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Siempre habrá que estar alerta al peligro del exceso de poder en pocas manos. Construir todos los mecanismos institucionales posibles para prevenir esta nefasta posibilidad debería ser la casi obsesión de quienes aspiren a la Nicaragua libre. En el caso del poder ejecutivo se trata de evitar su tendencia a someter a él los demás poderes y entes públicos. En el caso de estos se trata de evitar que pierdan o comprometan su independencia. Lograrlo requiere el diseño de una nueva arquitectura política y romper ciertos esquemas tradicionales.
Entre los paradigmas a romper está, por ejemplo, el de los partidos políticos. Estos presumen ser los canales a través de los cuales la ciudadanía agrupa sus preferencias y suelen proclamarse como portaestandartes de todo el pueblo o, al menos, de grandes sectores de él. En la realidad las cosas son distintas. Ellos también caen fácilmente en las manos de muy pocos, frecuentemente caudillos o élites políticas, y en vez de actuar como verdaderos agentes de las aspiraciones populares, suelen convertirse en maquinarias al servicio de los intereses, a veces mezquinos, de políticos profesionales.
Las masas, carentes con demasiada frecuencia de madurez y criterio, son fácilmente manipuladas por ellos y terminan afiliándose, con distintos grados de entusiasmo tribal, a uno u otro partido. Un nuevo diseño verdaderamente democrático debe tener en cuenta estas propensiones e idear mecanismos que no solo limiten la concentración del poder en el Estado sino también en los partidos. Entre los mecanismos, mencionados en mi artículo del lunes pasado (“Como limitar el poder del Estado”) está reglar su democratización interna, exigirles primarias supervisadas por organismos neutrales, y evitar el uso de planchas de candidatos a diputados hechas por el dedazo de la cúpula partidaria.
Volviendo al tema de los poderes del Estado, un reto vital que falta abordar con más detenimiento es el de la independencia del poder electoral: cómo asegurar que sus integrantes sean verdaderamente independientes, pero no sólo del Ejecutivo sino de cualquier partido o fuerza política. La simpatía de las autoridades electorales hacia algún partido contendiente no abona a su imparcialidad, y es casi imposible evitarlo si dichas autoridades están vinculadas a intereses partidarios.
Dado de que en toda competencia es imprescindible contar con árbitros imparciales, y dado que dirigir una elección es una actividad fundamentalmente técnica más que política, la conformación de las autoridades debe regirse por criterios técnicos, evitando la influencia de personas vinculadas a tendencias políticas que comprometan su imparcialidad.
¿Cómo pues podría constituirse un tribunal electoral así, verdaderamente independiente, profesional y confiable? Una propuesta promisoria e innovadora, que me presentó un colega, es crear un Tribunal Supremo Electoral a nivel centroamericano. Este sería la máxima autoridad en cualquier elección de los países participantes. Su tribunal estaría conformado por miembros de todos los países involucrados, seleccionados por su reconocida honorabilidad y sometidos a riguroso escrutinio. El miembro del país donde se celebre la elección tendría derecho a voz, pero no a voto.
Actualmente no existe un sistema equivalente al propuesto. Las iniciativas más cercanas son las misiones de observación electoral internacional de la UE, OEA, OSCE, Unión Africana y Centro Carter. Sin embargo, aunque estas misiones ejercen una influencia positiva, no actúan como árbitros, y su opinión, aunque relevante, no garantiza la prevención del fraude electoral.
Lejos de contradecir el principio de la soberanía popular, este sería un modelo de soberanía mancomunada, el que existe cuando varios países acuerdan compartir parte de su poder decisional con una autoridad colegiada. Ejemplos: la Unión Europea, la Corte de Justicia Centroamericana y Parlacen.
Barajar estas ideas no es ocio ni pérdida de tiempo. Al contrario, es un ejercicio en que debemos entrar de lleno quienes deseamos un nuevo marco institucional expresamente diseñado para prevenir el regreso de las dictaduras y del crónico abuso del poder.
El autor es sociólogo. Exministro de Educación.
