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Los críticos del ataque a Irán por parte de Estados Unidos e Israel señalan que el presidente estadounidense, Donald Trump, no tiene ningún plan para el futuro. Y no se equivocan: cuando Trump se jacta de poder resolver guerras en un solo día, simplemente expone los límites de su capacidad de atención. Pero el verdadero problema no es la brevedad del horizonte temporal de Trump, sino la estrechez de su percepción de las amenazas.
Si bien la campaña de bombardeos de Trump no refleja ninguna estrategia en el sentido tradicional, se basa en una premisa operativa clara: el régimen iraní representa una amenaza para la seguridad estadounidense, y su destrucción elimina la amenaza. Es la misma creencia básica que impulsó las anteriores guerras estadounidenses, desde Irak hasta Libia. La premisa era errónea entonces, y es probable que lo sea catastróficamente ahora.
Estados Unidos posee una capacidad extraordinaria para destruir el poder estatal centralizado desde el aire, pero carece de una capacidad comparable para gestionar lo que sigue. Dado que los vacíos de poder no pueden ser atacados con munición de precisión ni cartografiados mediante imágenes satelitales, el pensamiento estratégico estadounidense subestima sistemáticamente el peligro que representan.
Esto refleja un sesgo cognitivo recurrente en Estados Unidos: las amenazas que no podemos abordar militarmente reciben menos peso que las que sí podemos. Pero los riesgos más graves y duraderos suelen surgir tras el colapso del control centralizado, cuando los arsenales se dispersan, las cadenas de custodia se fracturan y la rendición de cuentas desaparece.
La guerra de Irak debería haberlo dejado claro. En 2003, Estados Unidos destruyó el Estado iraquí bajo la premisa de que el régimen de Saddam Hussein representaba una amenaza directa y grave para la seguridad estadounidense. Tras su caída, lo que siguió no fue seguridad, sino caos. Cientos de depósitos de armas fueron saqueados en cuestión de días. Los mercados negros se inundaron de armas pequeñas, granadas propulsadas por cohetes (RPG) y munición de mortero, que acabaron en manos de actores mucho menos predecibles, visibles y disuasivos que el régimen de Saddam.
Esto incluía al Estado Islámico, que finalmente surgió de los escombros de las instituciones disueltas de Irak. Cuando, tras tomar Mosul en 2014, se apoderó de grandes arsenales de armas suministradas por Estados Unidos en bases del ejército iraquí: una segunda generación de proliferación derivada del acto original de destrucción del Estado. El patrón fue estructural, no accidental.
Libia debería haber reforzado esa lección. Después de que la OTAN ayudara a derrocar a Muamar el Gadafi en 2011, las instituciones estatales colapsaron rápidamente y entre 3,000 y 12,000 misiles tierra-aire portátiles lanzados desde el hombro (MANPADS), capaces de derribar aviones civiles, desaparecieron para reaparecer en los mercados de armas del Sahel, el Sinaí, Gaza y más allá.
Estos episodios confirman lo que todo estudio sistemático sobre la decapitación de líderes en regímenes débilmente institucionalizados ha descubierto: las consecuencias son la fragmentación, no la estabilización. Lo mismo ocurrirá en Irán. Pero lo que se dispersará tras la caída del régimen podría ser mucho más peligroso que los lanzacohetes o los MANPADS.
Antes de los ataques estadounidenses e israelíes del pasado junio, la República Islámica poseía unos 441 kilogramos de uranio enriquecido al 60 por ciento de pureza, un paso técnico muy corto para alcanzar el grado de armamento. Esto es suficiente, según estimaciones de expertos, para aproximadamente diez dispositivos nucleares. El Organismo Internacional de Energía Atómica, cuyos inspectores han sido vetados de hecho de las instalaciones nucleares de Irán desde los ataques, ha declarado que no puede dar cuenta del tamaño actual ni del paradero de las reservas iraníes de uranio enriquecido. Algunos analistas creen que estaba enterrado en instalaciones subterráneas derrumbadas; otros creen que fue reubicado en sitios no revelados antes de los bombardeos. Ambas evaluaciones se basan en evidencia fragmentaria: imágenes satelitales, inteligencia de señales y declaraciones del gobierno iraní, todas ellas vulnerables a la manipulación. Pero ponen en duda la afirmación de la administración Trump sobre la «aniquilación total».
La ironía estratégica que subyace a la lógica de destrucción del régimen reside en que las instalaciones dañadas, el material nuclear disperso y el personal de custodia desmoralizado o ausente son precisamente las condiciones más propicias para la desviación. En otras palabras, lejos de eliminar el riesgo de proliferación, los ataques estadounidenses e israelíes lo han agravado.
Incluso si la probabilidad de desvío sigue siendo baja, debe manejarse con la máxima seriedad. Este es el principio fundamental de la seguridad nuclear: el material fisible que no se encuentra bajo control estatal seguro debe evaluarse con base en el peor de los casos, no en la probabilidad promedio. Cuando las redes terroristas obtuvieron acceso a los MANPADS, fue una catástrofe. Si logran obtener material nuclear utilizable para armas, la lógica misma de la disuasión nuclear se rompería.
La disuasión requiere una dirección de retorno, incluso si la dirección es un Estado hostil. Incluso un Estado hostil tiene una capital, un liderazgo y una población que desea preservar. Si se eliminan, la arquitectura que ha impedido el uso de armas nucleares desde 1945 comienza a derrumbarse. No se pueden negociar salvaguardias en el vacío. No se puede firmar un acuerdo con un territorio fragmentado. No se puede verificar el cumplimiento por parte de un Estado que ya no existe.
El Estado que actualmente custodia el material nuclear iraní, por imperfecto u hostil que sea, es la única entidad con la que se podría lograr una restricción efectiva. Destruirlo haría que la resolución de la amenaza nuclear fuera más urgente y prácticamente imposible.
El precedente soviético es ilustrativo. Cuando la URSS se disolvió en 1991, la degradación de los sistemas de seguridad dejó vulnerables los materiales nucleares. Siguiendo el ejemplo de George Soros, quien creó una fundación para apoyar a los científicos soviéticos con el fin de prevenir la fuga de cerebros y mitigar el riesgo de proliferación nuclear, Estados Unidos comenzó a invertir fuertemente en programas cooperativos de reducción de amenazas.
La situación de Irán es, en algunos aspectos, más precaria, ya que su infraestructura nuclear combina desde hace tiempo elementos declarados y clandestinos. Y el material físico no es la única preocupación. Irán ha formado a un grupo considerable de científicos nucleares a lo largo de las décadas. En un escenario de colapso estatal, estos especialistas se convierten en agentes libres, disponibles para cualquiera dispuesto a pagar. Mientras tanto, el material nuclear de menor calidad podría reutilizarse. En dispositivos de dispersión radiológica (“bombas sucias”) capaces de contaminar zonas urbanas. En ausencia de custodia institucional, cada sitio de enriquecimiento, centro de investigación y reactor implica riesgos distintos.
Estados Unidos ve regímenes que puede atacar y concluye que atacarlos resuelve los peligros que plantean. Pero eliminar a un adversario visible no neutraliza la amenaza subyacente; simplemente la transforma en algo elusivo, opaco, descentralizado, irresponsable e imposible de negociar o monitorear. Hasta que Estados Unidos reconozca esto —hasta que internalice las lecciones de Bagdad y Trípoli, y potencialmente de Teherán—, seguirá generando peligros que ningún misil puede alcanzar.
El autor es profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y miembro Richard Holbrooke de la Academia Americana de Berlín, es coautor (con Ivan Krastev) de “The Light that Failed: A Reckoning” (Penguin Books, 2019).
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