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La transición nicaragüense hacia la recuperación de la democracia no admite ambigüedades ni dilaciones. Si el país quiere arribar con legitimidad y viabilidad política a las elecciones presidenciales del 8 de noviembre de 2026, debe concentrarse en tres objetivos esenciales. Ese es el núcleo real de la ruta democrática.
El primero es el cumplimiento estricto del mandato constitucional: las elecciones deben celebrarse en la fecha establecida. Alterar el calendario sería abrir la puerta a una crisis mayor, prolongando la ingobernabilidad y empujando al país hacia escenarios impredecibles.
El segundo objetivo es la restitución de la competencia política real. Esto implica la devolución de las personerías jurídicas canceladas arbitrariamente a los partidos PRD evangélico, Ciudadanos por la Libertad (CxL) y Conservador, así como la restitución de la representación legal del Partido Liberal Independiente (PLI-Histórico) a sus legítimos herederos. Sin pluralismo auténtico no hay elecciones; sin elecciones reales no habría transición.
El tercero es el cumplimiento efectivo de las garantías internacionales que generen confianza interna y externa. Esto implica el nombramiento de nuevos magistrados en el Consejo Supremo Electoral (CSE), la liberación total de los presos políticos, el retorno seguro de los exiliados, la libertad irrestricta de prensa y el restablecimiento pleno de las libertades públicas.
Estos tres pilares no son concesiones sino condiciones mínimas de legitimidad, frente a un escenario inigualable como lo es el movimiento del tablero internacional, con ribetes de alto dominio político encauzado hacia la democracia.
La unidad política se vuelve entonces imperativa y no decorativa ni encapsulada en plataformas efímeras, sino en una articulación estratégica entre la oposición política interna y el exilio, la cual viene dándose y ya en cierta forma, publicitándose. Sin esa estructura, cualquier intento electoral quedaría fracturado desde antes de iniciarse.
En el plano geopolítico, el escenario internacional ha cambiado. Las tensiones hemisféricas, el combate al narcoterrorismo, al crimen organizado, la presión a regímenes autoritarios y la reconfiguración de alianzas globales (una parte de Europa apoyando a Estados Unidos en la guerra contra Irán), sitúan a Nicaragua en un ajedrez distinto al de años anteriores.
En ese contexto, una salida electoral ordenada podría convertirse en la opción menos costosa para todos los actores, incluso para el propio régimen, que enfrenta un desgaste político, económico y diplomático cada vez más evidente.
El país arrastra casi medio siglo de sandinismo bajo distintas fases, pero con un saldo común: concentración de poder, represión cíclica y deterioro económico. La economía estancada, pero sobreviviendo, sostenida en gran medida por las remesas de quienes laboran desde el éxodo.
Además, existen otros filtros y atropellos por corregir, como la negativa a realizar el voto en el exterior, en lo que organizaciones como la fundación Diáspora Global Nicaragüense (Diasglonic), han venido insistiendo prácticamente desde antes de la insurrección de 2018.
Negar el voto en el exterior —una deuda histórica desde 1990— resulta moral y políticamente insostenible cuando es precisamente esa diáspora la que ha amortiguado el colapso social y económico.
Existen obstáculos, sí. Pero también existe una oportunidad histórica, siempre y cuando los actores políticos comprendan la magnitud del momento y asuman con responsabilidad su parte.
Esto ha quedado plasmado en el pronunciamiento ya público y ampliamente conocido por la comunidad Internacional y sectores ciudadanos dentro y fuera del país, conocido como «La Ruta hacia la Democracia», redactado y presentado en el año 2024 por los dirigentes del PLI-Histórico Valmore Valladares y Alejandro Hurtado —por el cual estuvieron presos casi un año manteniendo aún casa por cárcel—, el cual señala que es viable alcanzar la democracia en este período, definiendo que el 2026 puede transformarse en un punto de inflexión nacional. Salirse del guion constitucional o sabotear las condiciones mínimas equivaldría a jugar con fuego en una nación ya profundamente erosionada, en la cual algunos saldrían con los huesos y hasta el alma chamuscadas.
Nicaragua necesita certezas jurídicas, garantías políticas y un horizonte claro. Sin eso, cualquier elección sería apenas una formalidad vacía y otra estafa más de las que ya ha vivido en anteriores procesos electorales.
El cumplimiento de estos propósitos abriría una nueva etapa de sostenibilidad cívica, pacífica y próspera, y eso está a la vuelta de la esquina repitiendo la escuela electoral de 1990 con la UNO en este 2026.
Entonces, como en el viejo grito popular que proclama a la ciudad de León, que puede ser abatida pero nunca vencida, concluyendo dicha expresión con la palabra ¡jodido!, podremos y podrá el país entero afirmar, gritar con alegría y sano envalentonamiento: «¡Viva la libertad, jodido!
El autor es escritor y periodista nicaragüense exiliado en Estados Unidos. Columnista internacional y vocero del PLI- histórico en el exterior. Su último poemario lleva por título «Ligero equipaje».
