió después que investigaciones de LA PRENSA dejaron al descubierto el mecanismo que utiliza la cúpula del poder junto a inversionistas chinos, para hacer negocios en el sector, incluso haciendo competencia desleal a las empresas mencionadas.
Posteriormente, en otro intento de generar tranquilidad en el sector, a finales de febrero autoridades de Nicaragua se reunieron con sus pares de Costa Rica en el puesto fronterizo de Peñas Blancas. Allí, acordaron implementar una mayor coordinación de sus fuerzas de seguridad para enfrentar la minería ilegal y el contrabando de oro en la frontera común.
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El encuentro se concretó luego que el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, denunció que mineros ilegales extraen el mineral en su país para procesarlo y venderlo en Nicaragua, lo que a su vez generó reacción del propio presidente costarricense Rodrigo Chaves, quien aseguró que elevaría la queja al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
