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Un devastador informe publicado el martes pasado en Ginebra, Suiza, por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU da cuenta cómo la dictadura financió la represión en el 2018 desviando fondos del presupuesto nacional asignados al gasto social de diferentes instituciones y cómo actualmente financia una vasta red de espionaje transnacional contra opositores exiliados.
Según Reed Brody, miembro del GHREN “el informe está soportado en 73 entrevistas y más de 1,700 documentos y se trata no de una represión improvisada, sino de una estructura financiada con fondos públicos y proyectada más allá de las fronteras. Ortega y Murillo han construido un aparato de poder que integra al Estado y el partido sandinista con el fin de silenciar toda disidencia dentro y fuera del país”.
El informe da cuenta que en el 2018 para la llamada “Operación Limpieza” se redirigieron fondos sociales presupuestados en Inifom y otras instituciones para financiar el pico de la represión que dejó 355 muertos y en la actualidad las estructuras diplomáticas han sido para crear una “extensa arquitectura transnacional” de vigilancia e inteligencia para monitorear, intimidar y atacar a cientos de miles de nicaragüenses que viven en el extranjero.
El grupo oficial de la ONU formado para monitorear los derechos humanos en Nicaragua informó de la desnacionalización de 452 ciudadanos nicaragüenses y de miles de exiliados en condición de apatridia de facto porque las autoridades migratorias les niegan la entrega de sus documentos de identidad y a otros les han impedido regresar a Nicaragua.
Las acusaciones son muy graves porque se dan los nombres de los involucrados entre los que figuran oficiales del Ejército, Policía, Autoridades Migratorias, Telcor, Misiones Diplomáticas, identificando con sus nombres y apellidos a un total de 26 personas entre las que figuran: el cocanciller Valdrack Ludwing Jaentschke, Francisco Díaz Madriz, Julio Cesar Avilés Castillo, Luis Roberto Cañas Novoa, Néstor Moncada Lau, Leonel José Gutiérrez López, Fidel Antonio Moreno Briones, Ana Julia Guido Ochoa, Gustavo Porras Cortés, Roberto López Gómez y Wendy Carolina Morales Urbina.
Los hallazgos del grupo de expertos en derechos humanos de la ONU sobre Nicaragua resultan particularmente reveladores a la luz del asesinato del mayor retirado del Ejército de Nicaragua y férreo crítico del régimen, Roberto Samcam. acontecido en su casa del barrio Moravia en San José de Costa Rica, el 19 de junio de 2025. Su familia y líderes opositores han acusado a la dictadura de ser los responsables intelectuales.
El investigador y miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU, Reed Brody, señala directamente al cocanciller Valdrack Jaentschke de organizar y dirigir la represión transnacional particularmente en Costa Rica y destaca que le resulta sospechoso que este funcionario que en los años 80 fue un oficial de inteligencia de la Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE), haya sido cambiado en la actualidad a tantos puestos diplomáticos.
Reed Brody, quien en los años 80 ayudó a formular el caso que Nicaragua ganó contra Estados Unidos en 1984 en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, ahora recomienda que la dictadura sea acusada ante ese mismo organismo mundial ya que es uno de los pocos organismos internacionales que los codictadores Ortega y Murillo reconocen legitimidad.
Resulta irónico que en 1984 su investigación sirvió de base para que el régimen de aquel entonces ganara el juicio contra los Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia y la actual investigación del GHREN podría servir de base para que un estado, o varios estados democráticos, interpongan un juicio en la misma corte contra Nicaragua por las violaciones a los tratados internacionales y las violaciones sistemáticas al derecho internacional.
En tal sentido se pronunció el pasado miércoles la Concertación Democrática Monteverde urgiendo a los Estados democráticos “no permanecer indiferentes ante un régimen que ha convertido al Estado en instrumento de persecución y que pretende extender su represión más allá de Nicaragua”.
El autor es periodista, político y escritor nicaragüense, ex preso político desterrado y autor del libro testimonial “Destinos heredados” y “Un cauce hacia la democracia”. Fue Co director de LA PRENSA de 1981 a 1984
