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Nicaragua es el segundo país del mundo con más solicitudes de asilo en proporción a su población, según datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) citados por el Grupo de Expertos de la ONU sobre derechos humanos en Nicaragua (GHREN).
No se trata de un accidente estadístico. Es el resultado directo de un modelo de poder que convirtió la migración forzada en política de Estado. Más de 700,000 personas han huido de Nicaragua desde 2018 y al menos 370,000 han pedido asilo. Esta es una cifra que solo Venezuela supera en términos relativos.
El régimen de Ortega y Murillo insiste en negar la crisis de Nicaragua, pero las cifras lo desmienten. Un país de apenas 6.8 millones de habitantes no pierde a más del 5 por ciento de su población por “razones económicas”. La gente no abandona su hogar, su familia y su país por capricho. Huye porque quedarse se volvió incompatible con la vida digna, la libertad y la seguridad personal y familiar.
La represión no solo silenció al país, también lo vació. La sangrienta represión de 2018, las detenciones de 2021, la criminalización y persecución contra la Iglesia, el cierre de ONG y la persecución a periodistas y opositores, destruyeron el espacio cívico y para mucha gente el exilio ha sido la única salida posible. El grupo de expertos de la ONU lo ha resumido sin eufemismos, al indicar que la migración nicaragüense es consecuencia de la persecución política directa.
El régimen de Ortega y Murillo controla a quienes se quedan. Los vigila, hostiga y amenaza a quienes se fueron con castigar a sus familiares que quedaron en el país. La represión se exporta y el exilio se ha vuelto una extensión del territorio político del miedo.
La dictadura rompió con Acnur para no romper su narrativa. La decisión de retirar a Nicaragua de Acnur —el mismo organismo que documenta el aumento de refugiados nicaragüenses— no fue un gesto diplomático, sino un intento desesperado de borrar el espejo que refleja la magnitud del desastre. Pero romper con Acnur no ha cambiado la realidad. A finales de 2025, había 8.4 millones de solicitantes de asilo en el mundo, y los nicaragüenses representan una de las proporciones más altas entre todos los países. En realidad, la negación oficial no detiene el éxodo, solo lo hace más peligroso.
Costa Rica, Estados Unidos y España cargan con el costo humano de la represión en Nicaragua. Los países receptores de exiliados y migrantes enfrentan sistemas de asistencia social saturados, economías presionadas y comunidades vulnerables expuestas a explotación laboral, trata de personas y precariedad. Costa Rica —históricamente solidaria con los nicaragüenses— ya no puede absorber el flujo sin tensiones. Estados Unidos ha recibido decenas de miles cada año. España se ha convertido en refugio para profesionales, periodistas y opositores. La diáspora nicaragüense no es un fenómeno migratorio regular, sino un desplazamiento forzado masivo que reconfigura la región.
Además, el régimen de Nicaragua no expulsa a la gente por error, sino por diseño. Lo hace para que haya menos población crítica dentro del país y menos presión política interna, pero más dependencia económica de remesas y más aislamiento institucional para evitar escrutinio. De manera que el éxodo de nicaragüenses no es un daño colateral sino una herramienta de control del régimen autoritario.
En conclusión, Nicaragua es un país que se desangra de sus recursos humanos mientras el poder se atrinchera. Está en segundo lugar mundial en solicitudes de asilo porque el régimen convirtió la represión en sistema, el miedo en política pública y el exilio en válvula de escape. Podemos decir, en consecuencia, que las cifras de Acnur además de estadísticas son vidas humanas arrancadas de su país por un Estado que dejó de proteger para perseguir.
La pregunta ya no es cuántos más se irán, sino cuánto tiempo puede sobrevivir un país que expulsa a su gente más rápido de lo que puede reemplazarla.
