¿La politización del derecho o la juridización de la política?

La reciente decisión del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de incluir en su lista al señor Bayardo Arce, sigue un derrotero muy escabroso. Con este precedente, si mañana cayera en desgracia Fidel Moreno o Gustavo Porras, serían considerados «presos políticos». De hecho, varios casos de menor perfil pasaron desapercibidos. La categoría «prisión política» no dispone de una definición universalmente aceptada, lo que da pie a estas decisiones confusas y extrañas; por tanto, la postura del Mecanismo no es, ni mucho menos, res ivdicata (cosa juzgada).

Partamos de la siguiente pregunta: ¿el Mecanismo está apostando por la politización del derecho o por la juridización de la política? Si nos inclinamos por lo primero, caeremos en la dispersión conceptual en favor de una estrategia política de un sector político nicaragüense bien conocido. Si optamos por lo segundo, aspiramos a la objetividad conceptual en el campo normativo, o lo que es lo mismo, buscamos reducir el subjetivismo político de la categoría mediante la ciencia jurídica, campo normativo por antonomasia.

Este asunto no es baladí. El debate nicaragüense se puede presentar en cualquier otro lugar donde los constructores de un régimen autocrático/totalitario sean objeto de purga interna y cierto sector político pretenda equiparar sus casos con quienes fueron víctimas por sus convicciones, oposición o disidencia. Quizás, los cubanos y los venezolanos ya superaron esto. Estas consideraciones se tratan de justicia, la cual, desde tiempos del jurista romano Ulpiano, es la virtud de dar a quien lo que le corresponde. Tomemos la definición recogida por Enciclopedia Británica, fuente que define preso político como una persona “que está encarcelada porque sus acciones o creencias son contrarias a las de su Gobierno (…) Este es el sentido más general de un término que puede ser difícil de definir (…) Los presos políticos se erigen como representaciones simbólicas de los intentos de desafiar el statu quo”.

De lo anterior se deduce que el señor Arce no es un preso político por cuanto no hay evidencia ni correlato empírico de que represente simbólicamente un intento de desafiar el statu quo. No hay prueba de que sus acciones o creencias sean contrarias a las de su gobierno; lo que sí sabemos con certeza es que su gobierno es el statu quo y su sector político ostenta los controles de mando del Estado como macroestructura de poder. El señor Arce no es ni ha sido opositor o disidente a la dictadura sandinista; sino más bien, a la luz de la realidad cognoscible, ha sido un operador y un beneficiario de la misma. Su caída en desgracia se explica por el ascenso de una línea de mando que ya no es la suya, en el seno del mismo régimen político que coarmó. Es cierto que —como a cualquier ciudadano— deberían respetarse sus DD. HH. y garantías procesales; cosa que no sucede en un Estado por vías de hecho que ha impuesto una tiranía de la arbitrariedad.

No toda detención arbitraria es prisión política; pero sí toda prisión política es una detención arbitraria. No es lo mismo un preso político que un político preso. A partir de este razonamiento, el señor Bayardo Arce es, digamos, un expolítico preso arbitrariamente detenido, en una dinámica de pugnas internas, tras una reconversión de las relaciones de poder. Es poco probable que esté apresado “porque sus acciones o creencias son contrarias a las de su Gobierno”, ya que su trayectoria apunta a que sus acciones y creencias han convergido, en una comunidad de intereses, con las de su régimen político. Si Sandino escribió que no reclamaba un palmo de tierra para su sepultura, el señor Arce vio en el Estado una corporación mercantil para el enriquecimiento personal. En 50 años, el señor Arce pasó de un periodista vuelto comandante a un ecónomo vuelto millonario.

El apresamiento de uno de los comandantes de la llamada “novena”, de la “nomenclatura”, de la cúpula verde olivo, es otro fusilamiento sin armas. La organización que le dio todo, se lo quitó todo; pasando de un estado mítico a un estado crítico. Por tanto, en esencia, atestiguamos un fenómeno de poder puro y duro, un castigo, una represalia, un mensaje, ante el desarrollo cada vez más endogámico del régimen político centrado en la familia Ortega-Murillo. ¡Ojo! No se trata, ni por cerca, de justicia. El aparato judicial subordinado a la copresidencia actúa como instrumento de represión sin más. Desde la cosmovisión budista, es una consecuencia kármica. Desde los refranes populares, mal paga el diablo a quien bien le sirve.

Volviendo al propósito central. Juristas como el mexicano Eduardo García Maynez concibieron que la lógica jurídica (hipotético-deductiva) opera de la siguiente manera: si A es, entonces B, lo que quiere decir que ante un supuesto de hecho, una consecuencia jurídica. Las categorías jurídicas buscan describir general y objetivamente supuestos de hecho y consecuencias jurídicas atendiendo las particularidades del caso. La misma categoría jurídica aplica para casos iguales; categorías jurídicas diferentes operan para casos diferentes. En esta lógica también es relevante la atención de las particularidades del sujeto interviniente. Así pues, cada vocablo tiene su ámbito de aplicación; por ej: no es lo mismo procesado que condenado y no es lo mismo estafa que defraudación.

Ergo, desde la dimensión lógico-jurídica y ético-política, no es preciso, justo ni equitativo, tratar al señor Bayardo Arce como preso político bajo el mismo paraguas categorial que a representantes estudiantiles, campesinos, activistas sociales, líderes políticos, disidentes y miles de autoconvocados que se opusieron visiblemente con sus acciones y creencias al régimen político, desafiando inequívocamente el orden establecido. La realidad observable y la documentación de los casos dan prueba fehaciente de la prisión política y demás vejaciones sufridas por tales personas.

Por consiguiente, se debe pensar y aplicar una nueva categoría para describir correctamente los casos de detención arbitraria de operadores, armadores y (ex)políticos presos, purgados o castigados por su propio régimen político (semejante a las pasadas de cuenta entre narcos y mafia), sin caer en la politización del derecho que nos lleva a la vulgarización de los términos y el subjetivismo en las definiciones, cuestión que explica el error mayúsculo y grosero de equiparar a los chino Enoc y los Bayardo Arce con los Levis Rugama y las Yaritzha Rostrán en una misma categoría de preso político. Es injusto aplicar la misma categoría para supuestos de hecho y sujetos intervinientes que son absolutamente diferentes.

La decisión del Mecanismo de incluir como preso político al señor Arce —acaso animada por el llamamiento implosivo— se toma correctamente como ofensiva, injusta y técnicamente imprecisa por las organizaciones de víctimas y excarcelados políticos ante el vacío definitorio. No es lo mismo desafiar al régimen en su conjunto que desconocer o contravenir la línea del sandinismo murillista. Sería una gran iniciativa que el Mecanismo, junto a especialistas, organizaciones de víctimas y asesores internacionales, revisen los criterios para los presos políticos y acuñen una nueva categoría para los purgados del régimen.

El Mecanismo puede corregir una decisión que insulta la memoria, atenta contra la inteligencia y desvaloriza el sentido común de quienes hemos sufrido prisión política por manifestarnos, expresarnos y oponernos comprobadamente al totalitarismo rojinegro. Les dejo una anécdota como gran finale. En 2019, en Managua, una joven del movimiento estudiantil emergente se encontró casualmente una mañana al señor Bayardo Arce en una caminata matutina (creo que paseando a sus canes); en un breve intercambio de palabras, el señor Arce le dijo con tono coloquial a la joven autoconvocada lo que sigue: “Ustedes no saben a qué se están enfrentando”. No se imaginó el comandante millonario que lo que enfrentamos, lo alcanzaría indefectiblemente a él mismo.

El autor es economista, abogado y profesor nicaragüense actualmente en el exilio.