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La embajadora de República Popular China en Costa Rica, Wang Xiaoyao, negó que empresas de su país estén involucradas en la actividad minera vinculada a la extracción ilegal de oro en Crucitas, cerca de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, informó el diario La Nación.
El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, denunció el 16 de febrero ante la Asamblea Legislativa costarricense que empresas chinas instaladas en Nicaragua estarían comprando el material aurífero que es robado de Costa Rica.
“Hemos tomado nota de las noticias al respecto y creemos que es otro ejemplo de propaganda mediática sin ninguna comunicación o verificación”, dijo la embajadora al diario costarricense y negó también que haya existido algún encuentro con las autoridades locales para discutir el tema.
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“La parte china no ha recibido ninguna petición de la parte costarricense. Aun así, con una actitud de responsabilidad, vamos (fuimos) a conocer las situaciones en Nicaragua y estamos informados de que las empresas mineras que operan en Nicaragua son principalmente de Canadá u otros países”, añadió.
Calla sobre repartición de concesiones
La diplomática omitió que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha entregado el 8.5 por ciento del territorio nicaragüense en concesiones a 15 mineras de ese país. La mayoría son empresas desconocidas, que han sido aprobadas desde que Nicaragua y China restablecieron relaciones diplomáticas en diciembre de 2021, tal como informó recientemente la Fundación del Río.
El sector del oro es controlado directamente por la familia Ortega Murillo, que tiene intereses también en el mismo. La Procuraduría General de Justicia tiene adscrita la Dirección de Minas desde el 11 de febrero, porque antes estuvo bajo responsabilidad del Ministerio de Energía. Para Nicaragua, el negocio aurífero significó en exportaciones más de 1900 millones de dólares en 2025, a consecuencia del alto precio internacional.
Por el negocio ilegal de este recurso se han tensionado las relaciones de ambos países recientemente. Una reunión bilateral permitió una serie de acuerdos, justo cuando el régimen nicaragüense está bajo la lupa de Estados Unidos. En la potencia norteamericana hay incluso un proyecto que busca frenar la minería ilegal en el hemisferio occidental, mientras el Departamento de Estado intenta alejar la influencia china y rusa en América Latina.
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Precisamente, la dictadura de Nicaragua ha sido denunciada por favorecer a las mineras chinas. Eso pasó con la intervención en septiembre de 2025 de la empresa BMHB Mining, de capital estadounidense y británico. Les quitaron un plantel para procesamiento de oro valorado en 80 millones de dólares en el norte de Nicaragua. Los activos de esta compañía fueron entonces transferidos a dos empresas chinas: Zhong Fu Developtment y Santa Rita Mining.
Este viernes, el régimen le arrebató también la concesión del lote La Guadalupana, de 2500 hectáreas, en San Juan de Río Coco, en Madriz, para entregarla a una nueva empresa china. Lo hicieron, a pesar de que el ministro de energía Salvador Mansell, sancionado por la OFAC, había certificado que la concesión estaba en manos de BHMB desde 2020, luego que la adquirieron de un tercero.
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En relación al caso costarricense, la administración Chaves pidió a Nicaragua fortalecer el patrullaje en el Río San Juan para frenar el tráfico ilegal del metal precioso, agregó La Nación.
