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Al cumplirse un año de mi confinamiento en la prisión de Silivri, los acontecimientos que se desarrollan más allá de estos muros sugieren que no solo estamos presenciando un cambio de políticas, sino el desmoronamiento del orden internacional. Los titulares están dominados por la escalada de violencia en Irán y en todo Oriente Medio, lo que nos recuerda crudamente que la política de poder vuelve a marcar las reglas de los asuntos globales.
El conflicto con Irán personifica la “ruptura” que el primer ministro canadiense, Mark Carney, describió con tanta elocuencia en su discurso en Davos. Las cómodas premisas que marcaron las últimas tres décadas —que la interdependencia económica evitaría los conflictos, que la gobernanza global se profundizaría con el tiempo y que el progreso tecnológico ampliaría la libertad— están perdiendo credibilidad rápidamente.
En su lugar se alza una verdad más cruda: los instrumentos diseñados para unir al mundo se han convertido en herramientas de intimidación. De hecho, el propio vocabulario de la cooperación se ha vaciado de significado, primero por su uso excesivo y hoy por la mentira y la mala fe. Con demasiada frecuencia, la “diplomacia” se reduce a política de presión: amenazas disfrazadas de diálogo, acuerdos secretos o sesiones fotográficas.
Tanto en Davos como en Múnich, el trasfondo era que la gestión de crisis se está volviendo menos jerárquica. Si bien las grandes potencias aún pueden dominar en lo que respecta al establecimiento de la disuasión, a medida que los actores hegemónicos adoptan la disrupción y violan el derecho internacional sin reparo alguno, las tareas de desescalada y mediación recaen cada vez más sobre las potencias medianas, que operan a través de redes diplomáticas flexibles y superpuestas.
Estos Estados están aprendiendo a actuar de forma coordinada, no mediante la formación de un único bloque formal, sino mediante la creación de coaliciones temáticas que pueden actuar con mayor rapidez que la que permitirían las rivalidades entre grandes potencias. Las potencias intermedias pueden coordinar sanciones y corredores humanitarios, negociar intercambios de prisioneros, abrir canales de comunicación discretos y mantener el funcionamiento de las instituciones multilaterales cuando los actores más poderosos se repliegan o recurren al sabotaje. Cuando los enfrentamientos entre los Estados más fuertes amenazan la posibilidad de un compromiso, suelen ser las potencias intermedias las que crean las estrechas vías de diálogo que permiten el avance de la diplomacia.
Para que cualquier marco de poder intermedio perdure, debe construirse sobre una base de confianza democrática, donde todos los participantes respeten las mismas reglas. Durante los períodos de crisis, los Estados autocráticos suelen presentarse como “indispensables” para la estabilidad global. Pueden intervenir para ayudar a gestionar las crisis internacionales a corto plazo, incluso mientras sus líderes aprovechan esas mismas circunstancias para afianzar su poder en casa. Pero los autócratas jamás podrán ser administradores creíbles de un nuevo orden basado en normas, porque no las consideran vinculantes. Todo es transaccional.
El conflicto con Irán ilustra tanto las consecuencias de la debilidad de estas aperturas como la importancia de la legitimidad, tan crucial como la capacidad de acción. En la nueva geopolítica, las grandes potencias tienden a tomar las riendas de la situación, recurriendo primero a la coerción y luego a la diplomacia. Sin embargo, cuando la autoridad interna se basa más en la coerción que en el consentimiento, la estabilidad externa se vuelve frágil: la política se torna reactiva, la disuasión se improvisa y el margen de maniobra de un Estado depende menos de compromisos duraderos que de cambios en el equilibrio de poder. El resultado no es un orden renovado, sino un panorama marcado por hechos consumados, donde todos los demás se ven obligados a adaptarse a posteriori.
Este es un obstáculo insuperable. Un gobierno que considera la ley un instrumento de conveniencia siempre prometerá reformas en principio, pero se resistirá a ellas en la práctica. Respaldará un sistema más justo, mientras que, discretamente, garantiza la continuidad del desorden del que se beneficia. Para los países que se nutren del caos y la agitación, un orden verdaderamente justo no es una meta; es una amenaza.
Por eso, cualquier nuevo sistema global debe estar liderado por países democráticos. En las democracias, los líderes cambian, pero las instituciones perduran. El derecho existe para limitar el ejercicio arbitrario del poder, no para servirle. La prueba definitiva de la independencia soberana de una democracia reside en su capacidad para defender no solo su territorio y su economía, sino también su forma de vida política y el Estado de derecho. Estos compromisos son los que hacen que los países democráticos sean predecibles y dignos de confianza.
Es ilusorio pensar que la geografía pueda lograr lo mismo. Un “país pivote” que equilibra el poder entre rivales globales no sustituye a instituciones estables. Si un Estado de importancia estratégica tiene instituciones débiles, siempre será un socio poco fiable, fácilmente presionable por otros y demasiado costoso de mantener de su lado.
La democracia es lo que confiere fiabilidad al poder estatal. Permite la toma de decisiones a largo plazo y la creación de alianzas duraderas. Sustenta la confianza en que se cumplirán las obligaciones, se corregirán los errores y se afrontarán las crisis con resiliencia. En los países donde la ley se utiliza como arma para silenciar a la oposición, los llamamientos a un orden internacional más justo pierden toda credibilidad. Mi propio país es un claro ejemplo de ello.
Tomo en serio el llamado de Carney a la solidaridad entre las potencias medianas. Pero para que esa solidaridad tenga sentido, debe utilizarse para crear un nuevo sistema de Estados regidos por el Estado de derecho y genuinamente comprometidos con las normas y los principios democráticos. La diplomacia basada en principios consiste en la defensa disciplinada de los intereses dentro del marco del derecho internacional, sin coacción ni negación de los derechos ajenos, con el objetivo de lograr resultados que perduren por su legitimidad.
No, no estoy abogando por la exclusión. Países con dificultades democráticas como Turquía no deben ser marginados. Cualquier nuevo sistema global debe ser más inclusivo que el anterior, basado en los principios fundamentales del derecho internacional. Unos estándares compartidos garantizarían una participación duradera, creíble y resiliente a lo largo del tiempo, impulsando a los países hacia adelante en lugar de dejar a nadie atrás.
En concreto, la eficacia de cualquier nuevo orden dependería de un doble compromiso: cooperar sobre la base de valores compartidos a nivel internacional y fortalecer la democracia y el Estado de derecho a nivel nacional. Con estos criterios establecidos, los Estados deberían poder negociar y acordar un conjunto de principios comunes.
Entre estas ideas se encuentran que el «poder de la ley», y no la «ley del poder», debe regir el comercio, los flujos financieros, la tecnología y los datos; que el multilateralismo no solo debe gestionar crisis como la migración y el cambio climático, sino también abordar sus causas profundas y compartir la carga de manera más equitativa; que la resiliencia, como la que se manifiesta en la infraestructura digital o las cadenas de suministro transfronterizas, requiere mecanismos compartidos; y que la legitimidad exige instituciones democráticas: un poder judicial independiente, una prensa libre, una competencia electoral genuina y la prohibición de criminalizar a los rivales políticos.
El mensaje que se desprende de Davos y Múnich este año no es que la diplomacia haya muerto, sino que su centro de gravedad se ha desplazado. A medida que se intensifican las rivalidades entre las grandes potencias, la labor práctica de reducir las tensiones recae en las potencias medianas dispuestas a mantener sus puertas abiertas. Deben asumir esta responsabilidad con seriedad, porque un mundo de 8,300 millones de personas no soportará el peso de la coerción y el desorden constantes. La acción concertada de las potencias medianas del mundo beneficiará no solo a ellas mismas, sino también a los países en desarrollo del Sur Global. En ausencia de solidaridad, estos países se verán aislados y coaccionados, uno a uno, a perder su soberanía.
Si las potencias medianas se unen, podemos construir una nueva base para el orden internacional que restablezca el equilibrio. La crisis de Irán deja claro que tal restablecimiento es crucial para alejar la geopolítica de un mundo gobernado únicamente por el poder. Incluso desde la cárcel, tengo fe en que esa base es posible.
El autor es alcalde de Estambul, Turquía, fue suspendido de su cargo y encarcelado tras convertirse en el candidato del Partido Republicano del Pueblo (CHP) para las próximas elecciones presidenciales turcas, que deben celebrarse antes de mayo de 2028.
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