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El opositor nicaragüense Jaime Chavarría buscó justicia durante 18 años. Lo hizo hasta que este miércoles 4 de marzo escuchó a los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenar al régimen de Nicaragua por las agresiones que sufrió él y su familia a manos de una turba del FSLN. La resolución abordó también su falta de acceso a la justicia y estableció que deberán pagarle una indemnización de 535,000 dólares.
El español Blas Jesús Imbroda es su abogado. Se desempeña como profesor asociado de Derecho Penal en la Universidad de Granada y es académico en la Real Academia de Jurisprudencia de España. Está acreditado ante la Corte Penal Internacional (CPI) y conoce el caso de víctimas de regímenes totalitarios como Venezuela, Cuba y Nicaragua.
LA PRENSA conversó con Imbroda, quien se adentró en el proceso y fue testigo de cómo la dictadura Ortega Murillo asistió al juicio, en un primer momento, e incluso intentó justificar las violaciones a los derechos humanos cometidas contra Chavarría y familia, pero finalmente desistió. Esta es su evaluación sobre un caso que califica como histórico.
¿Qué significado tiene la justicia internacional y cómo impacta a los Ortega Murillo que la Corte IDH haya responsabilizado al Estado de Nicaragua por el caso Chavarría Morales?
La justicia internacional es absolutamente necesaria y debe ser la voz que declare en el mundo las gravísimas violaciones de los derechos humanos allá donde se produzcan, y que tutele y ampare a las víctimas. Ni los Ortega Murillo ni nadie en el mundo puede estar orgulloso cuando se acredita ante un Tribunal, y este declara en sentencia que son responsables de numerosas violaciones a los derechos humanos. La Corte con su sentencia también retrata la deriva de un régimen que ya, desde sus inicios en 2007, tras la vuelta de Ortega al poder, sentó las bases de una dictadura que se ha ido desgraciadamente consolidando a lo largo de los años.
¿Por qué considera usted que el régimen no envió a ningún representante en este caso?
En una parte del proceso sí estuvo presente Nicaragua, de hecho, presentó un escrito de alegaciones intentando justificar las violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, no acudieron al acto del juicio, a pesar de estar citados. Para el régimen de Nicaragua, la justicia es una incomodidad. Están instalados en la impunidad y en la ausencia de un Estado de derecho. Por eso van a intentar desconocer o despreciar todo aquello que provenga de un Tribunal, no controlado por la dictadura.
Tomando en cuenta la ausencia de representantes del régimen Ortega-Murillo en la lectura del fallo, ¿qué se puede esperar?, ¿acatarán el fallo?
No confío en que acaten el fallo de la sentencia, ojalá lo hicieran, significaría que cambiaría el régimen dictatorial y no lo van a hacer. Con la sentencia, la comunidad internacional tiene el relato verdadero de cómo funciona este régimen violando los derechos humanos y persiguiendo a los ciudadanos. Esta sentencia también servirá para que algún día, esperemos no lejano, llegue la democracia a Nicaragua.
¿Qué procede si los Ortega Murillo no acatan el fallo?, ¿cuál es la salida para la justicia final?
Incurrirán, una vez más, en responsabilidad internacional y se mostrarán al mundo como un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos, que se ha convertido en una tiranía, y que no dudo deberán algún día responder ante la justicia por todo ello.
¿Qué lo impactó más a usted sobre este caso?
La constancia y la incesante lucha de toda una familia con el padre a la cabeza, Jaime Chavarría, para que se tutelaran sus derechos fundamentales, que eran ignorados y violados por la dictadura. La familia Chavarría es un ejemplo extraordinario de defensa de los derechos humanos de las personas y de defensa de la dignidad. Jamás pararon de buscar justicia, a pesar de sufrir agresiones, amenazas y persecuciones.
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¿Cómo evalúa la brutal agresión que sufrió esta familia?, ¿había llevado antes un caso como este?
La agresión por defender los derechos a un proceso electoral limpio y ajustado a la ley fue una barbaridad. Sufrieron graves lesiones, pero podrían haber perdido la vida. Y todo ello ante la total pasividad de la Policía que observaba cómo la turba de sandinistas apaleaba y agredía brutalmente a la familia Chavarría. He trabajado y trabajo con víctimas de violaciones de derechos humanos y también de crímenes de lesa humanidad. Muchas de ellas de Venezuela, aunque también de Nicaragua, Cuba y otros países. También ante la Corte Penal Internacional.
Sobre la impunidad en Nicaragua, ¿qué nos puede comentar?
Es un reflejo de que en Nicaragua no hay un Estado de derecho. Hay que tener en cuenta que un verdadero Estado de derecho es aquel en que los jueces son independientes, en el que todas las personas son iguales ante la ley y por tanto responden todos ante la justicia y no hay espacios de impunidad, y además tiene procesos judiciales justos, con plenas garantías, y está garantizado el derecho de defensa. Estos son algunos de los principios que rigen un Estado de derecho. Pero estos principios son incompatibles con una dictadura. Esto es lo que ocurre en Nicaragua y, por tanto, todo lo que sufrió la familia Chavarría quedó allí impune.
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¿Cómo evalúa usted este caso?
Es un caso histórico y como dije antes, con la sentencia se acredita y se describe cómo funciona este régimen violando los derechos humanos y persiguiendo a los ciudadanos.
¿Se puede esperar justicia al final?
No cesaremos de buscarla y pedirla, y no vamos a perder la esperanza de que se consiga. Ante las violaciones de los derechos humanos, no se puede estar callado. El silencio se convierte en cómplice. Hay que alzar la voz ante estas violaciones, perseguir la respuesta de la justicia, y también que la comunidad internacional tome conciencia y adopte medidas para que cesen y que los ciudadanos puedan vivir en libertad.
