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Con el orden global bajo tensión, la lucha por el control de la energía y los minerales se presenta cada vez más como un asunto de seguridad nacional. Desde Venezuela y Groenlandia hasta la República Democrática del Congo (RDC) y Ucrania, la competencia por recursos estratégicos está configurando dinámicas de poder, alianzas y conflictos globales.
Ya hemos vivido épocas similares. En todo el Sur Global, la búsqueda de petróleo, diamantes, madera, minerales y otros recursos ha distorsionado la gobernanza nacional y perpetuado relaciones de poder asimétricas, dejando con demasiada frecuencia a los países productores más pobres, más divididos y más endeudados que antes. Hoy, mientras el mundo se apresura a asegurar los minerales necesarios para la energía limpia, las tecnologías digitales, la inteligencia artificial y las industrias de defensa, entramos en otra era similar, una que implica tanto grandes promesas como graves peligros.
Pero la velocidad y la escala del cambio son diferentes esta vez. Ya no es una meta lejana; la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles está en marcha y cobrando impulso. En 2025, la inversión mundial en energías limpias duplicó la del petróleo, el gas y el carbón. Si bien el petróleo y el gas siguen formando parte de la matriz energética y sustentan los ingresos públicos en muchas economías, la transición energética se está acelerando.
Esa transición depende de minerales críticos, y la demanda está en auge. Para 2040, según las proyecciones actuales y los patrones de uso anual, la demanda de litio podría quintuplicarse, la de grafito y níquel podría duplicarse, la de cobalto y tierras raras podría aumentar más del 50 por ciento, y la de cobre podría crecer casi un tercio. Estas proyecciones están influyendo en las decisiones de inversión, las políticas comerciales y las estrategias diplomáticas actuales.
Aun así, es necesario dedicar más atención a mejorar la eficiencia energética y a apoyar la innovación en la generación, el reciclaje y la conservación de energía. La cadena mundial de suministro de minerales sigue estando muy concentrada. La República Democrática del Congo produce alrededor del 70 por ciento del cobalto mundial, e Indonesia produce casi el 60 por ciento del níquel a nivel mundial.
El procesamiento está aún más concentrado. China tiene una cuota de mercado promedio del 70 por ciento para 19 de los 20 minerales considerados estratégicos por la Agencia Internacional de la Energía, y su papel sigue creciendo. En los últimos años, China representó gran parte del crecimiento del cobalto refinado, el grafito y las tierras raras, entre otros minerales. Esta concentración ha intensificado la competencia geopolítica y la preocupación por la vulnerabilidad de la cadena de suministro, lo que a su vez está transformando la forma en que los gobiernos conciben la seguridad energética y la política industrial.
En respuesta, los países están buscando asegurar el acceso a través de acuerdos bilaterales y alianzas estratégicas, a menudo negociados apresuradamente y en secreto. Cuando los contratos se firman a puerta cerrada, los ciudadanos no pueden ver los términos bajo los cuales se comprometen sus recursos, y los costos ambientales y sociales a menudo se tratan como cuestiones secundarias. Sabemos por experiencia lo que puede derivar de ello: corrupción, conflicto, daño ambiental y acumulación de riqueza sin control.
La mala gobernanza de los recursos naturales ha socavado el desarrollo durante mucho tiempo. Con demasiada frecuencia, la extracción ha enriquecido a unas pocas personas, dejando a comunidades enteras desplazadas, ecosistemas degradados y gobiernos agobiados por la deuda. La retórica puede haber cambiado con la transición del petróleo al litio y de los oleoductos a las baterías, pero los riesgos son tristemente familiares. La actual carrera por los minerales críticos podría fácilmente reproducir las mismas injusticias bajo una bandera verde.
Pero ese resultado no es inevitable. Si se gestiona bien, la riqueza mineral puede ser transformadora, generando ingresos públicos, impulsando la diversificación económica y financiando inversiones en infraestructura, educación y salud. Pero esto requiere una ruptura decisiva con las prácticas pasadas, y eso comienza por garantizar la transparencia.
La transparencia no es un añadido opcional ni un exceso burocrático. Es la piedra angular de la buena gobernanza. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se gestionan sus recursos, quién se beneficia, qué impuestos se pagan y cómo se gestionan los ingresos. El escrutinio público de los contratos, la propiedad de las empresas y las condiciones fiscales es una de las salvaguardias más eficaces contra los abusos y la mala gestión.
Los pueblos indígenas y las comunidades afectadas deben tener una voz significativa en las decisiones que definen sus tierras, sus medios de vida y su futuro. Es necesario mantener la protección de periodistas, activistas y organizaciones de la sociedad civil que pueden exigir cuentas a gobiernos y empresas, garantizando así que la riqueza de los recursos se traduzca en prosperidad compartida.
Existen modelos probados para lograrlo eficazmente. Durante más de dos décadas, la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas ha demostrado que la transparencia y la rendición de cuentas son posibles, incluso en entornos políticamente complejos. Hoy en día, 55 países se adhieren a los estándares globales que ha creado para el sector extractivo, en colaboración con empresas y organizaciones de la sociedad civil. Este enfoque ahora debe ampliarse y adaptarse específicamente a los minerales críticos.
Estos recursos no son solo insumos para la transición energética. Son activos estratégicos que configuran la geopolítica, los flujos de inversión y el futuro del desarrollo. La cooperación global en este ámbito es urgente. Los líderes gubernamentales deben exigir y aplicar los más altos estándares de gobernanza ética y transparencia para garantizar que esta nueva era de competencia por los recursos genere equidad, rendición de cuentas y un beneficio público duradero.
Tenemos una opción. Podemos repetir los errores del pasado o podemos garantizar que las economías donde la minería contribuye al crecimiento también fomenten la paz, la prosperidad y la justicia.
Las autoras, Helen Clark fue primera ministra de Nueva Zelanda y administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; Ellen Johnson Sirleaf es Premio Nobel de la Paz y expresidenta de Liberia, es fundadora del Centro Presidencial EJS para la Mujer y el Desarrollo y copresidenta del Panel Independiente sobre Preparación y Respuesta ante Pandemias.
Derechos de autor: Project Syndicate, 2026.
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