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El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) reportó el 81 % de sus entradas monetarias, bajo el rubro de «otros ingresos«, según sus estados financieros con información hasta el 31 de diciembre de 2025, publicado el 24 de febrero en el diario oficial La Gaceta. Los datos publicados indican que el monto equivale a 543 millones de córdobas, unos 14.8 millones de dólares, de un total percibido de 664.64 millones.
El informe financiero es firmado por el contador general Aaron Ernesto Fletes Sandoval. El partido oficialista tiene como Registro Único del Contribuyente el número J01100007080 y, además de la opacidad, resulta interesante saber que el resto de ingresos tienen su origen en la Bancada del FSLN y nivel central (48.2 millones de córdobas), nivel departamental (60.4 millones de córdobas), alquileres de bienes inmuebles (9.8 millones de córdobas), donaciones (2.1 millones de córdobas) y en deslizamiento monetario (157.91 córdobas).
El economista y opositor Juan Sebastián Chamorro opinó que del FSLN “no se puede esperar transparencia, porque todo lo ocultan” y que si manejan sus fondos de esa manera es “porque no quieren que se sepa de dónde vienen”. De hecho, esta política de falta de transparencia ha caracterizado las finanzas del FSLN que, según reportes periodísticos, entre 2007 y 2019 bajo el mismo rubro percibió más de 3, 500 millones de córdobas.
«Tiene que tratarse de un origen turbio»
Por su parte, el exdiputado Enrique Sáenz preguntó: ¿Cómo puede publicarse un informe en el cual no se da cuenta del origen de más del 80 % de los ingresos? Su tesis es que «necesariamente tiene que tratarse de un origen turbio, por un lado, y desvergüenza por el otro”.
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Sáenz dice que en Nicaragua hay “una pandilla de mafiosos” que se ha apoderado de la totalidad de las instituciones públicas “para acumular riquezas de manera fraudulenta y asegurarse impunidad”, por lo que no le extraña que el FSLN presente “un informe embustero a todas luces”.
Otro de los puntos que llama la atención de Sáenz es la inmensa suma de gastos que tiene el partido de gobierno. Los egresos fueron de 932.8 millones de córdobas, unos 25.47 millones de dólares al cambio oficial.
“¿Cómo pueden gastar 25 millones de dólares en un año sin ningún tipo de competencia electoral? Estas cifras y este acto solo me recuerdan el reciente informe del Instituto de Basilea que coloca al régimen entre los peores a nivel mundial en el ranking de lavado de dinero”, agrega el exdiputado.
Alto riesgo de lavado y delitos financieros
Sáenz se refiere al Índice de Prevención del Lavado de Dinero de Basilea, que mide el riesgo de lavado de dinero y delitos financieros conexos en países y jurisdicciones de todo el mundo. En la Clasificación mundial de 2025 ubica a Nicaragua con un puntaje de 6.61 de “mayor riesgo”, en el puesto 21 de 203 países.
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En ocasiones anteriores, Sáenz ha señalado el millonario enriquecimiento que ha tenido el régimen durante sus años de gobierno a través de distintos negocios, entre ellos el del petróleo venezolano.
A finales de enero de este 2026, el analista político y exdiputado nicaragüense, Eliseo Núñez, dijo a LA PRENSA que la riqueza adquirida por el régimen, a través del petróleo venezolano, “debe andar por 5 mil millones de dólares”.
En otro de los negocios en los que está involucrado el régimen es el minero, hay al menos dos empresas ligadas a ellos, Compañía Minera Internacional S.A. (Comintsa) y Capital Mining Investment Nicaragua S.A., ambas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Actualmente, senadores de ese país promueven una ley para interrumpir el comercio ilícito de oro proveniente de Nicaragua, incluyendo las operaciones de la industria minera ligadas al régimen de Ortega-Murillo.
La publicación de los estados financieros del régimen ocurrió días antes de que el Departamento del Tesoro castigara a la Unidad de Análisis Financiero por su falta de independencia y convertirse en un arma para perseguir a opositores. Los sancionados fueron su director y subdirector, es decir el mayor general Denis Membreño y el comisionado general Aldo Sáenz. Los dos miembros activos del Ejército y la Policía, respectivamente.
