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El patrón represivo de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, denunció el Monitoreo Nacional Azul y Blanco en un informe mensual divulgado esta semana, sigue profundizándose a través de los aparatos de seguridad.
El Monitoreo refiere que solo en el mes de enero de este año documentaron 66 violaciones a derechos humanos e identificaron que persisten “prácticas de hostigamiento contra la ciudadanía, amenazas a personas allegadas al régimen y detenciones arbitrarias”, incluyendo detenciones colectivas.
Ese tipo de situaciones, apuntó, vulnera de forma directa derechos fundamentales como la libertad, la libertad de expresión, la libertad personal y la garantía del debido proceso.
Más de 70 detenciones en un mes
Solo el mes pasado, según el Monitoreo, ocurrieron al menos 73 detenciones. La mayoría de esas (69), según esa organización, “estuvieron relacionadas con la publicación en redes sociales de mensajes positivos sobre lo ocurrido en Venezuela con Nicolás Maduro”.
Las detenciones perpetradas por la dictadura el mes pasado, detalla la misiva del Mecanismo, ocurrieron en los departamentos de Managua, Matagalpa, Chontales, Jinotega, Madriz, Chinandega y Caribe Norte.
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Estas personas fueron detenidas sin orden judicial y sin brindar información a sus familias sobre su paradero o situación jurídica, lo que constituye desapariciones forzadas de corta duración en varios casos, señala el informe.
Algunas de estas, aunque fueron liberadas días o semanas después, sin cargos formales fueron amenazadas. Sin embargo, al cierre de enero, indicó el Monitoreo, al menos 33 personas permanecían detenidas y se logró confirmar la liberación de 34. Asimismo, registraron 9 casos de retenciones por horas bajo los mismos motivos de criminalización de la libertad de expresión.
Restricciones de ingreso a Nicaragua
Además de dichas detenciones, el Monitoreo denunció que en ese mismo mes al menos 4 nicaragüenses fueron impedidos de ingresar a Nicaragua, 4 tuvieron que huir de la persecución y vigilancia del orteguismo y más de media docena de funcionarios de la Embajada de España, incluyendo el encargado de negocios de esa sede diplomática en Nicaragua, fueron expulsados del país.
Los trabajadores públicos, según el Monitoreo, también fueron víctimas de la dictadura en ese período, señalando que estos denunciaron haber sido obligados o presionados para difundir mensajes de respaldo a Nicolás Maduro, que fue capturado por el Gobierno de Estados Unidos a inicios de este año.
La organización documentó al menos 80 despidos durante enero en el poder judicial de Nicaragua, los cuales atribuyó a un «proceso de depuración por motivos de lealtad política y no por evaluación técnica».
Según la denuncia del Monitoreo, estos hechos evidencian las violaciones a derechos laborales, la eliminación de la independencia judicial, la subordinación total de la justicia al poder ejecutivo y un deterioro en la gestión frente a la ciudadanía.
Liberaciones bajo amenazas y vigilancia
El documento detalla que entre noviembre de 2025 y enero de 2026, se registraron 100 detenciones arbitrarias, siendo el mayor número de estas registradas a inicios de este año. De estas detenciones, 59 personas fueron liberadas bajo amenazas de vigilancia y 41, hasta la publicación del informe, permanecían detenidas.
El Monitoreo alertó que, además de las detenciones, la dictadura orteguista aplica lo que denomina “tortura invisible”, la cual detallaron es caracterizada por amenazas a reclusos para evitar que hablen sobre Venezuela, control estricto a excarcelados mediante firma diaria, vigilancia a familiares, restricciones de movilidad, muerte civil y la imposición de borrar la vida digital y la huella social.
En el sistema penitenciario, denunció el Monitoreo, los reos de conciencia sufren por la falta de atención médica, exponiendo casos como los de los presos políticos Ignacio Celso, que afirman sufre inflamación abdominal y sospecha de cálculos sin atención; Eddy Gutiérrez sufre pérdida de visión y dolor dental severo no tratado; Jairo Obando tiene problemas renales y enfermedades cutáneas; y Walther Balmaceda, quien padece de diabetes y neuropatía, y es mantenido en oscuridad total, lo que agrava su condición visual.
El Monitoreo Azul y Blanco, en ese contexto de graves violaciones a derechos humanos, demandó el cese inmediato de la persecución, el hostigamiento y las detenciones arbitrarias, así como la liberación incondicional de todas las personas presas políticas y trabajadores del Estado detenidos, y garantías para el restablecimiento pleno de los derechos fundamentales.
Violentan libertad religiosa
En lo que va de febrero, fuentes de redes ciudadanas consultadas por LA PRENSA confirmaron la continuidad de estas prácticas. De acuerdo con estas, en los primeros 25 días de este mes se contabilizaban al menos 80 violaciones a la libertad religiosa y de culto, incluyendo entre estas detenciones que terminaron con la imposición de medidas cautelares contra 12 pastores y 16 sacerdotes.
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Además, se registraron al menos 28 episodios de asedio a iglesias, tanto católicas como protestantes, por lo que el clima de persecución religiosa en Nicaragua, advirtieron, aunque no es denunciada abiertamente por pastores y sacerdotes que permanecen en el país, sigue ocurriendo.
El Monitoreo alertó que, en enero pasado, el clima de vigilancia sobre la fe se mantuvo, incluso con nuevas restricciones a la libertad religiosa en distintas zonas del país. En León documentó la prohibición de evangelización casa a casa, mientras que en los departamentos del norte, como Estelí, Jinotega y Matagalpa, registró la presencia de agentes en las entradas de iglesias, exigiendo cédulas de identidad e interrogando a feligreses. En Matagalpa, además, reportó la detención arbitraria de un pastor que posteriormente fue liberado.
