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La confiscación, se dice en el Diccionario Enciclopédico Jurídico de Guillermo Cabanellas, es la “adjudicación que se hace el Estado de la propiedad privada, más que por causa de delito, por razones políticas internas, o internacionales, en caso de ocupación de territorios enemigos”. Y explica el gran maestro español-argentino del derecho universal, que “este robo decretado por el Poder público, con impunidad establecida por el mismo, es una de las penas o medidas que han suscitado mayor odiosidad siempre”.
Pero, en realidad, no es el “poder público”, o sea el Estado, el que perpetra las confiscaciones. Quienes confiscan o roban la propiedad ajena son los individuos que detentan el poder, que ya sea por razones ideológicas, políticas y proyecto socioeconómico (los comunistas), o por odio y revanchismo político (los dictadores como los de Nicaragua en la actualidad) confiscan o roban la propiedad privada que las personas y familias honradas han heredado, o la han formado a base de grandes esfuerzos y largos años de trabajo.
Acerca de las confiscaciones, LA PRENSA ha publicado este viernes 13 de febrero un trabajo periodístico titulado Estas son las propiedades más valiosas que la dictadura de Ortega ha confiscado hasta ahora. Cuyo valor en conjunto, dice, “ronda los 354 millones de dólares”.
Explica LA PRENSA que más allá del valor histórico de algunas de las propiedades confiscadas, como por ejemplo la Universidad Centroamericana (UCA) y el mismo Diario LA PRENSA con su imprenta comercial y hemeroteca; y más allá también “del impacto que provocará en el desarrollo económico y social del país, la confiscación de estas propiedades crea una alta deuda sobre todos los nicaragüenses. Ya que tal como ocurrió con ‘la Piñata’ de los años 90, cuando se restablezca la democracia, el Estado tendrá que pagar todos estos daños”.
Se dice que el Estado, pero en realidad quienes deberán pagar por esos daños son todas las personas nicaragüenses que financian al aparato estatal con sus impuestos. Que la gente los paga obligadamente por todo: por trabajar, por producir, por consumir, por transportarse, por divertirse y, en fin, por toda clase de gestiones que tienen que ser registradas ante las instituciones públicas.
Con la información mencionada LA PRENSA también recuerda que los nicaragüenses no han terminado hasta ahora de pagar la deuda de más de dos mil millones de dólares que dejó “la Piñata sandinista”. Como se le llama a la gigantesca apropiación indebida, o robo, de las propiedades que habían sido confiscadas durante la Revolución de los años ochenta. Una monstruosa piñata o saqueo masivo que realizaron los comandantes y casi todos los funcionarios superiores e intermedios de la primera dictadura sandinista, después de que perdieron las elecciones del 25 de febrero de 1990 y se vieron obligados a entregar el gobierno, aunque no el poder.
En 1992 el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro y la UNO restableció mediante ley el derecho de propiedad privada y consignó que el derecho de recuperar las propiedades confiscadas es imprescriptible. Lo que fue confirmado por la reforma constitucional democrática de 1995, que además estableció la prohibición absoluta de las confiscaciones y que quienes infrinjan esa disposición responderán en todo tiempo con sus propios bienes.
Eso significa que cuando se restablezca la democracia en Nicaragua, y con ella otra vez la prohibición de las confiscaciones, quienes ahora las han perpetrado por revanchismo político, para su propio enriquecimiento o por cualquier otra causa, tendrán que responder con sus propios bienes mal habidos o como fuese que los hubieran adquirido.
A esto hay que ponerle sello, como se dice popularmente en Nicaragua sobre algo que es absolutamente cierto, seguro, garantizado e indudable.
