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Durante los últimos ocho años hemos advertido que ciertos actores están intentando reproducir el mismo esquema de los años noventa: concentrar el control de la defensa de derechos humanos para convertirla en un instrumento político y eventualmente, contribuir a blanquear la imagen del régimen sandinista. Esta estrategia debilita la independencia de la protección de derechos, reproduce la impunidad de manera sistemática y profundiza la crisis democrática.
La experiencia demuestra que las estructuras vinculadas al FSLN no han garantizado un acompañamiento real a las víctimas; por el contrario, han priorizado proteger a sus redes políticas y militares ¡Y no es casualidad! La estrategia de la implosión que hoy exhiben públicamente es apenas la punta del iceberg de algo más oscuro: reconstruir una narrativa que limpie la imagen de nuestros victimarios para presentarse como los nuevos actores “pragmáticos” capaces de dirigir una transición controlada.
El objetivo es claro: remover a la cúpula visible, pero preservar el cuerpo del régimen. Por eso se oponen a cualquier calificación jurídica que revele la naturaleza criminal de la estructura, por eso interceden para blanquear a quienes caen en desgracia dentro del aparato y por eso nunca han renunciado a sus símbolos, su ideología ni a los privilegios que obtuvieron desde el poder. Son las mismas lógicas de los años noventa, cuando se vistieron de civilizados para ejercer influencia política sin asumir responsabilidades reales.
Hoy, además, existe una generación que lleva al menos ocho años organizándose, estamos aliados, con visión de largo plazo —de décadas si es necesario— para desmontar de raíz las prácticas, el lenguaje, la cultura política y la estructura que sostuvieron al sandinismo. La transición democrática solo será auténtica si logra impedir que los mismos mecanismos que generaron impunidad y persecución vuelvan a ocupar posiciones desde donde puedan reconstituirse.
Por ello es indispensable que la comunidad internacional y las organizaciones democráticas evalúen con rigor el comportamiento de estas estructuras y determinen las responsabilidades legales que correspondan bajo estándares internacionales, especialmente frente a patrones de persecución, represión transnacional y uso político de las instituciones que incluso con fondos de cooperación ejecutan campañas de ataque reputacional a defensores, que por décadas nos oponemos al sandinismo.
Es fundamental asegurar que, una vez restablecido el Estado de Derecho, todas las personas y redes involucradas en violaciones graves de derechos humanos rindan cuentas ante la justicia, independientemente de su rango, afinidad política o supuesta condición de “presos políticos”. Debe investigarse el involucramiento de familiares y operadores que continúan ocupando espacios de poder e influencia en instituciones como ministerios, cooperativas, la cancillería, la policía y el ejército para amedrentar a los opositores que siguen fuera del territorio.
La ruta hacia la justicia no pasa por la venganza, sino por procesos institucionales serios, investigación independiente y un compromiso firme con la verdad, la reparación a las víctimas y la no repetición.
El autor es activista político nicaragüense en el exilio.
