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Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron unánimemente la “Ley para adscribir la Dirección General de Minas a la Procuraduría General de Justicia” (PGJ). La aprobación ordenada “de urgencia” por Daniel Ortega y Rosario Murillo se da dos días después de que se conociera que senadores estadounidenses promueven una normativa que amenaza con sanciones al régimen por comercio ilícito de oro.
Esta dirección pertenecía al Ministerio de Energía y Minas, dirigido por Salvador Mansell. La nueva ley aprobada por los diputados este miércoles 11 de febrero reforma el artículo 1 de la Ley Orgánica de la PGJ (No. 1259), en el que se detallan las funciones de la Procuraduría dirigida por la sancionada Wendy Morales.
La nueva PGJ fue anunciada el año pasado por Murillo como parte de una extraña cruzada contra la corrupción, tras el encarcelamiento del exasesor económico Bayardo Arce y en el contexto general de las purgas con las que ella concentró más poder en el Estado. Además, la corrupción es un flagelo que define al actual sistema desde hace 19 años.
“Ejercer la Dirección, Control y Supervisión de la Dirección General de Minas adscrita a la Procuraduría General de Justicia, a través de la Procuraduría Nacional para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales”, se leerá ahora en la adición del punto 33 del artículo 1 de la Ley 1259. Con esta decisión, la PGJ se hará cargo de un área de interés para el Ejecutivo, en que han sido beneficiadas con concesiones empresas chinas desconocidas y en que también tiene intereses la familia Ortega Murillo.
Además, se adiciona el artículo 19 bis, en el que establece que “la Dirección General de Minas (DGM) es una instancia adscrita a la Procuraduría General de Justicia, a través de la Procuraduría Nacional para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales”.
En ese mismo artículo detallan sus atribuciones y funciones: administrar el uso y explotación de minas y canteras, tramitar las solicitudes de concesiones y licencias, así como negociar los términos de las mismas y otorgarlas; suspenderlas o cancelarlas cuando violen las normas técnicas y regulaciones establecidas por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (Marena). Así como “requerir” a las autoridades de la Costa Caribe opiniones sobre las solicitudes de concesiones mineras.
Cambian el nombre al Ministerio de Energía y Minas
Con esta ley, también se reforman los literales a, d, h y o del numeral 12 del artículo 12 de la Ley 290, así como el artículo 30, en los que se establecían las funciones del Ministerio de Energía y Minas (MEM), mismo que a partir de la entrada en vigencia de la nueva normativa pasará a llamarse solo Ministerio de Energía, pues la Dirección General de Minas ahora es parte del PGJ.
También se reforma el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas (Ley 387), en el que ahora se establece que “la Dirección General de Minas de la Procuraduría Nacional para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de la Procuraduría General de Justicia, es la institución encargada de la aplicación de lo dispuesto en la presente Ley”.
Todos los recursos monetarios y patrimoniales asignados a la Dirección General de Minas del MEM ahora pasan a manos de la PGJ, según el artículo cuarto.
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Asimismo, en toda ley o documento donde se lea “Dirección General de Minas del Ministerio de Energía y Minas”, ahora deberá leerse “Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia” y “donde se lea Ministerio de Energía y Minas, deberá leerse: ‘Ministerio de Energía’”.
El artículo sexto de la nueva ley deroga el literal p) del artículo 30 de la Ley No. 290.
¿Pretenden evadir sanciones?
La aprobación de esta nueva ley se da dos días después de que se conociera que senadores estadounidense promueven una normativa con la que buscan establecer una estrategia de asociación para combatir la minería ilícita de oro en el hemisferio occidental. La disposición incluye un apartado directo de Nicaragua en el que menciona la posibilidad de más sanciones para el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como a sus “colaboradores”.
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No es la primera vez que el régimen reajusta la legislación nacional y crea nuevas leyes para intentar evadir sanciones. En febrero de 2020, el régimen creó mediante ley, cuatro empresas estatales vinculadas al sector de los hidrocarburos con el objetivo de reemplazar a la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP), que enfrentaba sanciones y limitaciones. Estas son: Empresa Nicaragüense del Gas (Enigas), Empresa Nicaragüense de Planteles de Almacenamiento y Distribución de Hidrocarburos (Eniplanh), Empresa Nacional de Exploración y Explotación de Hidrocarburos (ENIH) y la Empresa Nicaragüense de Importación, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos (Enicom).
El sector minero está dominado en gran parte por 14 empresas chinas desconocidas y varias nicaragüenses de las cuales al menos dos están ligadas al orteguismo. Estas son Capital Mining Investment Nicaragua y Compañía Minera Internacional S.A. (Comintsa), ambas sancionadas en mayo de 2024 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por estar “afiliadas al gobierno y generar ingresos para el régimen de Ortega-Murillo”.
El Departamento del Tesoro sostuvo que Comintsa es “propiedad y está dirigida” por el también sancionado Salvador Mansell Castrillo (Mansell Castrillo), ministro de Energía y Minas de Nicaragua. Y Capital Mining “es controlada por Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente Ortega y de la vicepresidente Murillo”.
