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El Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Nicaragua (GHREN), sin proponérselo se involucró indirectamente en la controversia entre opositores exiliados, juristas democráticos, periodistas y defensores de derechos humanos nicaragüenses, acerca de que si el excomandante de la Revolución Sandinista, Bayardo Arce Castaño, debe ser reconocido como preso político o no.
Bayardo Arce era uno de los más altos operadores en el ámbito económico y político de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pero de repente, y como suele suceder en los regímenes de tipo totalitario, Arce cayó en desgracia y en julio de 2025 fue encarcelado. Durante varios meses estuvo en condición de desaparecido, hasta que a finales de enero del presente año la dictadura informó que había sido juzgado y condenado en secreto, por la acusación de haber cometido graves delitos de fraude y lavado de dinero que supuestamente le habrían reportado beneficios de casi cinco mil millones de dólares en moneda de Estados Unidos y nacional.
A partir de esa información y de las denuncias de familiares cercanos de Bayardo Arce, el Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas de Nicaragua lo incluyó en el registro que lleva de los prisioneros y desaparecidos políticos. Según el Mecanismo, Arce fue encarcelado de manera arbitraria, se le juzgó y condenó sin respetar las garantías judiciales a las que tienen derecho todas las personas, y, por lo tanto, su caso se ajusta a por lo menos uno de los requisitos internacionales estándar para calificar a los presos políticos.
Posteriormente, el grupo de expertos de la ONU incluyó el nombre de Bayardo Arce en su más reciente informe sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, pero sin calificarlo de preso político sino como “persona detenida arbitrariamente”. Y uno de los miembros del grupo de expertos internacionales, el abogado estadounidense Reed Moody, aclaró que el término de preso político no se utiliza en ningún informe de las Naciones Unidas.
En realidad, la ONU no usa la expresión de preso político porque no existe en la ley internacional. Fue la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa quien declaró que una persona debe ser considerada como presa política siempre y cuando se cumpla al menos una de las siguientes cuatro condiciones: 1. Que el encarcelamiento tenga una motivación propiamente política, sin que la persona encarcelada haya cometido delito real; 2. Que el procedimiento de encarcelamiento haya sido notoriamente injusto e ilegal; 3. Que la persona encarcelada sufra un trato discriminatorio y abusivo. Y, 4. Que fue encarcelada por ejercer derechos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como por ejemplo la libertad de expresión, y los derechos de reunión o de asociación política y social.
La otra institución que ha definido la condición de preso político ha sido Amnistía Internacional, la cual determina que en general lo es toda persona que ha sido encarcelada por sus creencias o su afiliación política, por su origen, sexo, orientación sexual o identidad, siempre y cuando no hubiera recurrido a la violencia ni al odio, ni los hubiera propugnado.
Sin embargo, las definiciones de la Asamblea Parlamentaria de Europa y Amnistía Internacional no son vinculantes. De manera que cada persona o asociación tiene derecho, de acuerdo con sus propios criterios políticos o principios morales, a calificar a Bayardo Arce como prisionero político o preso común. Pero en todo caso, por honestidad política e intelectual se debe reconocer, como han advertido los expertos de las Naciones Unidas en derechos humanos, que esa persona fue encarcelada de manera arbitraria y juzgada y condenada sin respetar sus derechos ciudadanos.
El hecho objetivo es que, independientemente de sus antecedentes políticos y su participación de alto nivel en la actual dictadura, Bayardo Arce ahora es también una víctima de los codictadores Ortega y Murillo. Los que reprimen con saña no solo a los luchadores por la libertad y la democracia, sino también a algunos de sus operadores y partidarios que por la razón que sea caen en desgracia y son purgados.
