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La administración de Gabriel Boric representa algo más que un relevo generacional o una alternancia rutinaria de coaliciones. Encierra, de forma particularmente visible, la consolidación de un constructivismo antropológico que ha venido avanzando en buena parte del mundo occidental. Bajo este paradigma, la naturaleza humana deja de ser tratada como una realidad dada y pasa a concebirse como un campo abierto a la redefinición constante mediante el discurso de derechos, los marcos identitarios y la mediación del Estado.
Tal desplazamiento no es meramente teórico. Sus consecuencias aparecen —a veces con notable claridad— en la vida concreta de una nación.
Considérese, en primer lugar, el deber más elemental de la autoridad política: la protección de la vida humana. Chile ha experimentado en los últimos años una transformación significativa de su escenario de seguridad. El informe nacional de homicidios de 2024 registró 1,207 víctimas y una tasa de 6.0 por cada 100,000 habitantes, niveles que hace poco más de una década habrían parecido inconcebibles en un país considerado relativamente seguro dentro de la región.
Incluso con ajustes legislativos recientes que fortalecen la protección jurídica de las policías y amplían herramientas contra el crimen organizado, el patrón general revela una adaptación institucional tardía frente a un entorno delictual que cambió con rapidez. Cuando el homicidio se estabiliza en niveles elevados, la promesa más básica del Estado —la seguridad en la vida cotidiana— aparece debilitada.
En el extremo opuesto del arco vital, el impulso político por ampliar el aborto más allá del actual marco de tres causales continúa ocupando un lugar central en el horizonte de la coalición gobernante. El régimen legal vigente, establecido en 2017, ya permite el aborto en determinados casos y miles de procedimientos se han realizado en el sistema público. Sin embargo, el énfasis político se ha inclinado más hacia el lenguaje de la autonomía que hacia la construcción de una red sólida de apoyo a la maternidad vulnerable y a las alternativas de adopción.
La salud ofrece otra ventana reveladora. El sistema público chileno continúa operando bajo el peso de listas de espera masivas, un problema que antecede al actual gobierno pero que ha demostrado ser resistente a las correcciones estructurales. La controversia en torno a decenas de miles de pacientes fallecidos mientras aguardaban atención durante 2024 consolidó una inquietud pública creciente. Incluso admitiendo los debates metodológicos sobre la atribución de esas muertes, la percepción ciudadana es clara: las garantías universales suelen diluirse en demoras burocráticas prolongadas que muchas veces terminan en la muerte.
La demografía constituye quizás el indicador más silencioso y decisivo. La tasa de fecundidad de Chile ha caído a mínimos históricos —alrededor de 1.16 hijos por mujer en 2023— situando al país entre los casos más extremos de declive demográfico en la región. Ninguna sociedad avanzada puede sostener indefinidamente sus sistemas previsionales, su solidaridad intergeneracional y su dinamismo económico bajo una contracción demográfica de esa magnitud. Sin embargo, la política familiar ha permanecido fragmentaria y el vocabulario político reemplaza cada vez más la palabra “familia” por una constelación de categorías más fluidas.
La política de vivienda ilustra otra dificultad. La promesa gubernamental de construir 260,000 viviendas ha mostrado avances, pero el esfuerzo quedó marcado por el llamado escándalo de los convenios, que expuso transferencias irregulares a fundaciones con cercanía política. En las democracias modernas, estos escándalos hacen más que malgastar recursos: erosionan la confianza, y la confianza es la infraestructura invisible del orden social.
El mercado laboral presenta ambigüedades similares. El empleo se recuperó tras el shock pandémico, pero la informalidad se mantiene elevada, en torno al 27-28 por ciento durante 2024. Detrás de esta cifra subyace una tensión estructural: una economía que intenta conciliar ambiciones redistributivas con una cultura productiva que necesita estabilidad e incentivos.
La educación expone con especial claridad la dimensión cultural del momento. Los esfuerzos oficiales por mejorar asistencia y aprendizajes conviven con ausentismo persistente, aumento de la violencia escolar y creciente fatiga institucional. El debate se desplaza cada vez más desde los resultados académicos hacia cuestiones de autoridad, disciplina y la ecología moral de las escuelas, ámbitos que las reformas tecnocráticas rara vez logran resolver por sí solas.
Las presiones migratorias han añadido complejidad al panorama nacional. Tras el peak de cruces irregulares en 2022-2023, el gobierno endureció ciertas medidas de control, pero el rápido influjo demográfico ya ha producido efectos sociales y políticos duraderos en diversas comunidades.
Las democracias suelen atravesar ciclos de errores de política pública, cuellos de botella institucionales y promesas excesivas. La cuestión más profunda es si existe un horizonte antropológico coherente que oriente la corrección de rumbo.
Aquí reside la ambigüedad central de los años de Boric. La administración ha oscilado entre sofística transformadora y ajuste pragmático. En ocasiones ha impulsado un lenguaje revisionista; en otras ha retrocedido hacia un realismo gestor bajo la presión de las restricciones económicas y de seguridad. El resultado no ha sido un colapso institucional, sino una sensación persistente de incertidumbre e inseguridad.
Juan Pablo II advirtió que una democracia desvinculada de puntos de referencia morales objetivos corre el riesgo de deslizarse hacia formas de “totalitarismo apenas disimulado”. La advertencia debe leerse menos como una profecía que como una cautela diagnóstica. Cuando la vida pública pierde confianza en la persona humana concreta —creada, relacional, limitada— la política tiende a inflar expectativas que luego no puede cumplir.
Chile enfrenta hoy una convergencia de presiones: declive demográfico, inseguridad creciente, fatiga institucional y fragmentación cultural. Ninguno de estos fenómenos es exclusivamente chileno; sus ecos se escuchan en buena parte de Occidente. Lo que vuelve particularmente instructivo el caso chileno es la velocidad con que estos cambios se han hecho visibles en una sociedad durante mucho tiempo considerada estable. La ideología ha penetrado en los intersticios de la sociedad.
El balance último de la administración Boric no se escribirá únicamente en cifras económicas ni en balances legislativos, sino en si Chile logra salir de este período con instituciones intermedias más fuertes, confianza demográfica renovada y un lenguaje político nuevamente anclado en la persona humana concreta, enraizada en la cultura cristiana occidental, abierta a la trascendencia.
El 11 de marzo se cerró un experimento político que ensombreció al país y se abrió la oportunidad de recuperar el alma de Chile.
El autor es analista político chileno. Doctor en Filosofía y Letras, miembro del Panel de Humanidades y Ciencias Sociales de la Fundación Fulbright.
